La entrega, por vía exprés, de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, que estaba preso en Dubai y hoy está prófugo y la estrategia de mentiras y ocultamiento para intentar tapar ese hecho injustificable tienen al gobierno y al presidente Luis Lacalle Pou contra las cuerdas.
Hay hechos de enorme gravedad que están comprobados y que el gobierno, en particular el presidente de la República, niegan y por lo tanto mienten. Está comprobado que se le entregó un pasaporte a uno de los narcotraficantes más importantes del continente y que no había razón alguna para hacerlo. Está comprobado que se le mintió al Parlamento y a la ciudadanía. Está comprobado que se elaboró una estrategia institucional, política y comunicacional, con participación directa de Presidencia de la República, para mentir, ocultar y destruir pruebas. Está comprobado que se instigó a funcionarios públicos, la ex vicecanciller Carolina Ache y el ex viceministro del Interior, Guillermo Maciel, para que destruyeran pruebas. Está comprobado que el principal asesor presidencial, Roberto Lafluf, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente.
Todo esto está comprobado y es muy grave, política e institucionalmente, y esto es más allá de lo que arroje la investigación judicial en cuanto a delitos.
La semana pasada analizábamos el impacto de las revelaciones realizadas ante la Fiscalía por la ex vicecanciller Carolina Ache, ahora tenemos que agregar todo lo sucedido desde el viernes pasado, en particular la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, pero también las actitudes políticas del gobierno, los nuevos hechos que se fueron conociendo y la respuesta del Frente Amplio y el movimiento popular.
El sábado pasado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou volvió de EEUU e hizo una conferencia de prensa. Su palabra era muy esperada, había unanimidad de que se estaba ante una crisis política grave, el presidente, usualmente muy locuaz, llevaba un silencio de varios días y el gobierno no reaccionaba.
¿Qué pasó? La conferencia de prensa fue una vergüenza. Fundamentamos esta aseveración en 7 puntos.
1.Lacalle Pou anunció que había aceptado las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber; del viceministro, Maciel y de su principal asesor, Roberto Lafluf. Luego pasó a intentar una estrategia de minimizar los hechos, el problema que para hacerlo mintió. El presidente dijo que aceptaba las renuncias, pero que tenía la “convicción” de que todos los renunciantes habían actuado bien y dentro de la legalidad. Es inaceptable que se diga, a la vez, que renuncian dos de los principales ministros del gobierno, el canciller y el ministro del Interior, los dos de absoluta confianza del presidente además, más la renuncia de su asesor estrella, oficialmente de Comunicación y Estrategia, pero en realidad operador político de primer nivel, que participaba en reuniones con líderes de los partidos de la coalición de derecha, con ministros y hasta daba orientaciones a los parlamentarios, pero que todo está bien y todo fue bien hecho. No se sostiene ese discurso ni por un segundo.
2.El presidente insistió en la mentira de que tenían la obligación de darle el pasaporte a Marset. Como ya se probó en la interpelación de hace un año por parte del Frente Amplio y de destacados expertos el decreto 129/2014, argüido por el gobierno como la causa de tener que entregar el pasaporte, les brindaba opciones para no entregarlo. En el artículo 34 de ese decreto se establece la posibilidad de otorgar un documento «Válido directo a la República por un solo viaje». En el artículo 48 se establece un margen de discrecionalidad en los tiempos para situaciones no previstas o excepcionales. Podían y debían haber optado por cualquiera de esas dos posibilidades y no, como hicieron, entregarle un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso, lo que contribuyó a que fuera liberado, huyera y ahora esté prófugo.
3.El presidente mintió cuando afirmó que en el Parlamento se dijo la verdad.
4.Mintió cuando dijo que no sabían quién era Marset cuando le dieron el pasaporte, los chats de Maciel con Ache demuestran lo contrario, y, además, ¿si no fuera así porque querían borrar esos chats?
5.El presidente mintió cuando dijo que su asesor Lafluf no destruyó un documento público que estaba en un expediente. Dijo que lo que destruyó Lafluf era una hoja, protocolizada por una escribana y que no estaba en el expediente. No es verdad, fueron 12 hojas y si estaban en el expediente. Pero, además, es muy grave que el presidente reconozca que sabía que su asesor accedió total o parcialmente a un expediente de una investigación en Cancillería y que había destruido una o 12 páginas, da igual. ¿Cómo es posible que no haya tomado medidas cuando se enteró de tamaña barbaridad, esperó a que Lafluf renunciara y encima diciendo que actuó bien?
