La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Carolina Jiménez y la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Katya Salazar, denunciaron en una columna publicada en The Washington Post, las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en El Salvador debido a los superpoderes asignados al presidente Nayib Bukele.
La columna denuncia cómo el país ha regresado de forma trágica “a los años más violentos del país”, luego que, “al menos 80 personas fueron asesinadas el fin de semana del 26 al 27 de marzo”.
Como respuesta al auge de la violencia, recuerdan, “el presidente Nayib Bukele convocó rápidamente a la Asamblea Legislativa, que en las primeras horas después de la matanza declaró un estado de emergencia por 30 días”.
A partir de ello fueron suspendidos “algunos derechos humanos, como el derecho a una defensa, a conocer los cargos en su contra, el derecho a no incriminarse y tener acceso a representación legal”.
El decreto, se añade, dejó en suspenso el “derecho a la libertad de reunión y asociación”, una medida que permite que el gobierno intercepte “comunicaciones privadas sin una orden judicial”.
En ese sentido informan que “organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, y analistas” ha señalado “que el decreto contradice flagrantemente los compromisos que Bukele hizo cuando asumió el cargo el 2019”, de la misma forma se trata de un decreto que va a contrapelo “de los tratados de derechos humanos que El Salvador se ha comprometido a respetar”, los cuales son en la situación actual nada “más que palabras en papel”.
“La crisis de seguridad en El Salvador requiere de una respuesta urgente y firme. Las numerosas víctimas de las pandillas más violentas del mundo tienen el derecho a la justicia y a vivir sin miedo de ser hostigadas, agredidas, extorsionadas y asesinadas” escriben ambas expertas quienes enfatizan que, “suspender secciones de la Constitución del país no hará que esto suceda”, del mismo modo que no lo conseguirá la prohibición de derechos realizados bajos el argumento de “proteger a otros derechos”.
Para las representantes de ambas organizaciones, las complejidades de las dinámicas de las organizaciones criminales “requiere un enfoque integral que involucre programas de prevención con enfoque comunitario, reformas judiciales y policiales, y mejorar investigaciones criminales”, recalcan que para ello “El Salvador ya tiene varias herramientas para combatir a estos grupos criminales”, por lo que, “no es necesario recurrir a políticas represivas y a la suspensión de derechos”.
A pesar de ello, “Bukele no quiere escuchar esto” y al negarse a la escucha, “elige desacreditar a cualquiera que se atreva a cuestionar sus decisiones”.
“Un ejército de trolls y bots en las redes sociales bien entrenados se usan para hacer el resto del trabajo”, denuncian y afirman que, “en los últimos días, la maquinaria de relaciones públicas de Bukele creó una nube de ruido tan ensordecedora que, en algunos momentos, fue difícil ver cuáles eran los argumentos a favor de las medidas tomadas”.
La estrategia del gobierno de atacar a las organizaciones y activistas de derechos humanos es “poco más que una táctica barata diseñada para distraer atención de las políticas que, por acción u omisión, están impidiendo que del país pueda abordar de manera efectiva la ola de violencia que está destruyendo tantas vidas”.
Las analistas de WOLA y de la Fundación para el Debido Proceso, denuncian cómo durante años “Bukele ha estado trabajando diligentemente para silenciar a las voces con las que no concuerda. Lo está haciendo en Twitter, pero también intenta limitar el apoyo que organizaciones locales pueden recibir e incluso intenta entrometerse con la independencia del poder judicial en su búsqueda por permanecer en el poder”.
Se trata afirman, de un “ojo por ojo de Twitter” que “no es el debate que El Salvador necesita”.
En su lugar debería discutirse “sobre el tipo de políticas que el país debería implementar para disolver a las pandillas”, entre ellas “fortalecer al poder judicial, y en particular, asignar suficientes recursos y personal a los fiscales especializados encargados de investigar delitos complejos para que puedan realizar su trabajo de una manera efectiva e independiente”.
Es necesario, además, se insiste en la columna de opinión del Post, realizar “un esfuerzo para verdaderamente profesionalizar y apoyar a la fuerza policial del país, incluso para mejorar las condiciones de trabajo del personal, pero también para asegurar que la policía cuente con herramientas para disuadir y combatir el crimen de una manera eficiente y al mismo tiempo manteniendo la confianza de la población”.
Del mismo modo, agregan, “las autoridades también deben invertir más tiempo y recursos en el desarrollo de programas comunitarios para abordar la violencia, por medio de, entre otras cosas, educación y otras oportunidades para que las pandillas no sean la única opción para los jóvenes y, al mismo tiempo, protegiéndolos de ser forzados a unirse a estos grupos”, por lo que “se necesitan programas de intervención y rehabilitación para los que deseen salir de las pandillas”.
“Ninguna de estas son soluciones rápidas”, reconocen las especialistas en derechos humanos quienes concluyen su análisis afirmando que todo ello “tomará tiempo y trabajo” y resaltan que “lo más importante es que la administración de Bukele esté abierta a tener diálogos honestos con todos los sectores de la sociedad y la comunidad internacional, incluyendo a los activistas de derechos humanos– el tipo de conversación que no puede ocurrir solo en TikTok o Twitter, donde el presidente prefiere comunicarse en una manera más defensiva que constructiva”.
