Por resolución del Consejo de Ministros se suspendió la vigencia del decreto reglamentario de la Ley de Medios aprobado por Lacalle Pou pocos días antes de dejar el gobierno.
Fabricio Mato
El pasado 1° de abril, se conoció el Decreto 88/025, que suspende la aplicación del decreto 31/025, del 13 de febrero de este mismo año, que reglamentaba la Ley N° 20.383 denominada Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual y conocida popularmente como Ley de Medios.
El nuevo decreto, firmado por el presidente y todo el Consejo de Ministros, establece “que se ha constatado que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente”, que “es necesario proceder a su revisión a efectos de evaluar la legalidad de su articulado, que el mismo no vulnere normas o principios de Derecho y que se ajuste a lo dispuesto por la Ley” y que “hasta que no se realice dicho estudio, es conveniente suspender su aplicación”.
Como reseñó EL POPULAR el pasado 31 de diciembre, el anterior director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y hoy a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (DINATEL), Pablo Siris, ya había denunciado en su cuenta de X que –en aquel entonces- la mayoría en el Directorio de ese organismo aprobó el borrador de decreto reglamentario de la nueva Ley de Medios de manera inconsulta y de forma express.
“Hay 180 días desde el pasado 21 de octubre, -que se cumplen el 21 de abril de 2025-, así que no había ningún apuro cuando la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) le solicitó a la URSEC el 16 de este mismo mes que elaborara el borrador de decreto”, expresó Siris.
El entonces director frenteamplista agregó que “de forma express, el día 18 ya estaba pronto el borrador -que escribió un grupo de trabajo cuya designación no pasó por el Directorio-, el 20 se le hicieron pequeños ajustes de redacción y ya el 23 de diciembre la URSEC lo estaba enviando a la DINATEL”.
La decisión del presidente Yamandú Orsi y su gabinete fue impulsada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien ya le había dicho a la diaria el pasado 15 de marzo que “los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones habían tenido su propia opinión del tema y habían hecho observaciones al proyecto que estaba discutiéndose”.
Cardona indicó también en esa entrevista que “la dirección saliente no consideró ese informe, contrató a un estudio particular y con ese informe se elevó esa reglamentación récord, sin considerar que se tenía por lo menos tres meses más para poder trabajar ese tema”.
Cardona destacó que “por ejemplo, hay tres artículos que exceden o que establecen condiciones que no están ni siquiera en la ley. Eso me comprende incluso hasta como abogada, porque no debería pasar. El reglamento debería ser un complemento de lo que la ley establece. Si yo me exorbito en lo que la propia ley dijo, es técnicamente cuestionable”.
El Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), al conocer la decisión, publicó un muy emotivo comunicado en el que –entre otros conceptos- señaló: “Vemos con sumo optimismo dicha definición, mostrando una perspectiva distinta en la que los trabajadores seguiremos de cerca, aportando y luchando para que la misma no tenga desviaciones, para que nuestra Antel y las telecomunicaciones de nuestro país sigan afianzando la soberanía nacional y la democratización y acceso universal de todo nuestro pueblo”.
Gabriel Molina, presidente de SUTEL, declaró –también a la diaria– que ese sindicato “dio una pelea dura contra decisiones que el Poder Ejecutivo anterior tomaba contra ANTEL, y también enfrentó al bloque de poder económico que tienen los dueños de los grandes medios de comunicación nacionales y extranjeros” y que “el gobierno anterior tenía como objetivo principal aprobar desde el año 2020 y al final terminó aprobándola en la Cámara de Diputados en agosto de 2024”, para luego reglamentarla a 15 días de dejar el poder.
“El gobierno toma la decisión de suspender la aplicación del decreto y nos parece un avance importantísimo en lo que tiene que ver con lo que el sindicato trabajó, por todo lo que hizo el gobierno anterior, que rechazamos, y también por el material que se entregó en campaña a la fórmula presidencial que ganó las elecciones en noviembre”, destacó el titular de la organización.
Sostuvo que “abrazamos esta resolución” y que el sindicato estará atento a cómo continúa todo hacia delante, porque “realmente todavía falta mucho para hacer”. “Habría que revisar las licencias y todo lo que se resolvió contra ANTEL. Ahora falta que asuma el directorio completo del ente y que empiece a tomar cartas en el asunto”, dijo en la entrevista reseñada.
Por su parte, El Observador publicó una nota el 8 de abril en la que daba cuenta que había accedido a las observaciones que el MIEM y la DINATEL tenían respecto del Decreto hoy suspendido.
En el referido texto se señala que en cuatro artículos del decreto 31/025 -ahora suspendido- las nuevas autoridades cuestionan a sus antecesores el haber avanzado sobre disposiciones no establecidas en la ley aprobada a mediados del año pasado.
El artículo 18, tal como está redactado, admite que operadores de servicios de comunicación audiovisual que hayan realizado transferencias de títulos sin la autorización del Poder Ejecutivo podrán regularizarlas en los 30 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto. El gobierno entiende que ese tipo de acciones sin autorización «son nulas» y que «la ley no dispuso que estos negocios pudieran ser regularizados».
Por otra parte, el MIEM considera que también los artículos 35, 36 y 37 del decreto suspendido reglamentaba aspectos nunca establecidos por la Ley de Medios respecto al área de servicios de cada operador y que permiten que “a sola solicitud de los interesados, se puede ampliar el área de servicio de TV para abonados, TV abierta y radiodifusión”, al tiempo que permiten que las áreas de servicio en radiodifusión puedan ser reducidas con el mismo procedimiento, dejando a poblaciones sin cobertura.
También se permite que el Poder Ejecutivo habilite una modificación del “30% en el área de cobertura y la URSEC un 10% (…, por lo que) las emisoras pueden cambiar mediante solicitudes sucesivas toda el área de servicio e incluso cambiar de departamento”.
La nota de El Observador también refleja que el decreto 31/025 abría la puerta a que el Poder Ejecutivo nunca se enterara “de un mecanismo que podría encubrir una concentración de medios”, ya que el artículo 38 indica que para la realización de coordinaciones técnicas basta con que se comunique a la URSEC: “No se establece que deben contar con autorización previa para estas coordinaciones”.
También se señala que el artículo 47 no incluía a la radiodifusión sonora en las obligaciones establecidas para la publicidad protagonizada o dirigida a niños, niñas y adolescentes, en tanto la ley vigente indica que todos los servicios de comunicación audiovisual tienen este mandato.
Por otra parte, el artículo 15 “no reglamenta cómo se computa, desde qué momento y cuándo se suspende el plazo del silencio positivo de la Administración que establece la ley, de manera tal que no existen incentivos para presentar la documentación completa e impulsar el trámite” por parte de privados para transferir licencias totales o parciales.
Aunque es una muy positiva señal que se haya suspendido la aplicación de este decreto, así como que se esté estudiando una nueva reglamentación, debemos tener claro que lo realmente negativo es la Ley N° 20.383, que derogó la anterior ley que había sido construida con la participación de la sociedad civil y organismos internacionales.
La suspensión del decreto de Lacalle Pou, firmado pocos días antes de irse del gobierno, que empeoraba aún más la Ley de Medios, es un paso relevante. Hay que valorarlo y saludarlo. Junto con ello es altamente relevante continuar el análisis de las disposiciones que contiene la propia Ley de Medios, aprobada con los votos de la derecha, que favorece la concentración de la propiedad de los medios, su extranjerización, elimina todos los controles sociales y golpea a ANTEL, y es, por ello, un grave retroceso democrático.
