Bruno Giometti (*)
En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público el dato de inflación correspondiente al mes de agosto del corriente año. De acuerdo con el informe la variación del nivel general de precios se ubicó en 4,1% en los últimos 12 meses (1). Se trata del registro inflacionario más bajo desde septiembre de 2005.
La lógica nos indica que la baja o la desaceleración de la inflación, es una buena noticia para los trabajadores y los sectores populares en general. Un mismo ingreso monetario «rinde» más si la inflación es más baja en comparación a lo que permitiría comprar con una inflación más alta.
Por su parte, con una mirada más general del conjunto de las variables relevantes, el análisis se enriquece y se complejiza. Para los trabajadores lo más relevante es la evolución de los salarios reales, es decir, la relación entre la variación de los salarios y la variación de los precios. En este aspecto, venimos de 30 meses de caída de salario real (marzo de 2020 a septiembre de 2022) y 10 meses de recuperación (octubre de 2022 a julio de 2023). Lo que no hay dudas es que cuando hagamos el balance del quinquenio serán muchos más los meses en que estuvimos con un salario real inferior al que teníamos en 2019, que los que estemos por encima, siempre y cuando la recuperación continúe. La nueva riqueza generada en estos años no ha sido repartida con los trabajadores.
Otro aspecto para considerar, que puede parecer más abstracto para los trabajadores, pero es clave, tiene que ver con las razones de la baja de la inflación. Desde nuestro punto de vista, el principal factor (no el único) que explica esta trayectoria de la inflación en los últimos meses, es la política monetaria aplicada y su impacto a través del tipo de cambio. El Banco Central (BCU) elevó fuertemente las tasas de interés, haciendo más atractivas las inversiones en pesos y menos atractivas las inversiones en dólares. En el mercado de cambios esto ha llevado a una desvalorización del dólar en relación con el peso uruguayo, sobrevaluación cambiaria o como se le conoce más coloquialmente: atraso cambiario. En los últimos 24 meses, entre agosto de 2021 y agosto de 2023, la inflación doméstica acumulada fue de 14% y el tipo de cambio nominal bajó un 12% (de $43,20 a $37,90) lo que implica que el tipo de cambio real tuvo una disminución de 23% en el período.
La situación de “desalineamiento cambiario” viene siendo destacada por varios analistas económicos y también ha sido reconocida por el propio Banco Central, que estima que el tipo de cambio real efectivo está aproximadamente un 15% por debajo de sus «fundamentos» (2).
Si bien la baja del dólar no solamente se explica por un factor (el gobierno ha destacado el incremento de las inversiones y las exportaciones en 2022 lo cual genera abundancia de dólares y reduce el precio de la moneda extranjera, así como las tendencias mundiales) desde nuestra perspectiva es muy claro que la política monetaria aplicada ha contribuido directamente a esta trayectoria.
El dólar «atrasado» ayuda a bajar la inflación por la vía del abaratamiento de los bienes de consumo importados y de los insumos que se utilizan en la producción nacional. Pero tiene riesgos o contraindicaciones. Por un lado, afecta negativamente la competitividad de las empresas nacionales, tanto las exportadoras como las que compiten con bienes importados. Los sectores o capitales con mayor «margen» o «espalda» pueden sobrellevar la coyuntura, pero las pequeñas y medianas empresas enfrentan enormes dificultades. Por otro lado, relacionado con lo anterior, el atraso cambiario es una forma extremadamente ineficiente y perniciosa de «distribuir» la renta extraordinaria que obtienen los sectores exportadores más competitivos, como surge de importantes estudios sobre el tema (3). Los grandes capitales de los complejos agroexportadores ganan menos de lo que ganarían si el dólar estuviera más alto y los asalariados mejoran su poder de compra en dólares; pero el dólar barato «para todos» favorece la fuga de capitales para atesoramiento y la especulación con que se beneficia el capital financiero. Es una «distribución» injusta porque termina favoreciendo al asalariado que mejora en algo su poder de compra, pero favorece mucho más al que puede comprar dólares para atesorar y al capital que obtiene grandes ganancias mediante la timba financiera. Es ineficiente en cuanto al modelo de país porque impide el desarrollo del aparato productivo.
(*) Economista
Referencias:
(2)
(3)
Foto de portada:
Economía. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS.
