Mediante una declaración de Ernesto Soberón Guzmán, Director General de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, se señala que, “en las últimas semanas, un grupo de nuestros ciudadanos está afrontando dificultades al intentar viajar a países de nuestra región inmediata con la nueva exigencia de obtener visas para visitar o hacer tránsito en algunos de ellos. Se trata de una situación compleja, que el gobierno cubano está atendiendo con sumo rigor y que tiene varias causas”.
La declaración recuerda que, “desde el año 2017, el gobierno de los Estados Unidos incumple unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20 mil cubanos cada año”.
Esta situación, continúa explicando la declaración se produce porque Estados Unidos “tiene cerrado el procesamiento de los trámites migratorios en su Embajada en Cuba desde octubre de 2017, los pocos miles que las autoridades de los Estados Unidos han admitido cada año desde entonces, se ven obligados a viajar a Guyana para realizar tales trámites, sin garantías de otorgamiento y con el consecuente gasto y carga que ello significa para cada migrante potencial”.
Junto con el impacto del bloqueo y las medidas para reforzarlo, a ello se le agrega “que desde la década de 1960 la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba ha tenido como soporte legal a la Ley de Ajuste Cubano, que ofrece a todo cubano que llega a ese país la posibilidad casi automática, al año de haber arribado, de ajustar su estatus migratorio y convertirse en residente permanente”.
Lo anterior, se denuncia es “un privilegio exclusivo para los cubanos, que naturalmente fomenta el convencimiento para muchos de que, por ser ciudadano cubano, disfruta del derecho a emigrar a los Estados Unidos y ser aceptado en ese país, con independencia de la vía y la forma que se utilice”.
Se trata, se añade de, una legislación que “se acompaña de una política altamente prejuiciada y demagógica, que durante décadas ha asumido que todo cubano que ingresa en territorio estadounidense lo hace porque es un perseguido político o tiene “miedo creíble” de regresar a su país de origen; cuando las estadísticas demuestran claramente que cada año crece sostenidamente el número de viajeros cubanos que visitan Cuba procedentes de territorio estadounidense”.
Estos, “son factores que estimulan la migración, y en particular la migración irregular, con destino final al territorio de los Estados Unidos, cuando las vías legales se cierran, como ha sucedido desde 2017, igual que en décadas anteriores o en el pasado”.
Sin comprender este escenario no puede entenderse, ”el alto flujo migratorio legal e irregular de cubanos por países de la región, particularmente México, Centroamérica y el Caribe, lo que implica una carga para esas naciones y sus gobiernos, y para su relación con los Estados Unidos, la que ya sufre el peso del elevado potencial migratorio de sus respectivas poblaciones”, al tiempo que, “explican las gestiones y presiones del gobierno de los Estados Unidos para lograr que los países de tránsito tomen medidas contra el emigrante cubano, que exijan visas cuando no lo hacían en el pasado, incluyendo visas de tránsito, que incluso se pretende exigir para cubanos con residencia permanente en otros países”.
De esta forma y “de manera solapada, Washington se afana en obstaculizar el procesamiento de los nuevos visados en las embajadas acreditadas en La Habana, con el objetivo de incrementar el malestar de los cubanos afectados. Se trata de gestiones que contrastan con el estímulo tradicional y velado a que el emigrante use esos territorios para llegar irregularmente a la frontera terrestre y sur de los Estados Unidos, donde se le facilita el ingreso a ese país”.
Para la Cancillería de la Isla, “resulta cínico obligar a los cubanos viajar a Guyana para procesar sus visas de migrantes y, a la vez, gestionar que se le imponga como requisito obtener una visa de tránsito por un tercer país a los que pretendan llegar a Georgetown; mientras se mantiene suspendida o muy limitada la actividad del Consulado estadounidense en La Habana”.
Aunque estas situaciones han sido tratadas de forma directa y por los canales diplomáticos con el gobierno de los Estados Unidos, ello no ha traído como resultado el cumplimiento del compromiso del actual Presidente estadounidense con sus propios electores cuando afirmó “que corregiría el incumplimiento de los acuerdos migratorios, iniciado por su predecesor”.
Este incumplimiento “repercute sobre el emigrante y sus familiares”, afirma el documento, donde se informa además, que se encuentran en curso comunicaciones “con gobiernos de la región”, cuyas disposiciones migratorias Cuba respeta, “pero a los cuales está solicitando que se apliquen sin discriminación contra los cubanos, con anuncios debidamente anticipados, plazos de implementación razonables y la oportunidad para aliviar la carga de quienes ya han incurrido en gastos y compromisos sobre la base de que podían viajar sin el requerimiento de visa”.
“Es absolutamente injusto aplicar sobre el aspirante cubano a emigrar los cambios de conducta del gobierno de los Estados Unidos y obligarlos a incurrir en gastos adicionales y, en el peor de los casos, perder sumas considerables de dinero ya comprometidas”.
Finalmente, el documento enfatiza que “lo más evidente del escenario antes descrito es que no se aleja un ápice de la tradicional política desestabilizadora de los Estados Unidos contra Cuba y del afán de utilizar a la población como rehén de una ambición hegemónica y hostil contra Cuba, y contra nuestro gobierno. Tampoco se aleja del desprecio histórico hacia los países de nuestra región, a los que pretende utilizar para sus presiones contra Cuba y para enfrentar en un año electoral el desafío migratorio presente en su frontera sur, y a cuyos inmigrantes somete, como práctica habitual, a tratos discriminatorios, racistas, degradantes y abusivos”.