Trescientas treinta y tres redes y organizaciones de Derechos Humanos condenaron mediante una declaración pública la violencia del Estado sionista en Palestina.
La declaración se produce a pocos días del cierre por Israel de 7 instituciones palestinas que fueron allanadas por las fuerzas de seguridad israelí.
La declaración hace énfasis en lo que califica como “brutal agresión del Estado ocupante”, que mantiene un estado de apartheid permanente en Palestina,
El cierre de las instituciones palestinas se produjo bajo el argumento de que las mismas apoyan al “terrorismo”.
Además del cierre, las fuerzas de seguridad sionista procedieron a confiscar todos los materiales e insumos que se encontraban en las mismas.
La intrusión israelí ha sido calificada como “ilegal” y durante la misma, reseña el portal KaosenlaRed los ocupantes se presentaron al estilo de las “pandillas nocturnas” y sin la “presencia de los responsables de estas instituciones”.
La agresión a estas organizaciones palestinas forma parte de la persecución a la que son sometidos los palestinos por parte de las fuerzas de ocupación y constituye una flagrante violación de la Declaración Universal para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas en 1998.
En la declaración emitida, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a:
- “Los organismos internacionales que trabajan por la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para presionar a la potencia ocupante, y que se declare la cancelación inmediata de la orden militar que clasifica a las instituciones palestinas como ilegales, al cierre de la sede y la criminalización de la labor de las siete instituciones palestinas y sus empleados, y condenando las amenazas de los directores de estas instituciones directamente por parte de las autoridades de ocupación, como el abogado Khaled Quzmar (Director del Movimiento Internacional para la Defensa del Niño) fue citado por la inteligencia israelí el domingo 21 de agosto (fue liberado en el noche), y amenazado por teléfono directamente por un oficial de inteligencia, el abogado Shawan Jabarin (Director General de la Fundación Al-Haq)”.
De igual forma convocan al “Comité Internacional de la Cruz Roja, para que active su función de obligar a la Potencia ocupante a respetar las reglas y normas del derecho internacional humanitario, especialmente el Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I”.
El texto recuerda que “el Informe Especial de las Naciones Unidas para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (…) obliga a la Potencia ocupante a respetar la Declaración Universal de los Defensores de los Derechos Humanos en Palestina y el Golán ocupado” y añade que “el informe especial sobre la libertad de opinión y el derecho a establecer asociaciones” había preparado “un informe especial sobre las políticas sistemáticas de la ocupación contra las asociaciones palestinas”, explicando que, en “las últimas dos décadas, 42 instituciones de la sociedad civil palestina” habían sido “cerradas en la Jerusalén ocupada”.
El documento añade que, tanto Naciones Unidas, como la Unión Europea, anunciaron el “rechazo a las medidas israelíes para imponer sanciones y restricciones al comercio y un embargo de armas al país ocupante, y no sólo la condena verbal”.
Finalmente, se exhorta a “los pueblos libres del mundo para apoyar los derechos humanos palestinos y las instituciones civiles y el pueblo palestino en general que continúan resistiendo a la entidad sionista que ha usurpado su tierra durante siete décadas y media, para proteger y restaurar sus derechos legítimos e inalienables, el principal de los cuales es su derecho a la independencia del colonialismo sionista, el retorno de los refugiados, la autodeterminación y el establecimiento de su Estado Palestino democrático independiente en su suelo nacional, con Jerusalén como su capital”.
