El Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT analizó a fondo la situación económica y señaló que la “política salarial del gobierno” condujo a esta situación.
“Los adelantos propuestos difícilmente eviten una nueva caída del salario real este año”.
En un documento de cuatro carillas, llegado a nuestra redacción sobre el cierre de esta edición el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT señala que las medidas anunciadas por el presidente, Luis Lacalle Pou, para responder a las críticas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones pensiones, son “tardías e insuficientes”.
El Instituto Cuesta-Duarte, en su análisis indica que la suba de precios no estuvo presente en el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas al comienzo del año y ni en el mensaje presidencial al Parlamento en su segundo año de gestión.
Sin embargo, la disparada generalizada de la inflación, que este año puede superar en 4 puntos la prevista por el gobierno, ha motivado que el gobierno tenga que dar respuesta.
Los anuncios de ajustes anticipados en los salarios públicos y en las jubilaciones y pensiones y “la sugerencia” de que también se haga en la actividad privada, según el Instituto Cuesta-Duarte, por su monto y por su forma, no asegura que el poder adquisitivo de estos se siga deteriorando, lo que provocaría que cayeran por tercer año consecutivo.
El documento recuerda que tampoco han sido efectivas las medidas “muy acotadas” de reducción del IVA en algunos pocos productos de la canasta básica.
El Instituto Cuesta-Duarte advierte que de persistir estas políticas se producirá una “mayor concentración del ingreso y la riqueza”, con un deterioro de los salarios, las jubilaciones y las pensiones aún con crecimiento del PBI.
El análisis del Instituto Cuesta-Duarte
EL POPULAR, por considerarlo de gran interés, reproduce íntegramente el documento del instituto de la central obrera, titulado: “Primeros comentarios acerca de las medidas anunciadas sobre los ingresos salariales y las pasividades”.
Contexto de la suba de precios
En los tres primeros meses de 2022 el Índice de Precios al Consumo (IPC), indicador utilizado para medir la inflación o lo que es lo mismo, el aumento del costo de vida promedio de los hogares, acumuló un incremento de 4,4%. Asimismo, en los últimos 12 meses a marzo el aumento de los precios fue de 9,4%.
Si bien a partir de febrero el conflicto entre Rusia y Ucrania ha jugado un rol preponderante para explicar las presiones alcistas sobre los precios, la inflación ya venía siendo un problema desde antes. En efecto, desde marzo de 2020, en sólo 2 meses de los 25 transcurridos, el crecimiento de los precios se ubicó dentro del rango meta del Banco Central (entre 5% y 7%). Además, a partir de mediados del año pasado, la inflación ha seguido una trayectoria ascendente y los precios de los alimentos –rubros particularmente sensibles en el gasto de los hogares más pobres– han aumentado por encima del crecimiento promedio de los precios.
En este contexto, no ha sido claro el rumbo de la política económica para controlar el aumento de precios y encauzar su variación al rango meta. Incluso, en la presentación realizada por el Ministerio de Economía en febrero y por el Presidente en el Parlamento, con motivo de los dos años de gestión, el tema inflacionario no fue parte de la agenda.
La disparada más reciente de los precios y su efecto sobre el poder adquisitivo de los hogares, cuyos ingresos permanecen por debajo de los niveles de 2019, hicieron que el tema entrara en la agenda política y el gobierno finalmente adoptó algunas medidas. Por un lado, el Banco Central le dio un corte más restrictivo a la política monetaria, aumentando significativamente la tasa de interés de referencia. Esta medida, que apunta a encarecer el crédito y por esta vía afectar la demanda, por distintos motivos no ha sido exitosa en el control de la inflación en nuestro país y su efectividad es muy restringida cuando las presiones sobre los precios provienen fundamentalmente del exterior. Por otro lado, se adoptaron algunas otras medidas para controlar la inflación, como fueron el traslado parcial a los precios de los combustibles de las subas que recomendaba la URSEA; y más recientemente, las exoneraciones de IVA en algunos productos de la canasta de consumo. Aunque es compartida la necesidad de controlar la suba de los precios, y fundamentalmente en el caso de los rubros más sensibles en el consumo de los hogares, las medidas se tomaron de manera tardía y en el caso de las exoneraciones de IVA fueron muy acotadas. Así, su impacto en la evolución de la inflación ha sido, cuanto menos, moderado.
