Paola Beltrán
La Asociación de Funcionarios de la Institución de Nacional de Derechos Humanos (AFINDDHH) denuncia el progresivo debilitamiento y desmantelamiento de la Institución lo cual no permite que cumpla con el objetivo de garantizar y defender los Derechos Humanos de la ciudadanía.
El 5 de marzo, la Asociación de Trabajadores emitió un comunicado en el que expresan y denuncian varias situaciones que perjudican las condiciones laborales y la independencia técnica de los funcionarios y funcionarias. “Se han efectuado cambios que provocaron demoras en la investigación y en una adecuada solución de las situaciones de vulneraciones de derechos que llegan a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Diego Betancourt, dirigente de la AFINDDHH en entrevista con EL POPULAR explicó que el comunicado está dirigido en particular a las organizaciones sociales y a los y las parlamentarias con quienes mantendrán reuniones durante la próxima semana.
Betancourt señaló la preocupación por el deterioro de las funciones de contralor de la Institución.
“La INDDHH tiene muchas funciones, promoción de derechos, pero también tiene la función de contralor y notamos que esta está en deterioro”.
Ante la consulta de cómo se materializa este deterioro, el dirigente expresó que “desde nuestra perspectiva en un desmantelamiento de la área de la Defensoría”. Ya en el 2023 el gremio había expresado sus inquietudes al Consejo Directivo de la Institución declarándose en pre conflicto y expresando cómo la reducción del personal y los cambios en la organización de la forma de trabajo “afectaba negativamente la calidad del servicio que nosotros le brindamos a la población”.
“La gota que derrama el vaso”, señaló, es el cese “intempestivo, arbitrario y sin justificación sustancial de un compañero de trabajo que hacía casi seis años que se venía desempeñando en tareas técnicas”.
Sobre la “reorganización del trabajo” que según el gremio disminuye la capacidad de contralor del organismo, Bentancour informó que el área que antes se llamaba “Área de denuncia” y que ahora pasó llamarse “Área de defensoría” trabajaba con equipos interdisciplinarios ya sea en la atención presencial, telefónica o vía email. El equipo constituido por trabajador social, psicólogo y abogado fue sustituido por una sola persona a la hora de recibir las denuncias. Por otro lado, se pasó de catorce funcionarios y funcionarias a diez, cuatro de ellos becarios desde el 2022.
Por otro lado, se había conformado una mesa de negociación bipartita en la que se plantearon las demandas del gremio, un ámbito que los trabajadores y trabajadoras valoraron positivamente, sin embargo, a pesar de haber logrado algunos acuerdos, estos no se concretaron, en algunos casos por trabas parlamentarias.
Al mismo tiempo, las demandas que los trabajadores elevaron al Directorio “en vez de tramitarlas en el ámbito bipartito de la negociación optaron por vincularlas al ámbito legal como peticiones calificadas. Entonces no nos responden los argumentos de fondo de las decisiones, los argumentos de hecho y nos responden con los argumentos de derecho. O sea, nos responden que es potestad de la Dirección, que es discrecional y no nos dan margen a ni siquiera negociar las condiciones de trabajo”, denunció. Tampoco se cumple con la obligación de rotar a la Dirección tal como establece la legislación vigente.
Consecuencias
La falta de respuesta a partir de las constataciones de vulneración de derechos que realizó el Mecanismo de Prevención de la Tortura es una de las consecuencias más inmediatas. Esta situación se puede constatar en dos situaciones recientes, una ocurrida en la muerte de cinco personas privadas de libertad el 28 de diciembre del 2023, en el Módulo 4 del ex COMCAR. Ante la ausencia de pronunciamiento de la INDDHH, el gremio emitió un comunicado el 3 de enero en el que manifestaban su preocupación y esperaban un “rápido pronunciamiento de la Institución” que se generó casi diez días después, el 12 de enero.
El otro ejemplo que trasladó Betancourt es lo ocurrido en los centros “Tribal” y sobre fines del 2023 en el Hogar “Magnolia”. El Mecanismos de Prevención de la Tortura visitó estos centros y elaboró informes que alertaban de las condiciones degradantes y de vulneración de derechos en que se encontraban los y las adolescentes, sin embargo sus conclusiones no fueron publicadas por la Institución. “Los compañeros del área manifiestan que hay interferencias con la independencia técnica lo cual iría en contra de los objetivos de la Institución. Públicamente ya le hemos solicitado que ante hechos graves de vulneración de Derechos Humanos, la Institución debe pronunciarse, tuvimos ese intercambio de opiniones por la prensa cuando arrancó el año 2024 con lo que pasó en el Comcar y ahora, recientemente, por el tema del Hogar Magnolia donde terminó incendiado el Hogar”.
Intereses políticos partidarios
La integración del Directorio actual de la INDDHH estuvo en discusión en 2022 puesto que la integración respondió a una cuota política cuando el artículo 39 de la Ley 18446 que crea a la Institución establecía que son las organizaciones sociales las habilitadas a proponer candidatos a la Asamblea General y que los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos.
Sobre si este cambio en la composición del Directorio puede ser una de las razones por las cuales hay resistencia en publicar los informes que dan cuenta de vulneración de derechos, Bentancour expresó que “en su momento nos pronunciamos como AFINDDHH en acuerdo con las organizaciones sociales en su interpretación del artículo 39 que es bueno que los candidatos que llegan a la Institución sean propuestos por organizaciones sociales. En su momento nos pronunciamos por los once candidatos que tenían el respaldo de las organizaciones sociales. Con este comunicado lo que buscamos ahora es concientizar sobre la situación que atraviesa la institución actual, no nos podemos remontar a lo que pasó.
Si efectivamente está relacionado o no “lo comprobaremos en cómo se va desarrollando ese conflicto porque vamos a charlar con las organizaciones sociales para ver su opinión y también queremos saber la opinión de los Parlamentarios de cómo es el transcurso de este año y medio en la institución”.
Cumplir con su deber
La INDDHH tiene por cometido la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Sus obligaciones se refieren a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.
En el ejercicio de sus funciones tiene facultades tales como efectuar visitas de inspección, con o sin previo aviso, a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia; pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos; presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas corpus o amparo; ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en el que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.
El alcance de la competencia de la INDDHH se extiende a todos los Poderes y organismos públicos, las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.
“Esto es lo que queremos nosotros como Asociación de funcionarios”, señala Bentancor, que la Institución cumpla con su deber, por eso los primeros días del 2024 salimos públicamente cuando hubo muertes en las cárceles, allí no hubo un tema interno, ni de condiciones de trabajo, ni de salario, es una responsabilidad que tenemos como funcionarios que la Institución cumpla con sus cometidos legales y por eso también estamos saliendo ahora ante lo que vemos como un debilitamiento y desmantelamiento del área de la Defensoría”, concluyó.
Foto de portada
Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.
