En el programa Voces de Montevideo fue entrevistado Pablo Da Rocha, economista e integrante del Instituto Cuesta Duarte, quien explicó cómo impacta la LUC a nivel económico.
En primer lugar, Da Rocha explicó que la regla fiscal es «un dispositivo institucional que busca dotar de credibilidad la política fiscal de un gobierno, cómo maneja las cuentas públicas» y «establece procedimientos para alcanzar algunos objetivos, en este caso pone un tope al gasto público, lo que restringe las posibilidades de hacer política pública, incluso en el contexto de crisis económica y social, donde más recursos públicos se necesitan, este dispositivo impide dotar a la política pública de los recursos necesarios, en consecuencia, podríamos atestiguar el empeoramiento de las políticas públicas o directamente su desmantelamiento».
A su vez, detalló que es «la columna vertebral de la política económica y social, la ley de urgente consideración es quien da nacimiento a esta regla fiscal y es la columna vertebral del gobierno, es el plan de este gobierno de coalición».
«La ley de presupuesto que todos entendemos ha sido el principal instrumento de política económica, donde uno querría ver reflejadas las promesas electorales, se configura en este caso como un brazo ejecutor de la LUC. La ley de presupuesto está condicionada por esta ley, esta regla fiscal restringe el presupuesto nacional, hace que no existan los recursos necesarios para la educación, salud, vivienda, para llevar adelante políticas de transferencia necesarias para mantener el tejido social que se había construido durante los gobiernos del Frente Amplio», sostuvo.
«No contar con los recursos por culpa de este dispositivo que orienta toda la política a alcanzar esos objetivos implica que la calidad de los servicios públicos vaya progresivamente empeorando su calidad o directamente se recorte la política pública. Eso no es culpa del presupuesto, que determina o ejecuta lo que la Ley de Urgente Consideración establece, la última responsable es la LUC, por eso buscamos con este referéndum del 27 de marzo con la derogación de los 135 artículos golpear fuertemente los que entendemos que son los artículos más regresivos, este es el caso, no solamente restringe las posibilidades de llevar adelante política pública necesaria sino que se dió en el marco de la pandemia, cuando los países necesitan más recursos, los déficits fiscales de todos los países, incluso aquellos con reglas fiscales similares a las que se propone, expandieron el gasto por una razón: el pueblo lo necesitaba», afirmó Da Rocha.
«Hay que tener sensibilidad para tomar esa decisión y no privilegiar lo económico por sobre lo social, este gobierno no lo hizo», sostuvo.
«El gobierno fijó metas fiscales que nacen en función de alcanzar los objetivos que este gobierno se propuso, entre ellos, reducir el déficit fiscal, para lograrlo se requieren recortes, que los hubo en toda la administración central, fundamentamentalmente en materia salarial. Los trabajadores públicos perdieron toda la inflación registrada en el año 2021, la promesa del gobierno es que recién en 2024 recuperarán el poder de compra que tenían en 2019, a pesar de que la economía empieza a mostrar crecimientos incluso por encima de lo previsto», sentenció Da Rocha.
Asimismo, consideró que «la LUC es fuertemente liberalizadora, mercantilizadora, con impulso a la privatización, esto hace que las posibilidades de redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad no existan. Expone que para promover el crecimiento en el país se requiere un Estado que no intervenga tanto en la economía y genere las condiciones necesarias para promover la actividad privada». «Los salarios son la variable de ajuste de los gobiernos neoliberales, hubo caída del poder de compra para trabajadores públicos y privados y salario real», indicó.
Respecto a las jubilaciones, explicó que «se ajustan de acuerdo a cómo les va a los salarios de los privados y públicos, mediante el Índice Medio de Salarios. El ajuste se ubicó por debajo de la inflación por segundo año consecutivo y lo han pagado trabajadores, jubilados y pensionistas, que vieron perjudicada su calidad de vida para alcanzar los objetivos del gobierno, que entiende que los ganadores son los malla oro, a quienes en muchos casos la pandemia les significó mayores tasas de ganancia».
¿Qué se entiende por crecer, qué es lo que miramos para decir ‘Estamos mejor’?, se preguntó Da Rocha.
«Para responder esto se mira qué pasó respecto al año anterior con el Producto Bruto Interno, pero al preguntarle al vecino si eso se reflejó en su hogar, no solamente dirá que no, sino que seguramente dirá que está peor. Lo que importa es cómo estoy viviendo, si el crecimiento sirvió para que la calidad de vida de la mayoría haya mejorado y el bienestar social se mantenga en los niveles que se ha mantenido en estos últimos años, durante gobiernos del FA, se buscó ampliar derechos, libertades, reducir pobreza y desigualdad. Esos indicadores sociales relevantes a la hora de contestar si está mejor o peor, empeoraron», expuso.
«Ahora que hay un crecimiento económico por encima del proyectado, con indicadores mejores para nuestro país ¿No es el momento para mejorar los salarios, para que las jubilaciones y pensiones no pierdan capacidad de compra? No hay esa sensibilidad en el gobierno», afirmó Da Rocha.
