Decenas de organizaciones sociales concurrieron a la Comisión del Senado que analiza la reforma jubilatoria.
Economista Federico Araya y Economista Ida Oreggioni (*)
Diversas organizaciones sociales han participado de audiencias ante la Comisión Especial del Senado que discute el proyecto de Reforma de Jubilaciones y Pensiones desde inicios del mes de noviembre. Diversas son también las temáticas atravesadas por un proyecto de ley de 330 artículos, que desconoce la realidad de muchos colectivos, y la necesidad de una mirada integral de la Seguridad Social. Presentamos algunas de esas voces.
La voz de CRYSOL
La Asociación de ex Presos Políticos del Uruguay, CRYSOL, centra su exposición en el cambio promovido por Cabildo Abierto sobre la Pensión Especial Reparatoria prevista en la Ley 18.033 de 2006, que se refleja en el artículo 66 del proyecto de reforma. Se trata de una prestación económica indemnizatoria que otorga el BPS a ex presos políticos.
CRYSOL recuerda las motivaciones que dieron lugar a esta pensión. “El terrorismo de Estado concibió a los establecimientos carcelarios de reclusión como centros de destrucción psíquica y moral de los miles de prisioneros políticos que permanecieron en ellos. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos del mundo en proporción a su población. Según cifras oficiales, desde el 13 de junio de 1968, al comenzar el Estado represor, hasta mediados del año 1976, más de veinte mil personas habían sido privadas de su libertad. Más de siete mil uruguayas y uruguayos, incluso menores y adolescentes, fueron formalmente condenados por los tribunales militares de la época, sin garantías de ninguna naturaleza y luego de días, semanas y hasta meses de incomunicación y torturas”. Destaca que “los familiares de las prisioneras y de los prisioneros políticos fueron acosados y hostigados de manera sistemática y planificada: sufrieron malos tratos y humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los sufrieron los padres, los hermanos, las y los cónyuges y también las hijas y los hijos, cualquiera fuera su edad”.
Señalan “que es absolutamente falso lo señalado públicamente por los senadores de Cabildo Abierto y algún otro del Partido Nacional, en el sentido de que las pensiones que perciben las expresas y los expresos políticos se transmiten en forma hereditaria. No es cierto; es una falsedad total. La transmisión de la pensión especial reparatoria cuando la titular o el titular fallece se traspasa a los familiares, tal como ocurre en las cajas del BPS, en la caja de profesionales o en la caja bancaria. Se transmite a los cónyuges, a los hijos menores y a los hijos discapacitados”.
El artículo 66 reduce sus ingresos, a un universo potencial de 1.800 personas, básicamente, septuagenarias: “reduce el monto a percibir por las futuras viudas de ex presos políticos, al tiempo que las obliga a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones, algo que no sucede en ninguna otra caja del sistema. El Decreto n.º 61/020, tan cuestionado, le otorgó a ese sector el beneficio de percibir el 100% de la pensión de sobrevivencia para compensar esa obligación de renunciar a su propia jubilación. Lo hizo por cuestionamiento de los organismos de derechos humanos debido a la situación que enfrentaban las y los cónyuges, al igual que los hijos de los expresos políticos, al pasar a percibir la pensión de sobrevivencia.”
CRYSOL destaca el enorme avance que significó la Ley 18.033 en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto a las víctimas de la dictadura. “Otorgar la Pensión Especial Reparatoria (PER) a las ex presas y los ex presos políticos como resarcimiento por la privación ilegítima de la libertad que sufrieron por las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y por la prisión prolongada, fue un gran acierto. La amplia votación alcanzada por dicha ley en su momento, en ambas cámaras del Parlamento, así parece demostrarlo.” Finalmente, solicita que se eliminen todas las restricciones que impiden que las ex presas y los ex presos políticos cobren la pensión especial reparatoria del artículo 11 de la Ley 18.033.
Voces rurales
La Unión Nacional de Asalariados Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), plantea que históricamente los trabajadores rurales han sido considerados de segunda clase. “Los trabajadores rurales recién llegamos a tener ciertos accesos y beneficios a la seguridad social, al seguro de paro, en el 2002, y también la ley de ocho horas en este siglo”. Consideran que no se está debatiendo la seguridad social sino una reforma jubilatoria, ya que si fuera así se estaría debatiendo también la modificación de la ley de seguro de paro para los trabajadores rurales, o el trabajo no remunerado de las mujeres rurales.
La UNATRA cuestiona los aportes patronales del sector rural. Mientras los trabajadores aportan lo mismo que el resto de los sectores, “Un empresario de un almacén aporta un 7,5% y un empresario de dos mil hectáreas de soja aporta 1,9%”.
En relación al artículo 37 del proyecto, que establece un régimen especial para los trabajadores de la construcción y rurales, la UNATRA lo considera insuficiente ya que requiere de 60 años de edad para la jubilación. “Un trabajador, por ejemplo, que cosecha la cebolla, la zanahoria o la papa, a los 40 años ya es una persona inservible, lamentablemente”. Más de la mitad de las certificaciones por enfermedad de los trabajadores rurales son por problemas de columna. Sólo un 50% de los trabajadores y trabajadoras rurales, con suerte, podrá jubilarse.
