UJC
En las últimas semanas hemos visto emerger un proceso que viene germinando paulatinamente, pero a paso firme y seguro, desde que asumió el gobierno actual y sus autoridades educativas. Los sucesos vividos en torno al IAVA no son más que un nuevo renglón en la bitácora de viaje de un barco que hoy parece encontrarse a la deriva. Las actuales autoridades asumieron en 2020 y comenzaron a transitar un camino peligroso; bajo la bandera de procesar una “transformación pedagógica y de contenidos», comenzaron excluyendo de los espacios de discusión y definición a los principales actores del proceso educativo: los docentes y los estudiantes. ¡Vaya forma de empezar a navegar!
Desde entonces y hasta ahora, la hoja de ruta seguida ha tenido más que ver con censurar pintadas, perseguir docentes y prohibir asambleas estudiantiles; que con incorporar grandes innovaciones basadas en “la experiencia internacional” y “los expertos” para dejar atrás la supuestamente “obsoleta” educación uruguaya.
En más de una oportunidad, uno llegaba a pensar que la tan publicitada innovación educativa se parecía mucho a una forma de ejercer el poder ya registrada en nuestro país hace algunas décadas, con resultados sociales y educativos nefastos, pero como uno no es experto en educación no podía opinar.
Con ese telón de fondo el barco siguió su rumbo, buscó aplausos y nuevos tripulantes, en pantomimas armadas para ello a lo largo y ancho del país. Sin embargo, solo obtuvo rechazo. Rechazo en los barrios, rechazo en las Asambleas Técnico-Docentes, rechazo en las Salas Docentes, rechazo en las asambleas estudiantiles…Rechazo.
El barco siguió obstinadamente su ruta, bajo la bandera izada en 2020, pero desde entonces sólo ha repartido recorte de contenidos y recorte presupuestal, deterioro de las condiciones de estudio y profundización de las desigualdades en el acceso a la educación para los sectores más pobres de nuestro pueblo.
Veamos si no, en lo que va de 2023, año de implementación de la reforma anunciada con bombos y platillos, se llevan perdidas más de 100.000 horas de clase. Esto es: gurises sin docentes, pérdida de tiempo pedagógico y docentes sin trabajo. En medio de un caos organizativo del que ninguna autoridad se hace cargo, y se intenta deslegitimar a quienes lo denuncian. Una situación que cada día que pasa condena a los hijos de los trabajadores a salones superpoblados, docentes sobrecargados y tensiones institucionales que se visibilizan cuando derivan en violencia. Violencia que termina impactando nuevamente dañando, a veces de forma trágica, a los jóvenes.
Pero el rumbo estaba marcado y había que seguirlo, concentrar el poder, desmantelar la educación pública en favor de las necesidades del mercado y la educación privada; ofreciendo a todo aquel que se organice para intentar cambiar las cosas represión. Sumario a docentes en San José, persecución por redes a docentes sindicalizadas, judicialización del sindicato y pasaje por un “Consejo Asesor Pedagógico” a todo estudiante que realice actividades gremiales. Parece que estuviéramos hablando de Dolores Umbridge interviniendo Hogwarts en Harry Potter, pero no; es la educación pública en el Uruguay de hoy, a la cabeza están Silva y Cherro, y no hay banquetes para cenar.
En ese marco, hace algunos meses empezó una campaña absurda para despojar del salón gremial a los estudiantes del IAVA. Con la excusa de necesitar el espacio para generar accesibilidad en el liceo, pretendieron dejar a los gurises sin un espacio emblemático para su historia, identidad y futuro. Hoy, luego del papelón hecho por las autoridades, está más que claro que se trataba sólo de un pretexto falaz. Quedaron en evidencia porque nadie pudo esconder que: 1) el liceo ya cuenta con un ingreso accesible que, conectado con un ascensor, permite la circulación por todo el edificio para personas en silla de ruedas u otras discapacidades motrices; 2) hoy no está garantizada la accesibilidad porque las autoridades no disponen la reparación del ascensor mencionado, que se encuentra averiado hace años; 3) el ingreso a través de lo que hoy es el salón gremial no garantiza la accesibilidad al edificio, salvo que se repare el ascensor, lo que solucionaría por sí solo la accesibilidad; 4) no es posible generar un ingreso accesible por el actual salón gremial, antigua entrada lateral, sin diseñar, presupuestar y licitar una nueva obra (bastante más costosa que reparar el ascensor); 5) no es posible porque esa entrada fue bloqueada en el proyecto de restauración del edificio, para construir allí, tal como disponía el plan de obras, el salón gremial y 6) no hay plan de obras, presupuestación, licitación ni proyecto presentado ante la comisión de patrimonio.
“No debo decir mentiras” deberían repetir las autoridades, qué siguen insistiendo en colocar en la opinión pública elementos que, primero podrían ser un error a raíz del desconocimiento, pero ya no; lisa y llanamente intentan sostener lo insostenible en base a mentiras.
Entonces, si no les asiste la razón, porque esta ofensiva contra estudiantes organizados para despojarlos de su espacio. Se han hecho muchos análisis e interpretaciones al respecto: amedrentar y desmovilizar con el ejemplo, descentrar la agenda de otros escándalos y problemas que aquejan al gobierno, torpeza política de una administración que asumió sin criterio y ha perdido el rumbo, o bien perseguir la movilización por convicción. Hoy, podemos afirmar que en el menú hay un poco de todo.
Pero los gurises no se dejaron despojar sin hacer olas, no porque hubieran asumido un derecho de propiedad individual y/o corporativa sobre el espacio, como sugirió con total cinismo un ministro; sino por la convicción de que estaban en juego derechos colectivos. Su derecho a pensar, discutir, organizarse, opinar, proponer y movilizarse. El derecho a defender el espacio social que hace posible todo lo anterior, que tiene que ver con reclamar su espacio físico dentro del liceo, pero que lo trasciende. El derecho a defender su sentido de pertenencia y su memoria colectiva, la historia que entre otras cosas permite que hoy estén allí: estudiando en la educación pública uruguaya, en el IAVA y en ese salón gremial.
La frutilla de la torta llegó cuando, por querer seguir generando espacios de diálogo y construir una salida colectiva que integre a toda la comunidad educativa, las autoridades sumariaron al director del liceo. Lo desplazaron de su cargo y dispusieron la retención del 50% de sus haberes. El motivo esbozado: Insubordinación. Así mismo, como si se tratara de un cuartel. Las autoridades desplazaron al director de uno de los liceos más importantes del país por no querer avasallar a sus estudiantes, paradas sobre una normativa generada en tiempos de dictadura que, para colmo, había sido dejada sin efecto.
Los sucesos ocurridos la semana pasada en torno al IAVA son eso, el emergente de un proceso general de concentración de poder y exclusión, que atraviesa desde hace años nuestra educación pública. Son una muestra más del talante de una administración qué, en su camino para imponer su modelo educativo, no duda en tomar acciones contra todo colectivo o individuo qué manifieste disconformidad o disenso. Son, sin lugar a duda, las únicas credenciales que le quedarán, al final del viaje, a un gobierno que desprecia la participación y se está dedicando a desmantelar la educación pública.
Foto de portada:
Marcha de estudiantes y docentes tras la desocupación del liceo IAVA en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
