Las urgencias económicas del gobierno

Elaboración colectiva del equipo de “Valor!!”, suplemento económico de EL POPULAR.
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El año 2020, en el que asume el nuevo gobierno de coalición de derecha en nuestro país, estuvo signado a nivel internacional por la emergencia sanitaria asociada a la pandemia por COVID–19.

Los problemas estructurales del capitalismo se hicieron más evidentes, mostrando su incapacidad para enfrentar los impactos de la crisis sanitaria, económica y social. Los efectos de la actual crisis económica no tienen precedentes, aunque quizás puedan compararse en algunos aspectos con los asociados a la Gran Depresión de la década de 1930, o a los impactos de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en anteriores crisis globales del sistema, han quedado al desnudo la precariedad del trabajo, la debilidad de los sistemas de protección social y en particular de los sistemas de salud, la inmoralidad de la industria farmacéutica y el aumento de las desigualdades. Todos aspectos estructurales del sistema, que en el marco de la agudización de la crisis se evidencian aún más.

A nivel mundial se perdieron en el 2020 el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En América Latina la situación es particularmente preocupante, donde se perdieron 47 millones de puestos de trabajo. Además de la importante caída del empleo, muchos trabajadores asimilaron una merma en sus ingresos. Se estima que más de 100 millones de personas en el mundo pasaron a vivir en condiciones de pobreza extrema y que el número podría continuar creciendo a lo largo del 2021 y llegar a 150 millones. En América Latina el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema asciende a 5 millones.

La reducción del papel del Estado y el libre mercado no han ayudado a salir de las crisis, sino todo lo contrario, han empeorado las condiciones de vida de las poblaciones más postergadas. En esta crisis particular, la mayoría de los gobiernos del mundo han adoptado un enfoque de política fiscal expansiva, flexibilizando los déficits y aumentando el nivel de endeudamiento de los países, se han destinado recursos para apoyar el bienestar de la población mayormente afectada. Tal es así que grandes potencias como China, Estados Unidos, Gran Bretaña, proyectan déficits fiscales superiores al 10% del PIB, en tanto que los países de la región como Brasil, Chile, Argentina han optado por medidas similares, con el objetivo de evitar el colapso social. Sin embargo, en Uruguay, el gobierno ha tomado el camino contrario.

En nuestro país, el programa de gobierno de la coalición representa, como no podía ser de otra forma, los intereses del gran capital, de la clase dominante, por lo tanto, a un porcentaje muy reducido de capital concentrador y elitista. Los planteos realizados por la coalición de gobierno durante la campaña electoral mostraban la reducción del gasto público como uno de los ejes centrales para el período, prometiendo un ahorro de 900 millones de dólares y una regla fiscal. Era imposible tal magnitud de recorte sin afectar las políticas sociales, la inversión pública y los salarios. A su vez, y aunque el dólar ya se había incrementado en un 20% a inicios del 2020, el futuro presidente manifestaba que debería estar más alto, propiciando una mayor rentabilidad del sector exportador. Mientras tanto el mensaje hacia el mundo del trabajo priorizaba la generación de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas, tras un discurso donde los salarios habrían crecido excesivamente a instancias del poder de los sindicatos. Finalmente vuelve el viejo discurso neoliberal del Estado ineficiente y las bondades de la iniciativa privada y el emprendedurismo.

Ley de Urgente Consideración; Ley de Presupuesto Nacional; política salarial regresiva y vaciamiento de los Consejos de Salarios

Para imponer su Programa el gobierno se ha valido de estas tres grandes herramientas. Ciertamente es la LUC la que, en forma temprana e inoportuna (en plena pandemia), fija la orientación política de la conducción de este gobierno de coalición. Una ley que se caracteriza, además de ser fuertemente punitiva, privatizadora y concentradora del poder, por convertirse en el necesario “brazo ejecutor” del Presupuesto que se plantea por el Poder Ejecutivo (PE). Entre los tantos aspectos que abarca la LUC, se crea un dispositivo jurídico con enormes repercusiones en la vida cotidiana, pero fundamentalmente y en forma directa sobre la asignación presupuestal.

