Crea gobierno boliviano comisión que revisará posibles beneficios concedidos a feminicidas

El gobierno de Bolivia conformó una comisión de trabajo que revisará los casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados hayan sido liberados.

La información fue suministrada por la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, quien este martes realizó el anuncio que da cumplimiento a las instrucciones recibidas por el presidente Luis Arce.

El mandatario, comunicó la decisión en su cuenta en Twitter donde escribió: «Ante la preocupante situación y conducta de jueces, y operadores de justicia, instruimos la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados».

La comisión, añadió en su tuit el mandatario boliviano, «deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días».

Según informó Prada, la comisión se conformará con la participación de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia; los presidentes de las cámaras de Diputados, Freddy Mamani Laura, y de Senadores, Andrónico Rodríguez; el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa; el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez; así como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.

Según reseña Rusia Today (RT), “la primera reunión de la comisión se realizará el próximo viernes 4 de febrero”.

En sus declaraciones, Prada resaltó que «este es un tema de Estado, así lo ha definido nuestro presidente, así que vamos a dar soluciones estructurales que es lo que esperan las familias bolivianas» y agregó, aludiendo a las víctimas y las organizaciones sociales que «todas van a ser escuchadas».

El pasado lunes se realizó desde El Alto hasta La Paz, una masiva marcha de mujeres que demandaban justicia contra la violencia machista.

La demanda de las mujeres se produce, tras un caso que causó amplia indignación en el país, luego que se conociera que un feminicida fuera beneficiado con detención domiciliaria temporal, “pese a tener una condena ejecutoriada de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de asesinato, ilícito que le impedía acceder al beneficio”.

El beneficio otorgado en 2019 por un juez, tuvo como argumentos diferentes patologías médicas del feminicida.

Detenido, una vez más, en el mes de enero de 2021, por delitos de trata y tráfico, así como proxenetismo y porte de armas, el feminicida reveló a las autoridades “que había matado a dos adolescentes que fueron reportadas como desaparecidas en 2021 y las enterró en su domicilio”.

Ante la posible existencia de casos similares, la comisión revisará la posible existencia de otros casos donde los hayan sido liberados de la misma forma.

En su último informe sobre la violencia machista en la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), denunció que los datos regionales respecto a la violencia machista no eran para nada alentadores, a pesar de que en la actualidad había más visibilidad del problema, presiones de los colectivos feministas y mayor respuesta estatal, en comparación a los años anteriores.

De acuerdo a los datos de 2020, señala la CEPAL, el feminicidio, reconocido como la «forma más letal y extrema de la violencia de género», sigue afectando a más de 4.000 mujeres en la región, aunque muestran una ligera disminución si se equiparan a las cifras registradas en 2019.

En 2020 hubo un total de 4.091 feminicidios tipificados en 26 países de la región: 17 en América Latina y 9 en el Caribe.

Los datos de CEPAL para 2020, indican que, en Honduras la tasa de feminicidios es de 4,7 casos por cada 100.000 mujeres, lo que la ubica a la cabeza la lista de feminicidios en América Latina, seguido por República Dominicana y El Salvador con 2,1 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

Según el reporte del Observatorio Territorio Uruguay, en el país la tasa de femicidios en 2020 fue de 1 por cada 100.000 mujeres.

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