Por Rolando Arbesún
Para el catedrático de Derecho del Trabajo, Hugo Barretto, el decreto del Poder Ejecutivo que habilita al MTSS a intimar la desocupación “irrumpe rápido y furioso y desbarata todo intento de equilibrio de los derechos en juego en caso de un conflicto laboral, declinándose en favor de una solución que solo reconoce el interés del empleador, dejando en manos de la Policía el trato con los huelguistas”.
Dicho decreto habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a intimar la desocupación “inmediata” de dependencias públicas y empresas o instituciones privadas ocupadas por trabajadores y a solicitar en cualquier momento el desalojo “inmediato” por la Policía, facultándolo además a convocar en plazo “perentorio” una instancia de conciliación.
La redacción del decreto para el catedrático parece indicar que el Poder Ejecutivo estaría «más preocupado por sofocar un conflicto que por alcanzar soluciones de consenso. En todo caso, dependerá del uso que de esta norma haga el MTSS, arbitrando entre la ‘inmediatez’ de la acción policial que le van a reclamar ante cualquier atisbo de medida que se parezca a una ocupación, y las razones que puede tener un sindicato (que suelen tener que ver con el empleo, la seguridad y salud laboral o el salario) para optar por esa modalidad del ejercicio del derecho de huelga”.
Agrega que a su juicio “el decreto luce como francamente ilegal respecto de la reciente ley N° 19.889 de urgente consideración (LUC) que la propia mayoría de la coalición multicolor impuso, y es también notoriamente contrario a las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho a nuestro país respecto de la huelga con ocupación de los lugares de trabajo”.
Tras resumir los convenios de la OIT al respecto y lo que indica la LUC acerca de las ocupaciones, Barretto afirmó que “a partir de la ley solo sería posible determinar un desalojo de trabajadores en caso que la medida sindical dejara de ser pacífica o impidiera la libertad de trabajo y de empresa”.
“Pero el decreto del Poder Ejecutivo irrumpe, rápido y furioso, y desbarata todo intento de equilibrio de los derechos en juego en caso de un conflicto laboral, declinándose en favor de una solución que solo reconoce el interés del empleador, dejando en manos (lo de “manos” no es literal) de la policía el trato con los huelguistas”.
Sostiene que “la intervención del Poder Ejecutivo en el conflicto laboral, si pretendía mantener un trato equitativo entre las partes, podría haber decretado, concomitantemente, una paralela inmediatez en la suspensión de la medida del empleador que motivó el conflicto, y de esa manera recomponer la igualdad de condiciones para la negociación de la salida de la controversia”.
“Pero la concepción que emana del decreto es que la libertad, ese valor tan proclamado por el gobierno nacional, solo juega en favor del patrono, que se desembaraza de la efectividad de la huelga y alcanza el preciado objetivo de operar sin cortapisas, aun cuando sus decisiones pudieran haber sido arbitrarias o discriminatorias”.
“En definitiva, el decreto de la semana pasada, al disponer la posibilidad de intimar y proceder al desalojo en cualquier caso, violenta claramente lo prescripto en la LUC, norma que solo permite, según quedó dicho, la desocupación en caso que la medida gremial dejara de ser pacífica o impidiera la libertad de trabajo y de empresa”, concluyó.
