El Comité de Seguridad Nacional del Knesset israelí aprobó un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a detenidos y rehenes palestinos.
El proyecto fue presentado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del partido Otzma Yehudit y será votado finalmente la próxima semana.
Su propulsor aseguró que en la nueva versión presentada se “elimina la autoridad del asesor jurídico del Gobierno”, una modificación que, de acuerdo a lo informado por TeleSur, “otorga a los tribunales mayor facultad para dictar sentencias de muerte contra palestinos acusados de ataques calificados de “nacionalistas o relacionados con la seguridad”.
La ley, explica el medio de prensa no es aplicable “a sospechosos judíos acusados de asesinar palestinos”.
Al comentar la iniciativa medios israelíes, han explicado que “los tribunales podrán dictar una sentencia de muerte incluso si la fiscalía no la solicita”, no requiriéndose “una decisión unánime de los jueces”, ya que “una mayoría simple será suficiente para aprobar la sentencia”.
Las modificaciones a la iniciativa se producen, recuerda la agencia noticiosa, tras las críticas recientes del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien “había advertido que la versión anterior excedía los estándares de pena de muerte de otros países”, lo que pudiera conducir a “Israel a desafíos diplomáticos y legales”.
Las ejecuciones, previstas en el proyecto de ley se llevarían a cabo mediante ahorcamiento.
De acuerdo a la normativa, “los detenidos serían ubicados en centros de detención separados”, restringiendo sus visitas “únicamente a personas autorizadas”, en tanto se dispone que “los abogados se comunicarían con los rehenes y detenidos mediante videollamadas en lugar de reuniones presenciales”.
La ley define “un plazo de hasta 90 días para realizar las ejecuciones tras la sentencia, con la asistencia de un director de prisión, un representante judicial, un observador oficial y un representante de la familia”.
El ministro Ben-Gvir, no solo ha sido el impulsor del nuevo proyecto, sino que ha sido a lo largo de su trayectoria política, “un defensor de la ejecución de rehenes palestinos durante mucho tiempo”. Bajo estas concepciones, “su ministerio ya ha endurecido las condiciones de detención”, pese a los numerosos informes críticos de organizaciones de derechos humanos sobre abusos, torturas y negación de derechos fundamentales.
