Arbeleche: Un balance engañoso y desenfocado

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Por Bruno Giometti (*)

En el día de ayer 8 de febrero la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó una presentación pública de un material titulado Balance y Perspectivas Macroeconómicas del Uruguay.

En esta breve nota vamos a intentar realizar un análisis crítico de los principales ejes planteados por la secretaria de Estado.

En primer término, no compartimos el abordaje general de la presentación, centrada casi exclusivamente en los temas fiscales, carente de una visión general sobre el proceso económico.

No tiene sentido obtener logros a nivel fiscal si al mismo tiempo no se avanza en el resto de las variables relevantes del proceso económico, como ser el empleo, los ingresos, el nivel de actividad económica, la inversión, etc.

El gobierno pone un énfasis principal en el logro de metas fiscales, en un contexto donde es muy poco razonable ver esto como un logro. Cualquier manual de macroeconomía enseña que cuando la actividad privada se retrae, el sector público no debe acompañar esa retracción sino que debe ser contracíclico, volcando más recursos a la sociedad y estimulando el consumo y la inversión.

Sabido es que un informe de la CEPAL ubica a Uruguay último en una lista de 17 países latinoamericanos, en esfuerzo fiscal para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia. La mayoría de los países del mundo, tanto de la región latinoamericana como países desarrollados, cierran el año 2020 con déficit fiscales más elevados que nuestro país, muestra de que hicieron mayores gastos e inversiones desde el sector público con el objetivo de atender a su población y la subsistencia de las empresas, en particular los sectores más afectados. Países de nuestra región como Perú, Colombia y Chile, que se caracterizan por un manejo bastante liberal de la economía, cierran 2020 con déficit fiscales de entre 7,4% y 9,5% del PBI; países desarrollados como España, Francia y Japón, todos con déficit fiscales por encima del 10% del PBI; mientras que en Uruguay el déficit llega a 6,0% este año.

En segundo lugar, es falso que no se hayan subido impuestos como dice la ministra. Este tema ya ha sido discutido extensamente, pero desde el gobierno se sigue apelando a estas afirmaciones engañosas. Reducir la devolución de IVA, aplicado antes de la pandemia y mantenido durante ella, al consumo con tarjetas debito, es lisa y llanamente un aumento del IVA, que ha impactado en una mayor recaudación y negativamente en el bolsillo de los consumidores. También podríamos agregar el impuesto transitorio a una parte de los trabajadores estatales y el cambio de criterio en el ajuste de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que hace que más personas vayan a pagar IRPF en 2021 que si se hubiera mantenido el criterio de ajuste anterior.

Además, aun dejando de lado estos aspectos, es engañoso referir solamente a los impuestos, cuando se han aumentado las tarifas públicas por arriba de la inflación y se ha llevado adelante una política salarial que rebaja salarios reales y jubilaciones. Estos elementos no son “impuestos” pero impactan sobre el nivel de vida del pueblo que es lo que en definitiva importa.

En tercer lugar, nos tenemos que referir al monto que se señala como total de recursos destinados a hacer frente a la pandemia: 1.217 millones de dólares (2,3% del PBI). Aun dando este monto como válido resulta muy insuficiente, en la comparación internacional. De todas formas, corresponde hacer algunas otras consideraciones.

Una buena parte de ese total (506 millones) corresponde al monto garantizado de préstamos, es decir, no es gasto realizado por el gobierno para afrontar la pandemia, sino recursos que el Estado puso como garantía, pero que no se pueden considerar estrictamente como gasto y sumar al resto de las partidas, siendo esto un error tanto contable como económico.

El resto de los recursos, 711 millones que equivalen a un muy magro porcentaje de 1,3% del PBI nacional, corresponden al gasto incremental según la presentación. De todas formas, falta en la presentación una mayor explicación de cómo se llega a los totales de esas partidas. Por ejemplo, se establece que por seguro de desempleo se gastaron 238 millones, pero el seguro de desempleo es algo que existe desde antes de la pandemia, entonces debería explicarse cómo se llega a que 238 millones son el gasto incremental. En el caso del monto asignado a “Licencia Construcción” la cuantía del mismo hace ver que el gobierno se adjudica como propio el 100% de lo gastado cuando una parte mayoritaria de dicha partida fue costeada por empresarios y trabajadores (el SUNCA ya realizó un comunicado al respecto).

En cuarto lugar, la ministra plantea una proyección de que los niveles de actividad económica volverían a los niveles pre-pandemia en el tercer trimestre de 2021. Considerando que la caída del PBI esperada por el propio gobierno en 2020 es 5,8% y que las expectativas de los analistas privados marcan que el PBI crecería un 3% en 2021, queda muy claro que ni siquiera a finales de 2021 se llegaría a los niveles de actividad de 2019 (se estaría un 2,8% por debajo). Recién en 2022 la economía crecería un 2,5% según los analistas privados y se llegaría a finales de ese año a un nivel similar al PBI previo a la pandemia.

Decir que en el correr de 2021 ya se retomarían los niveles de actividad anteriores a la pandemia es de un optimismo desmedido, que en nuestra opinión lo que busca es mostrar una gestión económica de la situación mejor de lo que realmente fue.

En quinto lugar, como señales alentadoras, el informe se centra básicamente en señales externas y principalmente en las perspectivas de crecimiento de los precios de las materias primas. No hay un plan general de inversiones y de reactivación económica, tampoco una visión de orientar la economía desde el Estado para que los beneficios de la recuperación de los precios internacionales no queden concentrados solamente en los grandes exportadores “malla oro” sino que se puedan distribuir de mejor manera.

Hay una contradicción que atraviesa todo el informe, que es por un lado tratar de mostrar que se hizo un esfuerzo fiscal acorde a la situación de emergencia y al mismo tiempo que se están cumpliendo todas las proyecciones fiscales (muy restrictivas) establecidas por el gobierno. La realidad es que ambos objetivos están en contradicción y que se ha priorizado el cumplimiento de las metas fiscales por sobre la atención a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Al final de la presentación, una lámina con el pomposo título de “Cumplimiento de previsiones” refleja nítidamente el carácter del informe. Se refiere al cumplimiento de las proyecciones del gobierno en cuatro indicadores netamente fiscales y el último (si se quiere el que más directamente tiene que ver con la vida de la gente) referido al cumplimiento de la proyección de inflación (9,4% anual al cierre de 2020 que de todas formas es un porcentaje elevado).

Nada se dice de la proyección errada del nivel de actividad (en la ley de presupuesto se hablaba de una caída del PBI de 3,5% y la proyección actualizada marca 5,8%) ni mucho menos de la caída del nivel de ocupación y la caída de los ingresos reales.

En suma, el gobierno presentó un balance engañoso, desenfocado y muy fragmentado del proceso económico, que no hace más que reflejar su visión neoliberal de la economía, incapaz de comprender la realidad ni de dar soluciones a la situación actual con centro en las necesidades de la gente.

(*) Economista del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, docente de la UDELAR, analista económico de EL POPULAR y de VALOR!!!

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