Pese a que los porcentajes de crecimiento de precios a los que nos estamos enfrentando actualmente no son novedosos para la economía uruguaya, como tampoco lo es el desfasaje entre las proyecciones de inflación gubernamental y la inflación efectiva; el encarecimiento del costo de vida cobra una relevancia especial hoy en día, debido a que los ingresos reales de asalariados y pasivos están cayendo desde hace ya dos años.
Ingresos: trayectoria reciente e impacto de la suba de precios
Tanto en 2020 como en 2021 el salario real promedio cayó y en la actualidad se ubica más de 4 puntos por debajo del nivel que tenía en 2019, antes de que asumiera el nuevo gobierno. La política salarial desplegada por éste, incluidos los ajustes salariales establecidos para los trabajadores públicos y los lineamientos propuestos para la negociación colectiva en el sector privado, fueron la principal explicación de dicha evolución, enmarcadas en la caída de la actividad económica que tuvo lugar en 2020.
La caída del poder de compra del salario, recogida de manera sintética en el Índice Medio de Salarios, condujo a que las pasividades tuvieran también durante dos años seguidos ajustes nominales por debajo del crecimiento de los precios al consumo, viendo también disminuido su poder adquisitivo.
En este marco, el compromiso del gobierno fue que a partir de 2022, en la medida en que la actividad económica volviera a expandirse, los salarios reales volverían a crecer, de manera de que retornaran a los niveles que tenían previo a la caída. Si bien esto no permite recuperar el poder de compra perdido, el objetivo de la llamada recuperación era que en 2022 –en línea con el crecimiento de la economía- el salario real comenzara a crecer nuevamente para así retornar a los niveles pre pandemia. Para esto, en las resoluciones adoptadas en el marco de la negociación colectiva del sector privado (y de forma relativamente análoga en el caso de los trabajadores públicos), los ajustes salariales se definieron de manera tal que cubrieran el crecimiento futuro de los precios y además, incorporaran algunos puntos adicionales a cuenta de los perdidos previamente.
Sin embargo, como el crecimiento futuro de los precios se incluyó teniendo en cuenta las proyecciones de inflación previstas por el gobierno, un desfasaje tan importante entre dichas proyecciones y el crecimiento real de los precios, no solamente condiciona la recuperación comprometida sino que genera el riesgo adicional de que el salario real continúe cayendo. En concreto, el ajuste salarial para los trabajadores públicos otorgado en enero de este año (7%), se compuso de un porcentaje de 5,8% por concepto de inflación esperada anual y 1,2% a cuenta de la recuperación. En los primeros tres meses del año, la inflación efectiva (de 4,4%) superó al 75% de lo otorgado a cuenta del crecimiento de los precios para todo el año y se espera que al cierre de 2022, la inflación se ubique por encima del 8%. En el caso de los trabajadores del sector privado, que en su mayoría alcanzaron acuerdos por el período julio de 2021 a junio de 2023, para el primer año se incorporaron ajustes por concepto de inflación esperada, de acuerdo a la meta gubernamental, de 5,6%. Para ese año móvil que finaliza a mediados de 2022, la inflación efectiva esperada por los analistas, supera ese monto en casi 4 puntos.
Por tanto, el desfasaje que hay actualmente entre las proyecciones de inflación gubernamentales y la inflación efectiva, de entre 3 y 4 puntos según el período que se considere, conduce a que no solamente se vea postergada la recuperación comprometida, sino que además, abre la posibilidad de que el salario real pueda seguir cayendo, arrastrando consigo a las pasividades.
Las proyecciones de inflación propuestas por el gobierno, por demás optimistas y sin una política económica que las sustenten, conjuntamente con la incorporación de dichas metas en los ajustes salariales, son algunos de los factores que explican la trayectoria anterior. Lo mismo se puede decir de la incorporación de correctivos recién al final de los convenios, sin establecer mecanismos intermedios que permitan acompasar los ajustes salariales a la realidad inflacionaria.
Medidas anunciadas de incremento de algunos ingresos
En este marco de franca caída en el poder de compra de los asalariados y pasivos, así como de otros ingresos por el trabajo, los que vienen golpeando duramente el bienestar de los hogares, impidiendo su plena recuperación y condicionando por esta vía el desempeño de los sectores volcados al mercado interno; es que el gobierno anuncia algunas medidas para paliar esta situación.
