El martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) exigió a Perú que anule el proyecto de ley sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, al tiempo que lo instó a que ponga en marcha “medidas provisionales en los casos La Cantuta y Barrios Altos, por los que fue condenado el el expresidente Alberto Fujimori”, informó Prensa Latina (PL).
En su resolución del 1 de julio, el tribunal llamó al Estado peruano para que «a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia» a dicho proyecto «u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas».
La resolución de la CIDH dispone, además que se presente al organismo “un informe sobre el cumplimiento de la resolución antes del próximo 9 de agosto”, procediendo a informar al mismo con una periodicidad de tres meses “sobre las medidas provisionales adoptadas hasta que la corte resuelva que ya no es necesario”.
De igual forma se “solicitó que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente las suyas en un plazo de dos semanas, tras recibir las observaciones previas”.