Era el 21 de abril de 2021 y tomábamos conocimiento del texto del acuerdo que el Poder Ejecutivo había firmado con la empresa Katoen Natie, entregándole en exclusividad y de manera monopólica el manejo de los contenedores en el puerto de Montevideo hasta el año 2081. Desde ese momento, no dudamos en alertar lo que se venía a raíz de este acuerdo: un nuevo arbitraje internacional de inversiones promovido por las empresas que fueron afectadas de manera directa y evidente por las nuevas concesiones monopólicas.
Parafraseando a García Márquez y a su “Crónica de una muerte anunciada”, esta empezaba a ser la crónica de un arbitraje anunciado. Un arbitraje que se veía venir desde el año 2021 y que tenía como fecha de inicio abril de 2024, cuando se cumplieran tres años de la toma de conocimiento del acuerdo según el Tratado con Chile para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Se sabía, era cuestión de tiempo y los hechos nos dieron la razón. Pero, al arbitraje de los capitales chilenos en Montecon se suma el de ATCO, la parte canadiense de la misma empresa. O sea, dos partes demandando al Estado uruguayo en virtud de dos tratados de protección de inversiones, uno con Canadá y el otro con Chile.
Un acuerdo opaco
Por supuesto que presentamos un pedido de acceso a la información pública exigiendo que esta vez se nos brinde toda la información sobre este asunto. Hasta ahora, desde el gobierno han tenido un accionar omiso a la hora de brindarnos información y hemos tenido que recurrir a la justicia. De hecho, la última vez que tuvimos que recurrir a ella la ANP terminó condenada a pagar una multa por resistirse a brindarnos la información solicitada. A ese nivel llega la falta de transparencia.
Ahora, esperamos que la respuesta sea otra y entiendan que esto es una cuestión de Estado y que deben informar a la oposición de este nuevo arbitraje y las estrategias que tienen pensadas para evitar una derrota.
Monopolio de regalo
¿Cómo llegamos hasta acá? Me consta que lo hemos repetido hasta el cansancio durante los últimos años, pero vale la pena recordarlo una vez más. Luego de que en el año 2019 y 2020 la empresa Katoen Natie amenazara al Estado uruguayo con iniciarle un arbitraje internacional por US$ 1500.000.000 (dólares estadounidenses mil quinientos millones) de manera infundada, en febrero de 2021, el gobierno de Lacalle Pou decidió firmar un acuerdo transaccional dándole la razón a la empresa y creando un régimen monopólico a su favor.
Un régimen monopólico que además de afectar al resto de los competidores que operaban en los muelles públicos se oponía a la Constitución de la República, a la Ley de Puertos, a la Ley que creó la empresa de economía mixta Terminal Cuenca del Plata y, a la Ley de Promoción de la Libre Competencia. Se hizo sin asesoramiento jurídico, informes económicos ni nada. Fue una dádiva arbitraria que en nada benefició al país y en mucho benefició al socio mayoritario de Terminal Cuenca del Plata, la empresa Katoen Natie. La posición contraria a este acuerdo no fue sólo nuestra. Cinco cámaras empresariales denunciaron el monopolio consolidado en el puerto.
En el medio, hubo una denuncia penal, recursos administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están para dilucidarse y un puerto cuyo funcionamiento se volvió muy ineficiente y caótico si se lo compara con el año 2019. Hubo decenas de despidos de parte de lo operadores portuarios que trabajaban en los muelles públicos que debieron reducir sus plantillas porque este acuerdo monopólico los perjudicaba de manera evidente. En definitiva, una situación caótica y muy alejada de ese puerto Hub que tanto había prometido el gobierno.
La defensa de la República
Ante el arbitraje internacional, la defensa inclaudicable del interés nacional. Lógicamente, quienes fueron perjudicados en esta operativa iban a reclamar en un juicio internacional. Era bastante obvio que eso iba suceder y tenía fecha de inicio: abril de 2024. Es que las nuevas reglas de juego monopólicas, no se correspondían con lo que había sucedido antes ni tampoco con lo establecido por la ley de puertos y la ley que creó la empresa de economía mixta Terminal Cuenca del Plata.
Estas disposiciones, consagran justamente la libre competencia entre operadores portuarios, en régimen de igualdad con la terminal especializada. ¿Dijimos que Katoen Natie nos amenazó con un arbitraje internacional por US$ 1500.000.000 (dólares estadounidenses mil quinientos millones)? Bueno, este arbitraje -que no es una amenaza sino una realidad, porque ya está ocurriendo- podrá costarnos US$ 1200.000.000 (dólares estadounidenses mil doscientos millones). Mal negocio para el Uruguay…
Todo eso no quita que nuestro país no deba plantear la mejor estrategia para salir victorioso de este nuevo arbitraje internacional. Ya lo hemos hecho con resultados satisfactorios, como fue el arbitraje contra la tabacalera Philip Morris o el arbitraje contra Italba y tantos más.
Por eso debemos plantarnos firmes a defender nuestros intereses sin concesiones ni medias tintas. Como lo hicimos antes, demostrando que nuestro país es serio y respetuoso de las inversiones extranjeras pero que no se deja amedrentar ante una disputa de este tipo.
La responsabilidad del gobierno
Nos quedan muchas dudas del reclamo de Montecon como nos quedaban muchas dudas del reclamo de Katoen Natie. ¿Cómo es posible que Montecon reclame en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y paralelamente lo haga a nivel internacional a través de sus accionistas? No parece posible recurrir a las dos vías. Pero en todo caso es el gobierno quien tiene la obligación de arreglar este entuerto en el que se metió solo. No sólo arreglar este desaguisado, sino explicar a la sociedad cómo se llegó a esto, haciendo oídos sordos a las advertencias realizadas.
De parte nuestra, cuando se juega el interés nacional, tendremos siempre la mano tendida. Así lo hicimos y creemos que deberá hacerse en el futuro.
Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
