La red regional de organizaciones de la sociedad que defiende y promueve la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en América Latina publicó su informe anual 2021.
“El clima de enfrentamiento que se ha mantenido desde el partido en el poder en contra de periodistas nunca disminuyó desde las elecciones de 2020 y se agudizó con la pandemia de la COVID-19, a medida que los medios se volcaron a fiscalizar la respuesta gubernamental y a verificar el discurso público, incluyendo el de personajes políticos”, se lee en el capítulo dedicado a Uruguay.
Conocida como Red Voces del Sur (VdS), la organización se dedica al monitoreo de las agresiones que se registran contra dichos derechos fundamentales.
De acuerdo al resumen ejecutivo del Informe Sombra 2021, recoge información de ocho de los 13 países para los cuales existen datos comparativos de 2020.
En ese sentido se señala que, en comparación con el año anterior (2020), las alertas se “incrementaron notablemente”.
“Al igual que en 2018 (55%), 2019 (77%), y 2020 (59%), la mayoría de las alertas en 2021 (72%) identifican al Estado como el principal agresor”, se lee en el documento.
Del conjunto de los 13 indicadores monitoreados, los mayores incrementos se verificaron en las detenciones arbitrarias con un 198% de incremento.
Los datos sobre uso abusivo del poder estatal indican un crecimiento del 193%, mientras que el discurso estigmatizante se incrementó un 83%.
Las restricciones en el acceso a la información y las agresiones y ataques se incrementaron en un 50 y 18%, respectivamente.
¿Y Uruguay?
Para el caso uruguayo, el apartado dedicado a la situación en el país comienza afirmando que “el Estado uruguayo ya no es el gran protector de las libertades”.
En este sentido se afirma que “los datos de 2021 señalan claramente que ya no es posible considerar al Estado uruguayo como un modelo a seguir en materia de la protección de las libertades fundamentales en América Latina”.
En el país hubo “un crecimiento del 90% en el número total de alertas entre 2020 y 2021, pasando de 377 a 70 alertas registradas”.
El deterioro de la situación, se añade, “fue impulsado por un aumento del 450% en un discurso estigmatizante, 400% en procesos civiles y penales, y 67% en restricciones en el acceso a la información”, datos estos que permiten aseverar que existe “un deterioro del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que por años fue estandarte del Estado uruguayo”.
El Informe resalta que CAinfo, organización integrante de la red, encendió “las alarmas sobre la preocupante escalada de hostilidad hacia la labor de la prensa uruguaya”.
“En 2021”, se detalla en el Informe, “el Estado fue identificado como agresor en el 70% de las alertas en Uruguay”.
“Es innegable”, se enfatiza, “que el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha propiciado antagonismo hacia la prensa”, siendo un ejemplo de lo anterior “la prevalencia de casos de discurso estigmatizante por parte de personas funcionarias públicas, ministras y senadoras”.
Del mismo modo el Informe denuncia como alarmante, “las demandas judiciales a periodistas por parte de partidistas de Lacalle”, así como “la tendencia al uso del sistema judicial como forma de inhibir las investigaciones periodísticas”.
Los registros indican, según los datos aportados por CAinfo, que se produjeron “41 alertas por violencias en contra de periodistas hombres y 10 en contra de mujeres”, que representa “un aumento en el registro de 116% y 150% respectivamente”.
“Es preocupante que una de las democracias más sólidas en la región se deteriore de manera tan rápida”, se afirma en el reporte que convoca a que “la sociedad civil uruguaya y el Estado” trabajen “para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de intereses partidarios”. “El presidente Lacalle Pou”, se enfatiza en el documento, “debe dar cuentas de las acciones de su gobierno y sus aliados políticos en contra de la prensa y frenar los avances de los miembros de su partido para criminalizar y estigmatizar a periodistas”.
De igual forma, en el texto se llama a trabajar para “recuperar y fortalecer un marco institucional claro que proteja la labor de las personas periodistas por encima de la voluntad de quien esté en el poder”, un proceso que debe ser acompañado y monitoreado tanto por las organizaciones nacionales, como por las internacionales, con vistas a “frenar el actual deterioro” que se observa en el país.
Foto de portada:
Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