6.El presidente mintió cuando argumentó que las instituciones funcionan plenamente y que su gobierno y él son transparentes. La verdad es que todo esto se supo porque el Frente Amplio interpeló hace un año, porque presentó pedidos de informes, una solicitud de acceso público a la información, y, ante la negativa del gobierno a contestar, una denuncia ante la justicia que fue la que ordenó que la información se entregara. Si el FA no hubiera hecho todo eso nunca se hubieran conocido los chats. La realidad es que Presidencia y el gobierno le ocultaron información al Parlamento y pretendieron hacerlo con la justicia. Es decir, las instituciones funcionan y se investiga a pesar de los esfuerzos del gobierno para tapar todo, no al revés. Esta conducta política de ocultamiento se continuó cuando toda la coalición de derecha impidió que el Parlamento discutiera esta crisis política tan grave, imposibilitando un desagravio del propio Parlamento que fue manoseado por el Poder Ejecutivo. A ella hay que agregar la permanente campaña desde el gobierno y por los parlamentarios de derecha contra la Fiscalía y algunos jueces. Así no se cuidan las instituciones y se deteriora la democracia.
7.Por último, el presidente confirmó un hecho muy grave, que la reunión del 25 de noviembre en el piso 11 de Presidencia, donde él tiene su oficina, donde se les planteó a Ache y a Maciel que borraran los chats y que no informaran a la justicia de su contenido y se le pidió a Ache que hiciera un acta notarial falsa, fue convocada por instrucciones suyas y que estuvo en ella, aunque intentó, absurdamente, plantear que solo pasó “a saludar”.
La realidad es que el presidente tomó las medidas mínimas que la crisis demandaba y, claramente, porque no le quedó otra posibilidad, pero no asumió ninguna responsabilidad política, ni la más mínima autocrítica.
La justicia va a seguir su trabajo, ahora se abrió una nueva línea de investigación por los presuntos delitos de Lafluf y trascendió que el fiscal a cargo evalúa citar al propio presidente Lacalle Pou por su obvia implicancia en los hechos.
Queda por responder ¿por qué razón se le dio el pasaporte a un peligroso narcotraficante?, ¿quién tomó la decisión?, ¿por qué se ignoraron las advertencias de los funcionarios de Cancillería y del propio viceministro del Interior?, ¿qué ofreció Marset a cambio del pasaporte y a quién o a quiénes?
Por otra parte, no es correcto que se hable del caso Marset como si fuera un hecho aislado. Hay varias acciones del gobierno que tienen como componentes elementos de corrupción. Lo prueban la asociación para delinquir de Astesiano en Presidencia de la República; la entrega de la principal operativa del puerto a la trasnacional Kaoten Natie por 60 años; la entrega de viviendas a militantes de Cabildo Abierto por Irene Moreira; el contrato de militantes de una lista herrerista en Salto Grande; los casos de nepotismo de Caram en Artigas; la contratación por el ex ministro Gerardo Cardoso de una empresa fantasma de publicidad; y la lista no es exhaustiva.
Esto también es expresión de una política que construye desigualdad y que concibe al Estado como un instrumento para favorecer a los poderosos y sus intereses. Lo grave de esta crisis es que en este caso el poderoso es un narcotraficante.
El Frente Amplio expresó con mucha claridad, tanto por parte de su dirección en conferencia de prensa, como de sus parlamentarios, que el tema no se cerró, que la crisis es muy grave y que hay preguntas sin responder. También resolvió realizar asambleas en todo el país para denunciar la situación. El PIT-CNT condenó con mucha claridad la postura del gobierno y, junto con la FEUU y FUCVAM, convocó a una movilización para este lunes en la Plaza Libertad, en defensa de la democracia y contra la corrupción.
La respuesta es la denuncia firme y la movilización popular, la democracia se defiende cerrándole el paso a la corrupción, denunciando la infiltración del narcotráfico en las instituciones y reclamando que se respeten las instituciones y no se las manosee.
El presidente y el gobierno deben dejar de mentir y tienen que hacerse cargo.