Sobre el desmantelamiento de las empresas públicas, explicó que se propone un proceso de mercantilización, que se da «cuando actividades que no deberían estar regidas por cuestiones mercantiles, como las políticas públicas, empiezan a ser orientadas por la ley de oferta y demanda, esto está contemplado en la LUC, mercantilizar las empresas públicas que nacieron el objetivo de alcanzar fines y cometidos sociales. El fin del sector público es el bienestar social, tiene que generar condiciones económicas, pero es una condición secundaria para el cumplimiento de fines y cometidos sociales».
A su vez, puntualizó que la LUC «dotó de nuevas facultades a la URSEA y URSEC que tienen poderes que rigen y mandatan a las empresas públicas, cuya autonomía para llevar adelante políticas públicas se perdió y «establece la necesidad de primero alcanzar la rentabilidad económica para hacer política pública. No todas las empresas públicas son rentables, algunas sí lo son, para que otras puedan funcionar aunque dén pérdida porque su objetivo es social.
Confina a las empresas y organismos públicos que no son rentables a que desaparezcan, y las políticas de Estado», advirtió.
En relación a Ancap, indicó que era «una empresa que no estaba preocupada únicamente por el costo del combustible sino generar el desarrollo endógeno de zonas, todo eso ya no se puede hacer porque todo tiene que estar orientado a que sea rentable, están imprimiendo una falsa creencia de que librarse a los mercados competitivos mejora la eficiencia, siempre hay margen de mejorar lo que se está haciendo, en el sector privado, mejorar en términos económicos, pero en el sector público, mejorar la calidad de los servicios, ¿cómo vas a medir en términos económicos la salud y educación? es lo que se busca, mercantilizar absolutamente toda la política pública», alertó.
«El efecto de la ausencia de medidas, el desmantelamiento progresivo o empeoramiento de la calidad de los servicios no se ve de forma inmediata, pero volver a los niveles que se tenían antes demora mucho más tiempo, cada demanda que no se atiende, cada recurso que no se destina tiene un costo social inmediato, pero también un costo en términos de tiempo y económicos en el largo plazo mucho mayores», indicó.
A su vez estableció que existe la «necesidad de ampliar esa malla de protección social, que ha marcado la diferencia con los países de la región»
Respecto a los combustibles, explicó que «los niveles de los precios son elevados respecto a la región porque han permitido llevar adelante política pública, han permitido emprendimientos como ALUR y el apoyo de Ancap a otras actividades públicas, eso implica recursos».
En este caso, «la LUC impone a un organismo público un mecanismo de fijación de precios a través de una regla técnica que impide la posibilidad de ser discrecional a la hora de subir las tarifas. Hay una decisión política detrás de la importancia de que el boleto no suba, porque hay una sensibilidad social a la hora de hacerlo. Esta ley trajo una regla a la hora de fijar el precio de los combustibles, si sube el precio del precio del barril es prácticamente imposible que no suba el precio de los combustibles, esto impide que se pueda hacer política pública», explicó.
«Si no se subsidia el precio del supergás, tendríamos un valor de supergás muchísimo más alto. El gobierno deliberadamente vulnera la ley que creó para generar una sensación distinta y no hacerse cargo del monstruo que creó», alertó.
«Hay margen para reducir el precio de los combustibles, hay una propuesta de FANCAP, que establece que si se reduce el precio de los combustibles esos recursos deberían obtenerse por otros lados, con propuestas del movimiento sindical en colectivo, como cambios en el esquema tributario, que pague más los que tienen más, el capital vale muchísimo más, hay margen suficiente para aquellos que tienen espalda para aportar y reducir el precio de los combustibles para el beneficio de la enorme mayoría. Ahora no hay relato social que permita explicar el comportamiento del gobierno», sentenció.
«El gobierno promovió y sancionó la ley de Presupuesto y la LUC, los docentes sienten el recorte de sus salarios, perdieron un 7,96% de su salario, deberán esperar al final del quinquenio para recuperar su poder de compra, previo a 2019», remarcó.
«Se recortan los recursos de la educación y el esfuerzo docente en pandemia fue muchísimo mayor, ¿no hubo pandemia y científicos destacados a nivel internacional que generaran la sensibilidad a la hora de asignar recursos para la educación e investigación?», cuestionó.
«Hay que tener mucha memoria, tuvimos episodios lamentables sobre la alimentación de los niños y adolescentes. Si queremos que el país crezca, se necesitan mejores calificaciones, Uruguay tiene condiciones para dar ese salto, pero se requieren recursos para dar ese salto, para atender las situaciones edilicias y de infraestructura para brindar servicios públicos», afirmó.
“Es un gobierno que no tiene un plan ni estrategia, no tiene visión de futuro, suele improvisar. La teoría del derrame no existe sin un Estado que imponga política pública en materia salarial y distributiva», sentenció.
Moriana Alberro