Se trata de una ley que como visión global propone el achicamiento del Estado, limitando su rol social, productivo y dando paso al libre hacer del mercado. El foco no se encuentra en las condiciones de vida de las personas sino en los intereses de un grupo pequeño de privilegiados, el gran capital. Esta ley nos adelanta los compromisos asumidos por la coalición con los grandes grupos económicos del Uruguay y el capital transnacional, así como la defensa intrínseca de lo privado e individual sobre lo público y colectivo, socavando toda soberanía nacional. Hablamos de una implementación del proyecto restaurador y neoliberal, que no persigue más fin que transferir recursos del trabajo al capital, individualizando ganancias y socializando los costos de una crisis a escala mundial. Se pretende descartar los dispositivos colectivos de protección y promoción social, insistiendo en el recorte de la inversión pública social dando paso a la actividad privada, y, por tanto, al mercado como garante. En un momento de crisis económica, esta ley plantea una regla fiscal que limita el gasto del Estado, bajo la concepción de que el gasto social es muy elevado y que cualquier gasto público es malo de por sí, todo lo cual no hace más que profundizar la situación de emergencia por la que pasan miles de personas. Al mismo tiempo, la ley favorece el lavado de activos, fomenta la informalidad y violenta los derechos de los trabajadores, criminalizando, por ejemplo, un derecho humano fundamental como el de la huelga.

En la ley de presupuesto se ejecutaron las políticas económicas que la LUC había dejado encaminadas, se recortan las áreas sociales. Para el gobierno, representante del gran capital, las inversiones sociales son un estorbo en la obtención de sus ganancias y es por ello que las recortan y pretenden dejarlas en manos de intereses privados. A modo de ejemplo, las políticas de vivienda llevadas adelante en este año de gobierno profundizan el déficit habitacional que vive el país. Las partidas asignadas al MVOT se recortaron en 2.100 millones de pesos, lo cual compromete seriamente la ejecución del Plan Quinquenal. Los programas destinados a las poblaciones más sumergidas ven reducido su presupuesto notoriamente. Es así que el Programa de Mejoramiento de Barrios construirá 4.400 viviendas menos y el Plan Juntos 1.900 menos.

En educación, solamente en la ANEP el recorte presupuestal es de 2.700 millones de pesos, del cual 70% se explica por el rubro remuneraciones. Por lo que funcionarios y docentes del sistema educativo no solo trabajarán en peores condiciones, sino que además verán disminuido notoriamente el poder de compra de su salario. Este recorte ha llevado a que, por ejemplo, la infraestructura edilicia no esté asegurada para un nuevo comienzo de clases, el cual se desarrollará en comunidades educativas muy menguadas. En una visión de mediano plazo, el gobierno tampoco prevé financiamiento para culminar la universalización educativa de los niños de tres años, para mantener el alcance de la modalidad de jornada completa para alumnos de los quintiles más bajos o para continuar con la universalización del ciclo básico.

En políticas sociales el retroceso en el sistema de cuidados, la falta de respuesta a la problemática de las personas con discapacidad, el aumento sustancial de las personas en situación de calle, el recorte en el MIDES, el INAU y el INISA, que afecta particularmente a niños y jóvenes en condiciones extremas de vida, son una muestra de las intenciones del gobierno. En la propia ley de Presupuesto, al tiempo que miles de compatriotas veían caer su salario y en el peor de los casos perdían su trabajo, se aumentaba el sueldo de los jerarcas del MIDES, que pasaban a ganar 166 mil pesos por mes, lo que deja en claro la poca conciencia social y colectiva por parte del gobierno.

Asimismo, con una clara línea mercantilizadora, el objetivo de desmantelar las empresas públicas, iniciado en la LUC, comienza a materializarse en el presupuesto, principalmente en los artículos referidos a la desmonopolización de ANCAP y a la regla financiera que se les impone a todas las empresas públicas, la cual de no cumplirse es probable que las empresas, que son de todos los uruguayos y uruguayas, se vean obligadas a vender parte de su patrimonio.