En concreto, hasta el momento las medidas anunciadas contemplan: realizar un ajuste adicional de 2% sobre los salarios de los trabajadores públicos y de 3% sobre jubilaciones y pensiones, a partir del 1º de julio. Cabe señalar que más que incrementos, se trataría de adelantos de los incrementos a realizar sobre estos ingresos a partir de enero próximo.
Además, se anunció que se convocará al Consejo Superior de Salarios del Sector Privado, donde el gobierno sugerirá que aquellos sectores de actividad que no tenían pactados correctivos por inflación en el correr de este año, analicen la posibilidad de adelantarlos. Se trata de algo más de 80 grupos de negociación colectiva, los que abarcan a unos 300.000 asalariados formales del sector privado; y como se mencionó antes, los correctivos estipulados (teniendo en cuenta las proyecciones de inflación gubernamental y el crecimiento efectivo de los precios) se ubicarían entre 3,5% y 4%.
Sobre las medidas anunciadas
En primer término, es importante mencionar que las medidas anunciadas son tardías e insuficientes, aunque aportan en la dirección de evitar que el poder de compra de estos ingresos siga cayendo durante el segundo semestre de este año. Por otra parte, es relevante tener en cuenta los siguientes aspectos relativos a los mismos:
- En base a las leyes de negociación colectiva del sector privado y público, los temas de ajuste salarial –así como otros aspectos vinculados a las relaciones laborales– deben ser discutidos en los ámbitos de negociación colectiva. No hacerlo implica el desconocimiento de los mismos, a la vez que debilita y vacía los espacios de negociación, de los que el Poder Ejecutivo es parte activa. Es negativo que se haya optado por anunciar públicamente medidas ya resueltas y utilizar los ámbitos de diálogo y negociación simplemente como vías para comunicar formalmente decisiones ya tomadas.
- De cara a la realidad inflacionaria que está atravesando el país, tanto los adelantos propuestos para trabajadores públicos y pasivos como los correctivos anticipados para los privados, difícilmente eviten una nueva caída del salario real este año. Pero incluso evitándola y siendo un paliativo para los ingresos de los asalariados que ya llevan un largo período de deterioro, no serán suficientes para posibilitar que comience el proceso de recuperación del salario real comprometido para este año. Considerando que se espera una expansión del PBI uruguayo de 3,8% para este año, un nuevo año sin crecimiento del salario real profundiza la concentración del ingreso y la riqueza en sectores del gran capital.
- Lo anterior no solamente pone en jaque al compromiso de que a fines de 2024 el poder de compra del salario vuelva a sus niveles de 2019 sino que además prolonga el período en que los trabajadores perciben salarios reales inferiores a los que tenían previamente y con esto, incrementan la pérdida de salario real. Incluso en el escenario en que se lograra alcanzar los niveles salariales de 2019 en el año 2024, resulta claro que la población habrá sufrido un deterioro en su bienestar a lo largo de todos estos años.
- Es obvio que las medidas propuestas, que no apuntan a controlar el crecimiento de los precios al consumo sino a afectar los ingresos, no abarcan a todos los hogares y ni siquiera a todos los ocupados. Los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, monotributistas y demás uruguayos que viven de su trabajo, claramente quedan por fuera de estas medidas. Lo mismo sucede con quienes perciben transferencias del Estado. Aunque se trata de sectores más difíciles de abarcar a partir de las políticas públicas, es preciso pensar en mecanismos para que no queden relegados, empero si se tiene en cuenta que en general se trata de hogares en mayores condiciones de vulnerabilidad y más propensos a caer en la pobreza. Incrementos en las transferencias estatales así como el aumento del salario mínimo nacional (importante referencia para el sector informal) y otros mecanismos menos convencionales que les permita protegerse de mejor manera del encarecimiento de los precios son fundamentales en este escenario.
- Por último, es preciso crear mecanismos y establecer acuerdos para que estos incrementos salariales no se traduzcan en nuevos (y en algunos casos excesivos) aumentos de precios y se genere por ende una espiral inflacionaria difícil de revertir. Si bien no es sencillo controlar esto, es fundamental establecer herramientas que eviten que quienes tienen la posibilidad de fijar precios no vean en estos remarques una posibilidad de obtener ganancias incrementales, en particular en aquellos sectores de la cadena (de producción, comercialización y distribución) con características oligopólicas o mayor poder de mercado.
