El pasado 28 de setiembre se conmemoró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
Con motivo de dicha fecha y bajo el fundamento de que el “acceso universal a la información es vital para beneficiarse de la libertad de expresión”, la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Reiteró que el acceso universal “permite a lxs periodistas informar y a la ciudadanía comprender lo que se hace en su nombre”.
Con su trabajo, añaden, los periodistxs “aportan transparencia y piden cuentas a los gobernantes”.
Una vez más la FIP reafirma su exigencia a los gobiernos de todo el mundo a “que hagan accesible la información pública y dejen de interferir en el trabajo de lxs periodistas” ya que “la ciudadanía tiene derecho a saber lo que se hace en su nombre y con sus recursos”.
Al describir la situación en todo el mundo, indica que “el acceso a la información pública corre el riesgo de verse restringido en nombre de la seguridad nacional y la legislación antiterrorista, que amplían cada vez más las definiciones de ‘información clasificada’ y limitan las excepciones para el periodismo”.
Con dicha “obstrucción del trabajo periodístico” que “adopta muchas formas”, que van “desde la prohibición de asistir a determinados actos y la denegación de acceso a la información pública, hasta la citación policial por no revelar la identidad de fuentes anónimas” se ha ido instrumentalizando, cada vez más “el acceso a la información para obstaculizar el trabajo de lxs periodistas y silenciar a los medios de comunicación, haciendo caso omiso de la democracia y el buen gobierno”.
Este accionar desconoce que “el periodismo es un bien público” que “debe operar en condiciones que permitan su libre ejercicio sin que lxs periodistas teman ser amenazadxs, perseguidxs, agredidxs o asesinadxs”.
En esta ocasión la FIP prestó especial atención a “cinco casos de diferentes regiones del mundo, para ilustrar cómo el derecho universal a la información, incluido el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información, ha sido vulnerado por gobiernos, autoridades públicas y fuerzas de seguridad”.
Entre dichos casos, en el área de América Latina y el Caribe, la organización se detuvo en el análisis de “la reforma del gobierno argentino” en detrimento de “la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información”.
“El gobierno de Javier Milei”, se lee en la página web de la organización, “incorporó excepciones restrictivas a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública (…) mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial el 2 de setiembre”.
Contrario, continúa expresándose al “espíritu original de la legislación, la reciente reforma limita la definición de ‘información pública’ y establece un criterio discrecional para considerar qué es información secreta”.
“En otras palabras”, se subraya en el texto, se “socava la transparencia en la gestión pública”.
Con motivo de ello, finaliza expresándose, “la Federación Sindical de la Prensa de los Trabajadores (FATPREN) y los sindicatos que la integran han dado la voz de alarma sobre el impacto que esta medida puede tener en la labor de lxs periodistas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de lxs gobernantes, porque restringe el acceso al derecho a la información y coarta parte de la labor periodística de investigación y difusión, mermando, una vez más, el derecho a la libertad de expresión”.
“Nos preocupa”, afirma FATPREN en un comunicado, “que esta normativa se alinee con una serie de decisiones políticas del gobierno nacional que buscan controlar y ocultar la información sobre los actos y acciones del gobierno”.
Estas medidas del gobierno de Milei, finaliza expresando el comunicado, “se suma a la discrecionalidad en las transmisiones y acreditaciones en actos oficiales, a la censura y el intento de vaciamiento de los medios públicos, a las agresiones públicas contra periodistas que difunden información sobre el presidente Milei o expresan opiniones disidentes al relato oficial del gobierno y, a la represión contra trabajadores de prensa durante manifestaciones”.