Por su parte las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), conformadas por más de 10.000 productores asociados de pequeña y mediana escala, la mayoría productores familiares, manifestaron su preocupación por las eventuales modificaciones en los aportes del sector rural y sus impactos en la competitividad. “Desde CAF sostenemos que se debe tener en cuenta al productor familiar y a su familia al momento de diseñar la seguridad social, así como también considerar la importancia de la mujer rural, cónyuge colaboradora, como un aspecto particular”. Solicitan poder participar directamente de eventuales comisiones que se conformen para analizar en particular el régimen de aportación rural y la revisión de las exoneraciones vigentes.
En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), que representa a más de 15.000 unidades productivas, considera que los pequeños y medianos productores tienen que estar representados en la Comisión Técnica de Aportación Rural Previsional que propone el proyecto en su artículo 286, al igual que en la Comisión Técnica de Revisión de Exoneraciones de Contribuciones Especiales de Seguridad Social del artículo 287. A su vez, valora positivamente que el artículo 37 del proyecto considere al trabajo rural como un elemento a tener en cuenta para la configuración de una jubilación anticipada.
Voces de trabajadores del transporte
El Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) mostró preocupación por la gran cantidad de accidentes que estaban sufriendo, acerca de la falta de control en la actividad y los problemas de salud y estrés que se observan en las personas que trabajan en el sector transporte. “El trabajador de transporte de carga no llega a jubilarse a los 60 años porque se enferma antes, pensamos que las dificultades (para jubilarse) serían muchísimo mayores si sube la edad de retiro…vemos que en este proyecto de ley salimos más perjudicados de lo que estamos hoy en día”. También manifestaron que en el sector se pierden sumas millonarias de recaudación (120 millones de USD, según un informe del BID) debido a la evasión fiscal que hacen las empresas, lo cual termina generando que los ingresos al BPS se vean menguados.
La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) plantea una problemática similar en relación a la edad de retiro: “Una de las preocupaciones que tiene la UNOTT es que no nos vemos contemplados en la nueva ley previsional y, por consiguiente, inquieta llegar a los 65 años, porque estamos convencidos que, con esa edad, para un chofer profesional, es muy difícil renovar o recuperar la libreta de conducir. Hoy tenemos compañeros jóvenes, que no llegan a los 50 años, con dificultades para renovar la libreta”
Las voces de los técnicos
Finalmente, existen también cuestionamientos técnicos del proyecto. Gonzalo Zunino, del Observatorio de Seguridad Social de CINVE (Centro de Investigaciones Económicas) reconoce que el sistema actual tiene un problema de sostenibilidad financiera, pero cuestiona algunos supuestos que sustentan las proyecciones del gobierno. En particular, la postergación de la edad de retiro desconoce “la evidencia de que en países que han tenido este tipo de corrimientos en la edad mínima de retiro solo la mitad de los afectados, aproximadamente, logra mantenerse en el mercado de trabajo. La otra mitad de los afectados termina derivando en algún otro pilar de lo que puede ser la red de protección social del Estado, como licencias médicas, seguro por desempleo, jubilaciones por invalidez”. En ese caso, las cuentas de contención del gasto que se presentan cambian.
Tampoco considera claro que se esté valorando en las proyecciones del gobierno la transformación en el mercado de trabajo que pueda derivar en mayor peso del empleo independiente, que aporta por ingresos fictos y es más oneroso para el Estado. La Comisión de Expertos en Seguridad Social analizó mucho el tema, pero después eso no se recogió en el proyecto de ley. Un tercer elemento o riesgo que también cuestiona la sostenibilidad es la potencial elusión que puede generarse por la generalización de la jubilación parcial, ya que choca con la actual estructura tributaria del país. Dado que por los ingresos jubilatorios se tributaría IASS, y por los ingresos derivados del trabajo se tributaría IRPF, si estos dos ingresos no se acumulan, entonces se generan incentivos para la proliferación del sistema y la
evasión tributaria.
El representante de CINVE también considera que es de consenso la existencia de inequidades intergeneracionales dentro del sistema, y para solucionarlo el proyecto plantea la convergencia de los subsistemas a uno único. Sin embargo, la convergencia está planteada sólo desde el punto de vista del cálculo jubilatorio, pero no de las contribuciones. Las inequidades también existen al interior de los subsistemas, que favorecen a quienes tributan por ingresos fictos y a quienes tienen causales de retiro obligatorio, que en principio no se modifican con el proyecto. “En la convergencia tampoco se discute –aunque queda pendiente para el debate– el tema de los regímenes excepcionales. Como los regímenes excepcionales no se discuten, de nuevo la convergencia no es completa.”
En relación al suplemento solidario que el proyecto de reforma prevé con el objetivo de suplementar los ingresos de las personas que no alcanzan un mínimo de ingresos, CINVE alerta que debido a su ajuste por IPC (y no por IMS), se licuará su efecto solidario y redistributivo en el tiempo, no solo en el monto, sino, también, en la cobertura en términos relativos. “Va a haber menos jubilaciones que accedan a esa prestación; si los montos en los que trabaja el suplemento solidario evolucionan por IPC y los salarios evolucionan aún más, son cada vez menos los que quedan alcanzados.”
En síntesis, el proyecto de ley que comenzará a votarse la semana próxima en la Comisión continúa presentando más incertidumbres que certezas, el gobierno hasta el momento no ha dado respuesta a ninguna de ella y se aproxima a votar en menos de un mes de discusión una ley que cambia el futuro de la mayoría de los uruguayos y uruguayas.
(*) Integrantes de “Valor!!” y del Equipo de Asesores del senador de la 1001, Oscar Andrade.
Foto de portada:
“Sólo un 50% de los trabajadores y trabajadoras rurales, con suerte, podrá jubilarse”. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
