El pasado 16 de octubre fue presentado ante la Asamblea General el informe elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, que incluye a Jerusalén Oriental e Israel.
El documento, donde se estudia el uso de la fuerza por parte de Israel, abarcó el trabajo realizado por la Comisión antes del comienzo de la última escalada israelí sobre el territorio de Gaza.
«Las atrocidades que hemos presenciado desde el 7 de octubre añaden una urgencia sin precedentes a nuestras conclusiones y recomendaciones», afirmó la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.
Según consignó Rusia Today (RT), la Comisión considera que «impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza constituye una violación del derecho internacional humanitario».
El análisis realizado por los expertos de Naciones Unidas con relación a los “objetivos militares y los efectos incidentales de los ataques aéreos de Israel contra los territorios palestinos”, permitió concluir que de acuerdo a «los daños y las bajas causados por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar”, por lo que esas acciones “constituyen un crimen de guerra», se afirma en el Informe.
Para la Comisión, “las fuerzas de seguridad israelíes no emplean ningún medio para evitar las bajas civiles entre la población palestina”, lo que deriva en la producción de «efectos incidentales desproporcionados, como muertes y lesiones innecesarias».
Como ejemplo de lo anterior se citó “el ataque israelí contra un edificio de apartamentos en Dawli, el 9 de mayo de 2023, que causó la muerte de Tariq Ezz alDin, comandante de las Brigadas Al-Quds, y también de sus dos hijos: un niño y una niña”.
Tanto la «fuerza excesiva», los «medios indiscriminados» y «la respuesta más letal, como la munición activa», son los calificativos que aparecen en el documento al describir el accionar de las tropas sionistas cuando se dispersan “a los manifestantes palestinos en Israel y la Ribera Occidental y en Jerusalén Oriental.
Este proceder, señala el informe. “causan graves daños a las personas, incluidas la muerte o lesiones permanentes».
«Cuando se mata a manifestantes como consecuencia del uso de fuerza letal, aunque no supusieran una amenaza inminente para la vida o una amenaza susceptible de provocar lesiones graves”, son acciones que “violan los derechos a la vida y a la integridad física y mental” y “pueden equivaler a homicidio arbitrario”.
Como potencia ocupante, se agrega Israel, “está obligada por el derecho internacional a proteger a la población bajo su ocupación» y sin embargo lo que hace es aplicar “cada vez más la represión de manifestaciones pacíficas”.
«La actual ocupación ilegal del territorio palestino» tiene «un impacto aplastante en la vida de los niños palestinos, que sufren graves violaciones de sus derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir crímenes internacionales», alerta el documento presentado a la Asamblea General.
El informe exige el fin inmediato de la ocupación de forma “incondicional y total”, dejando de “impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación».
En sus conclusiones el informe también criticó “el uso de cohetes y morteros por parte de grupos armados palestinos”, que aunque son «intrínsecamente indiscriminados, son “una violación de la prohibición de ataques indiscriminados”, lo que los califica como “crimen de guerra”.
