Más allá de la interpelación y los insultos, el debate es quién puede acceder a la tierra, quién la trabaja y para qué se utiliza.
Por Fabricio Mato
Viniendo de la ciudad, no es difícil sentir o pensar que lo que pasa en el campo nos queda lejos. Lo vemos como noticias sobre sequías, cosechas o precios internacionales que apenas rozan la vida cotidiana. Pero también, es muy sencillo detenerse a pensar que la producción rural nos atraviesa a todos, está en el precio de la leche, en el acceso a los alimentos, en el cuidado de nuestros suelos, de nuestros recursos y de nuestra agua.
Por eso, cuando estalló la discusión sobre la compra de la Estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), supimos que no era un debate técnico reservado a especialistas. La oposición la presentó como un gasto excesivo o un capricho; en cambio, las gremiales lecheras, las sociedades de fomento y muchas organizaciones sociales la defendieron como una inversión estratégica. Cualquier ciudadano que escuche a productores, si tiene un poco de sensibilidad social, puede darse cuenta de que acá no se trata solo de cuánto costó o cuántas hectáreas tiene el predio. Se trata, sobre todo, de decidir quién puede acceder a la tierra, quién la trabaja y para qué se utiliza.
Como bien dijo el subsecretario del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula, hace apenas unos días en un acto de entrega de tierras por parte del INC: “La tierra indudablemente no es solo un bien, es la base del arraigo, la producción, la familia y la vida. Por eso el rol del Instituto en nuestro país es tan relevante, porque sin una política pública que regule el acceso a la tierra, el mercado por sí solo deja afuera a quienes producen, trabajan y quieren quedarse en el campo”.
En este sentido los números hablan por sí solos, el INC sostiene hoy más de 3.000 unidades productivas, donde miles de familias colonas viven y producen. Es, en muchos casos, el único mecanismo de acceso a la tierra frente a la especulación financiera y la concentración de la propiedad, y aun así solo alcanza a cubrir alrededor del 11% de la demanda de productores familiares. Esa cifra habla de la urgencia de ampliar su alcance. La compra del predio María Dolores no es un capricho, es la oportunidad de recuperar 4.400 hectáreas que estaban en manos de capitales extranjeros y ponerlas al servicio de más de 200 familias, para impulsar la producción lechera, el empleo y la permanencia de la gente en el campo.
Llevar la discusión en el Senado se da en un contexto democrático que celebramos, por eso es valioso que este intercambio ocurra de cara a la sociedad. También es una buena forma de acercar los problemas del campo al centro del debate, no solo por ser un gran motor de nuestro desarrollo, sino por el trabajo y la dignidad de miles de hombres y mujeres que lo sostienen. Y siguiendo esta lógica la respuesta es contundente: defender el acceso a la tierra no es un capricho, es apostar a un modelo de país más justo, que enfrente los desafíos sociales desde el trabajo genuino, la descentralización y la inversión pública estratégica.
Sin embargo, esta interpelación al ministro Alfredo Fratti y el equipo que trabaja en el MGAP dejó claro que la oposición utilizó el Parlamento como un escenario de teatro político, buscando más la foto que la solución.
Hubo pasajes en los que la altura que se espera de una instancia de debate se perdió entre frases hechas y ataques personales que degradan la discusión. Incluso hubo expresiones que cruzaron el límite del respeto y de la convivencia democrática, como los insultos proferidos hacia un senador del Frente Amplio por parte del miembro interpelante, senador del Partido Nacional.
Esa es la paradoja que vimos, mientras se discutía el destino de la tierra (un asunto que toca la soberanía, la producción y el futuro del país), algunos eligieron el camino corto del agravio y la puesta en escena.
Elevar el debate significa correrlo de la superficie, volver a lo esencial y preguntarnos si somos capaces de honrar el mandato artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.
Es entender que la soberanía no se reclama solo en fechas patrias, sino que se ejerce en cada decisión sobre el uso y el futuro de nuestra tierra.
La interpelación dejó claro que, detrás del ruido y de los gestos para la platea, está la pregunta que nos incumbe a todos: ¿seremos capaces de decidir, como país, que la tierra se use para producir, para alimentar y para arraigar a nuestra gente, o seguiremos dejándola librada a la lógica de la especulación y del negocio inmediato?