Al mismo tiempo que se materializa en la ley de Presupuesto un recorte en el gasto público, en las políticas sociales y en la inversión de las empresas públicas, se tejen vínculos con el capital privado y principalmente con el sector agroexportador. Este sector se vio plenamente favorecido gracias a la depreciación del tipo de cambio, variable clave para determinar su rentabilidad, es decir, pérdida de valor del peso uruguayo que permitió ganancias extraordinarias a dicho sector y pérdida de poder de compra de los salarios del resto de la población. La ganancia de competitividad vía depreciación de la moneda, casi que compensa totalmente la caída en el valor exportado de nuestra economía sin contar zonas francas. En el período donde se da lo peor de la pandemia a nivel mundial (enero a mayo 2020), la caída de las exportaciones medidas en dólares es casi totalmente revertida por una depreciación de la moneda nacional muy por encima de la inflación doméstica, que hace que esos dólares valgan más que antes. Por lo tanto, el sector agroexportador al recibir dólares por sus ventas, aumentó sus ingresos en plena pandemia, mientras los y las asalariadas se veían afectadas por la crisis económica del país. Por si esto no fuera suficiente, el gobierno favorece a los grandes terratenientes con una reducción de los impuestos al patrimonio.

Finalmente, una tercera herramienta es el desmantelamiento de los Consejos de Salarios, utilizando la pandemia como excusa, generando una sensación de dicotomía falsa entre empleo y salarios y perjudicando de esta manera a la gran mayoría de la población trabajadora que vio reducido su poder de compra. La política salarial ha sido de rebaja real, tanto en el sector privado como en el público, asegurando la caída en 2020 y 2021, sin establecer de forma concreta un cronograma de recuperación (hasta el momento), que a juzgar por las proyecciones y artilugios de cálculos del gobierno, posiblemente no sea recuperado ni siquiera retroactivamente al final del período. El gobierno manifiesta que esto ha sido en acuerdo entre las tres partes, deslindando su responsabilidad y atribuyéndole a los trabajadores parte de la misma. Sin embargo, en el sector público claramente no fue así, ya que el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, fue duramente criticado por los trabajadores de este sector, en tanto que los asalariados privados desplegaron su lucha consiguiendo algunos convenios colectivos que resguardan el poder adquisitivo y reclamaron un diálogo nacional por empleo y salario, en contrapartida con lo planteado por el Poder Ejecutivo y las patronales, que ni siquiera querían que se convocaran los Consejos de Salarios.

Quiénes pagan los costos de la crisis

Las medidas económicas para sobrellevar la emergencia social han sido completamente insuficientes, priorizando el resultado fiscal, vía el achique del Estado, y la paradoja de mantener encendidos los motores de la economía a través de la élite privada. Diversos ejemplos dan cuenta de quienes pagarán los costos de la crisis.
Recorte en el gasto social. Los recortes del gasto público con miras a disminuir el déficit fiscal, justificados en eliminar los supuestos despilfarros, se iniciaron tempranamente con el Decreto 90/2020, dos días antes de decretarse la emergencia sanitaria. Dicho decreto fijó un tope de ejecución para el año 2020 del 85% de los créditos comprometidos del año anterior. Es decir, que se obligaba a los organismos del Estado (al barrer y sin un diagnóstico claro de la situación) a hacer un abatimiento del gasto público del 15%. El 13 de marzo se declara la emergencia sanitaria, y en adelante, a pesar de los evidentes impactos de la pandemia en el trabajo, la pobreza y los ingresos de los hogares, el gobierno sigue en pie con su política de achique, al punto que dicho decreto en ningún momento fue siquiera flexibilizado.

Aumento de tarifas públicas. Continuando con la intención de cumplir sus objetivos, pasando por encima toda circunstancia, deciden seguir aumentando el costo de vida de la población mediante el aumento de las tarifas públicas (dos veces en menos de 12 meses). En abril de 2020 los aumentos fueron para UTE 10.5%, OSE 10.7% y ANTEL 9.8%, y en enero 2021 de un 5% en la UTE, un 6.5% en la OSE, un 6.4% en ANTEL y un 6.2% en el caso de la nafta y el supergas. Resulta realmente llamativo que dentro de la diferenciación de aumentos que se realiza en el caso de las telecomunicaciones, el incremento más importante sea el internet (9,5%) en el medio de un auge de las necesidades de esta herramienta debido al aumento del teletrabajo, la educación virtual o semipresencial, las comunicaciones en general desde el hogar, etc. Resulta muy evidente la intención recaudatoria de esta medida, sabiendo que es un servicio que los hogares necesitan utilizar cada vez más. Estas medidas muestran nuevamente lo demagógicos que fueron los planteos de los actuales integrantes del gobierno nacional durante la campaña electoral. En actos públicos y entrevistas de prensa los candidatos de la coalición, particularmente el actual presidente de la República, dijeron que las tarifas no solamente no tenían que aumentar, sino que había condiciones para bajarlas en términos absolutos y que ellos estaban en condiciones de hacerlo. Sin embargo, en plena pandemia, deciden cargar la recaudación impositiva vía tarifas públicas al conjunto de hogares.

