El instituto Cuesta Duarte publicó un documento donde se realizan las primeras reflexiones sobre el Proyecto de Rendición de Cuentas remitido al parlamento por el poder Ejecutivo.
Con el título “Del dicho al hecho hay un trecho”, el documento recuerda que “el Presupuesto Nacional es la expresión económica del plan de gobierno, donde se asignan recursos a los distintos programas y políticas públicas”.
Mientras que, se señala en las conclusiones del informe, “la Rendición de Cuentas (…) es la instancia en que se rinde cuentas y evalúa sobre lo ejecutado”, siendo, además, “la oportunidad para que el Poder Ejecutivo realice cambios y reasignaciones respecto a lo presupuestado”.
“Tanto la asignación presupuestal como las reasignaciones posteriores, son señales de cuáles son las prioridades en materia de política económica, así como los rubros que se considera que deben ser complementados”, subraya el documento del Cuesta Duarte.
Sobre la actual Rendición de Cuentas 2021, el documento recuerda que se trata de “la primera asignación de recursos pos pandemia”, y que la misma se produce “en el contexto de una economía en crecimiento, que ya superó los niveles de actividad pre pandemia y todo indica que seguirá creciendo”.
A pesar de ello, se añade, “es también una economía donde muchas personas no ven los frutos de ese crecimiento, porque el salario real ha seguido cayendo y muchos de los puestos de trabajo que se han creado para compensar la fuerte caída del empleo del año anterior, son de muy mala calidad”.
En este escenario, la actual rendición suma “al presupuesto asignado para el año 2023, unos 226 millones de dólares, una cifra menor a los recortes efectuados en los últimos dos años”, enfatiza el informe que detalla que “casi una tercera parte de ese incremento tiene como destino la comprometida recuperación salarial (70 de los 226 millones), que aunque será menor a la pérdida efectiva de los trabajadores públicos, se logró negociar en un porcentaje mucho más cercano a ésta que a la propuesta del gobierno”.
“Del resto”, concluye el informe que ponemos a disposición de nuestros lectores, “la mayor porción es asignada a Enseñanza, aunque el monto es muy inferior a lo solicitado por la ANEP. La UdelaR por el momento, no tiene asignado ningún incremento y si se elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad podría verse afectada negativamente con una caída de recursos equivalente al 3% de su presupuesto total”.
