Una nueva embestida de la oposición peruana se verifica para impulsar, una vez más, la búsqueda de opciones que aseguren un pronto retiro del presidente Pedro Castillo.
Más allá de la nueva embestida de la derecha peruana lo que se verifica es la fisura que empieza a aparecer sobre un frente único de carácter sólido y antigubernamental.
La nueva apuesta aparece, según consigna Prensa Latina (PL), en momentos en que el mandatario peruano “vive el peor momento de su gestión”, apenas a 10 meses de iniciada la misma.
Este nuevo escenario que revela el triunfalismo opositor, político y mediático llega a su clímax coincidiendo “con la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incluir a Castillo en la investigación a una presunta red corrupta”.
La decisión del fiscal de la Nación se “ajusta a las pretensiones de aquellos que proponen “la inmediata la vacancia (destitución)” por la supuesta “incapacidad moral” del mandatario, lo que constituiría una “causa constitucional que requiere, más que razones, el apoyo de dos tercios de los 130 congresistas”.
La insistencia de aquellos que avanzan en pos de la vacancia de Castillo, se enfrenta a la fragmentación de un Legislativo que de no concretarse derivaría en un tercer fracaso.
Para evitar esto, consigna PL,” el legislador Diego Bazán, del grupo de derecha extrema Avanza País, alista un proyecto para reducir el número requerido para vacar a Castillo” una postura “que cuestionan legisladores (…) que consideran que sería una ley con nombre propio, lo que es ilegal”.
En opinión de la exfiscal Gladys Echaíz, una parlamentaria del bloque conservador, “el grupo congresal, que encabeza el derechista Héctor Ventura, podría recomendar una acusación de infracción constitucional”, lo que daría “pie a un proceso político parlamentario para cesar al mandatario”.
Junto a estos intentos, existen “ocho acusaciones constitucionales por diversos motivos en manos de la subcomisión dedicada al tema, un “grupo que también se ha propuesto “defenestrar a Castillo mediante un juicio político”.
En lo que ha sido calificado como el avance a un “golpe blando” el Congreso peruano “se apresta a aplicar ese procedimiento a la vicepresidenta, Dina Boluarte, por un motivo menor, el de firmar documentos como presidenta de un club de provincia, violando la norma constitucional que le prohíbe cualquier actividad ajena a su labor de ministra de Desarrollo o Inclusión Social”.
Este paso inicial ha sido considerado por el líder del cogobernante Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, como un “golpe blando”, “pues sin Boluarte la sucesión presidencial recaería en manos del titular del Congreso”.
Este, reseña PL ha sido, justamente el punto donde “comienzan las diferencias” ya que de acuerdo a “trascendidos parlamentarios (…) la actual presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, que ha expresado disposición a ocupar la jefatura del Estado, buscaría con tal fin su reelección como titular del Legislativo” ya que su gestión al término de este legislativo terminaría el próximo mes.
Sin embargo, atento a ello, “el legislador Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, de extrema derecha, descartó rotundamente la reelección de la titular del Congreso y dijo que su sucesor debe ser una persona con condiciones para asumir la presidencia”.
Mientras este proceso se desencadena, añade PL, “una encuesta reciente del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP)”, califica “el desempeño de Alva” como desaprobado por el 77 por ciento de los consultados”, un dato que contribuye a abonar su descarte.
Para Montoya, “el sucesor de Castillo debe llamar a nuevos y prontos comicios generales, presidencial y legislativos”.
En la misma dirección, otros legisladores peruanos, como “el almirante jubilado José Cueto, de Renovación Popular”, se ha sumado a alentar que se “elija nuevo presidente para que complete el mandato quinquenal de Castillo, hasta 2016, y que el Parlamento siga en funciones hasta ese año”.
El sondeo del IEP, subraya PL, mientras que el 67 por ciento de los encuestados prefieren elecciones generales, apenas el tres por ciento considera “que Castillo cese” y que al mismo tiempo “cese el actual Legislativo”. Los datos de esta consultora indican que, apenas el 24 por ciento de los consultados desean “que el presidente siga en funciones y se cierre el Parlamento”.