Cambio en el ajuste de la BPC. Menores prestaciones sociales y mayores impuestos al trabajo. Adicionalmente, en enero de 2021, el gobierno nacional optó por ajustar el valor de la BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) por el Índice Medio de Salarios, en lugar de utilizar el Índice de Precios al Consumo que es el criterio que se venía utilizando históricamente. Esta opción seguida por el gobierno hace que más personas paguen IRPF y que los que ya pagaban tributen más, en comparación a la situación que se tendría si se hubiera seguido el criterio histórico. Esta medida fiscalista supone un golpe adicional al salario de los sectores medios que se suma al deterioro real sufrido a lo largo de 2020 y proyectado para el año en curso. A su vez, el cambio de criterio de ajuste perjudica a sectores sumergidos de la población, que reciben prestaciones del Estado que se ajustan por la BPC y que al tener un ajuste por debajo de la inflación verán reducido su poder de compra (seguro de desempleo, subsidio por enfermedad, asignaciones familiares, entre otras).

Incremento de la carga impositiva. En el año 2020 se observó un incremento de la carga impositiva del orden de 0.5% del PIB, influenciado seguramente por la eliminación de la rebaja de 2 puntos del IVA en compras con tarjetas de débito y medios de pago electrónico (operaciones hasta 4.000 UI) Aunque el presidente haya reiterado en su discurso a un año de gobierno que cumplieron con la promesa de no aumentar impuestos.

Principales resultados en materia económica y social

Mientras el gobierno se regocija por el logro de metas fiscales, no se tienen en cuenta para nada los impactos sociales. El gobierno festeja una reducción del déficit fiscal de 660 millones de dólares, y se da el tupé de manifestar que las respuestas para combatir la pandemia han sido contundentes. A este respecto vale señalar que la cuantificación del gasto que hizo el gobierno es completamente engañosa. A los gastos del Fondo Covid de 711 millones de dólares, el gobierno suma 506 millones de dólares del Sistema de Garantías (SIGA), que en realidad es una garantía del Estado para que las empresas accedan a préstamos. Por tanto, no constituye un gasto, sólo lo será en un futuro si las empresas no pagan, cosa muy poco probable. Esta contabilización no es correcta y así fue señalado por diversos técnicos. No es lo mismo lo que el Estado puso a disposición que lo que realmente se gastó. Además, el gasto contabilizado a cuenta del Fondo Covid también es cuestionable. A modo de ejemplo, se computan 17 millones de dólares, referidos a la licencia de la construcción, cuando solo deberían contabilizarse 5 millones, dado que el BPS recuperará el 70% de este gasto, tal cual lo establece el acuerdo tripartito. A la vez, se computa también la renuncia fiscal asociada a la menor recaudación del BPS a causa de la pandemia, cosa también discutible ya que no se trata de egresos del Estado.

Más allá de los artilugios, nada evita que Uruguay sea uno de los países que menos ha gastado para evitar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Incluso dando por válido lo registrado en el Fondo Covid, el gasto para hacer frente a la pandemia equivale apenas al 1.3% del PIB, mientras que en las principales economías, el gasto fue de 10,6% del PIB en promedio, y en la región, podemos observar valores de 8% en Brasil o Chile.

A continuación repasamos los principales indicadores sociales, dado que el gobierno trata de evitar hacer mención a ello.

Caída del Empleo y de los Salarios. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el año 2020. Esta caída afectó tanto a hombres como a mujeres. Al mismo tiempo, las personas en seguro de desempleo en 2020 fueron 111.000 en promedio, más del doble de lo que habían sido en la situación pre-pandemia (45.000). En el último mes del año, cerca de 80.000 personas permanecían en el seguro de desempleo, cobrando aproximadamente la mitad de sus salarios.

