El pasado 25 de marzo y mediante la resolución correspondiente fue creada por el Poder Ejecutivo la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social encargada de “coordinar y articular” las acciones necesarias que permitan avanzar hacia una nueva propuesta de reforma del sistema previsional.
Corresonderá, por taanto, a dicha comisión, la tarea de convocar y llevar adelante el diálogo social necesrio para el proceso de reforma de la seguridad social en el país.
En el decreto de Presidencia se establece que la comisión estará integrada por un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Economía y Finanzas (MEF), Desarrollo Social (Mides), Salud Pública (MSP) y por el Banco de Previsión Social (BPS).
A partir de su conformación, la Comisión dispone de 30 días para presentar las líneas centrales del diálogo social, debiendo tener listo para el 30 de abril de 2026 un informe ue de cuenta de los resultados y propuestas surgidas.
Junto a la coordinación, será tarea de la Comisión la elaboración de propuestas de “estrategias nacionales en protección y seguridad social”, debiendo “coordinar con organismos nacionales e internacionales la elaboración de informes técnicos y estudios de impacto”.
“El Diálogo Social” se define en el documento de Presidencia, “se diseñará de modo que incluya la diversidad de perspectivas sobre la protección y seguridad social”.
En atención a ello, se añade, “se fomentará la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones sociales más representativas y ios partidos políticos con representación parlamentaria, a los efectos de alcanzar los acuerdos más amplios posibles en la materia”.
El objetivo, resalta el texto, es alcanzar “un diálogo informado, transparente y de la mayor calidad, se convocará a participar a las instituciones académicas, los centros de estudio y organismos internacionales especializados”.
