Paola Beltrán
Luego de que el gobierno colocó el nuevo régimen de certificaciones médicas para funcionarios estatales en la Ley de Presupuesto del 2020, que comenzó a aplicarse a partir del 1 de abril de este año, COFE y diversos sindicatos estatales se movilizan en busca de negociar una alternativa que parece que el gobierno no está dispuesto a discutir.
No a la tabla rasa
Joselo López, Presidente de COFE, en entrevista para EL POPULAR, volvió a expresar que el Sindicato siempre estuvo dispuesto a atender las situaciones de posibles abusos en las certificaciones médicas pero aclaró también que si bien hay una responsabilidad del trabajador también la hay en el médico que lo certifica “porque no hay una sola licencia médica en el Estado que no haya sido otorgada por algún profesional, no es que uno dice que está enfermo y ya se le otorga la licencia médica, sino que tiene que presentar un certificado médico que tiene que avalar el uso de esa licencia”.
“Estamos de acuerdo en corregir eso, pero no de la manera que plantea el gobierno que es pasar una tabla rasa y castigando a las personas que tienen un buen desempeño en el Estado, están bien calificados, nunca han tenido un problema, pero capaz que algún día se enferma, están varios días certificados, se comen el colchón de nueve días que se plantea ahora y después se le empieza a descontar el 25% del salario” señaló López.
Además, explicó que actualmente ya hay un descuento en el presentismo, lo que considera correcto, pero a partir de ahora, además, se agrega un descuento en el salario que, según afirma, no corresponde.
El gobierno no escucha
López denunció que desde COFE se han planteado diferentes alternativas pero que el gobierno ha hecho “caso omiso” además de que violó “todos los ámbitos de negociación, no ha convocado a los ámbitos de negociación que están previstos en la Ley de negociación colectiva”, razón por la cual comenzaron a desarrollar el conflicto que implica, entre otras medidas un paro y movilización el 18 de abril.
“Ya no es solo un conflicto de COFE porque se han sumado más gremios públicos, de hecho en este paro van a participar también la FENAPES, AFUTU, también se van a sumar los judiciales, la ANV y algunos otros sindicatos que han tomado definición de parar y movilizarse en la puerta del Ministerio de Economía”, señaló.
En la misma Asamblea que se resolvió el paro y movilización se definieron medidas judiciales. Por un lado la presentación de un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para recurrir el decreto de aplicación de la norma y el instructivo recientemente publicado. Esta acción ya se concretó y están a la espera.
Paralelamente están transitando todos los caminos para establecer un recurso de inconstitucionalidad “porque entendemos que se está violando la Constitución en varias cuestiones, por ejemplo en el principio de igualdad, en el principio de proporcionalidad, y aspectos vinculados a la protección del salario que se están violentando”.
La tercera acción jurídica es una reclamación a nivel internacional en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el día de hoy (viernes 12 de abril) mantendrán una reunión vía zoom con la oficina regional que se encuentra en Chile para intentar que en la Conferencia de la OIT que se lleva adelante en junio se “generen las condiciones para que se atienda este reclamo de COFE”.
Movilizar para movilizarse
Los sindicatos de base están realizando recorridas por los centros de trabajo convocando al paro y la movilización con una repercusión muy importante, informó López. También COFE participa y participará en varias de estas Asambleas para informar de primera mano los puntos del conflicto e invitando a la participación del paro y la movilización.
“Es un conflicto de largo aliento porque el instructivo que publicó el Poder Ejecutivo establece que a medida que pase el tiempo se van a ir involucrando cada vez más organismos. Empezó por Presidencia de la República, en junio ingresan los ministerios que tienen menos de mil funcionarios, en agosto ingresan todos los servicios descentralizados y entes autónomos y en septiembre ingresan los ministerios que tienen más de mil personas”, explicó.
“Por lo tanto, si no hay una posibilidad de que el gobierno convoque a los ámbitos de negociación para sentarnos a discutir y negociar la posibilidad de buscar algún tipo de acuerdo, capaz que a partir de lo que estamos reclamando en el TCP o por un arbitraje directamente de la OIT, se logre instalar algún ámbito de negociación, se suspendan los efectos de aplicación de esta norma y nos sentamos a negociar y buscar alguna salida”, expresó.
“Mientras tanto está claro que nosotros vamos a trabajar activamente, no solo para confrontar con esta resolución unilateral del Poder Ejecutivo sino fundamentalmente, para hacer conciencia en la mayoría de los trabajadores estatales de que este tipo de medida demuestra el ADN de este gobierno, un ADN que no tiene nada que ver con la negociación colectiva, que no quiere saber nada con los trabajadores públicos y que toma a los trabajadores estatales como variable para el ajuste que está aplicando”, concluyó.
Foto
Joselo López. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