Se ha procesado por tanto, un fuerte ajuste en materia laboral, no sólo en términos de ocupación, sino también en términos salariales. La caída del salario real fue de 2,4% comparando enero de 2021 con enero del 2020 y se proyecta que para el 2021 podría ser de entre el 3% y 4%, condicionado a lo que suceda en la próxima ronda del Consejo de Salarios del sector privado. Tanto para el primer bienio como para el quinquenio del gobierno de Lacalle Pou, se prevé una caída de la participación de la masa salarial en el PIB, y por ende un aumento del peso de los ingresos del capital. Nada que no sea esperable de un gobierno neoliberal, que individualiza las ganancias, socializando las pérdidas. Parte de estas ideas se concretan por ejemplo, en la flexibilización otorgada a empresas privadas para pagar salario vacacional. Es decir, se permite que el capital privado se financie a costa de la clase trabajadora.

Aumento de la pobreza y la desigualdad. Ya en abril de 2020, el Instituto de Economía de la UdelaR estimaba un incremento de la pobreza que afectaría a 100.000 personas. Recién en febrero de este año, la Ministra de Economía adelantaba estimaciones que indicaban un aumento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en el año 2020. Inmediatamente, el Ministro de Trabajo hizo referencia a una estimación de incremento de la pobreza en 4 puntos. Más allá de las imprecisiones, podríamos estar hablando de 140.000 personas más por debajo de la línea de pobreza (12% total). Si a esto le sumamos las personas en situación de calle que se duplicaron entre 2019 y 2020, es evidente la gravedad de la situación. Asimismo, se estima un 5% de aumento en la desigualdad medida a través del índice de Gini. Lo inmediato, lo urgente, era y es definir políticas para revertirlo.

Perspectivas para el 2021
En el balance económico realizado por el Poder Ejecutivo (primero por la ministra Arbeleche a inicios de febrero y retomado el 2 de marzo por el presidente Lacalle Pou) se soslaya la situación de emergencia de miles de familias trabajadoras. Los números hablan por sí solos: 60.000 ocupados menos, entre 70.000 y 140.000 pobres más (según se tome el guarismo adelantado por la ministra de Economía o el ministro de Trabajo), caída del salario real y los ingresos reales, cientos de ollas populares.

El gobierno celebra el ahorro y los números fiscales. Simultáneamente, la asistencia a la población y la inversión para sostener el tejido productivo es muy insuficiente, en relación tanto a las posibilidades financieras del país como a cualquier comparación internacional.

Para el año 2021 el gobierno mantiene la tónica. Los recortes en el Presupuesto (salarios, jubilaciones e inversión pública) ya son conocidos y afectarán este año las posibilidades de reactivación económica. Se plantea un gasto social total para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de 540 millones de dólares en 2021, con los instrumentos que se vienen utilizando desde el año pasado, monto inferior a lo destinado en 2020 que ya era muy insuficiente. Se anuncian inversiones en infraestructura pública por 1.200 millones de dólares para 2021 (sin detallar cuánto de esta inversión será por recursos aportados por el gobierno y cuánto por el sector privado). El optimismo se centra en algunas grandes inversiones privadas, promovidas por la ley de inversiones, que aún tienen grado de incertidumbre en su concreción y respecto al empleo que pueden generar. Se mencionó la cifra de 4.300 nuevos empleos asociadas a las inversiones promovidas, un cifra muy baja en relación a los empleos perdidos el año pasado y muy por debajo de la proyección manejada por el gobierno en la Ley de Presupuesto.

Continúan la tónica de las medidas que se venían implementando para las micro, pequeñas y medianas, las cuales han sido totalmente insuficientes.

Sigue la apuesta a la reducción del déficit fiscal como centro (con las grandes mayorías populares pagando por esto) y a una recuperación jugada en solitario por los “malla oro”, apostando al derrame económico que nunca tuvo sustento empírico, mientras el gobierno carece de un plan estratégico de reactivación.

Sin un cambio de rumbo, todo parece indicar que vamos a una reactivación lenta (recién en 2022 se llegaría a los niveles de actividad de 2019), con enormes fragilidades y heterogeneidades en el tejido económico y sobre todo con mayor desigualdad y pobreza entre los habitantes del Uruguay.