El presidente Honorario de SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel denunció mediante una carta pública que el gobierno de Jujuy viola derechos de 400 comunidades indígenas
La misiva señala la preocupación por los hechos de represión ocurridos a partir del pasado 17 de junio, en los que se reprimió “a integrantes de las diferentes comunidades indígenas de la Provincia”, que se encontraban “ejerciendo su derecho a la libre manifestación y protesta social”.
La población, agrega el defensor de derechos humanos, no solo está “en contra de la sanción de la Constitución provincial que ha sido votada el día vienes 16 de junio por la noche”, sino que, además de por la form en que se llevó adelante el proceso rechaza la misma porque “en el nuevo texto constitucional provincial” se vulneran “derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, como ser el derecho a la protesta”.
Particularmente se afirma, son afectados “los derechos de posesión y propiedad de las tierras y territorios de las casi 400 Comunidades indígenas que posee la Provincia de Jujuy”, una circunstancia que resulta “claramente contraria a lo que dispone el art. 75 inc. 17 CN y los tratados internacionales que forman parte de ella (art. 21 CADH)”.
La carta invita “a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y al Gobierno del Sr. Gobernador, Gerardo Morales que arbitren los medios necesarios a los fines de garantizar la integridad física y la vida de las personas que se están manifestando en los diferentes lugares de la Provincia de Jujuy, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y protesta social”.
De igual forma se pide “a todos los integrantes de los partidos políticos de la Provincia de Jujuy que, a los fines de fortalecer la democracia, y que, con el respeto a los derechos humanos, son valores indivisibles de nuestra sociedad, revean su postura y reviertan la aprobación de la Constitución Provincial a los fines de encausar los reclamos de la sociedad jujeña y retomar una senda de dialogo que fortalezca las instituciones”.
“Una norma constitucional no se puede imponerle a la población a través del uso represivo de la fuerza, ya que la Constitución es una norma que emana de la construcción social, y como tal es la forma en que la sociedad llega a un acuerdo social, de cómo convivir en sociedad. Con lo que está sucediendo, con los hechos de represión en diferentes partes de la Provincia, y detenciones arbitrarias a más de 40 personas, no se estaría cumpliendo con el principio más básico de la función de la Constitución, en este caso provincial”, se concluye expresando.
