Por la transparencia y garantía en el acceso a la información: nuevo proyecto de Ley de Bancada del Frente Amplio

Por Rolando Arbesún

La Bancada de diputados del Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley que busca profundizar la ley de Acceso a la Información Pública.

El Proyecto propone se amplíen “los sujetos obligados” a brindar a la ciudadanía, disminuyendo de esta forma “la discrecionalidad de las autoridades para clasificar como reservada o confidencial la información pública”.

El nuevo proyecto pretende ampliar la legislación “para obligar a nuevos sujetos, como ONGs u otras organizaciones que administren y/o utilicen fondos públicos o bienes del Estado, a entregar información a la ciudadanía, y que se disminuya la discrecionalidad de las autoridades para declarar información como confidencial, reservada y/o secreta previo informe preceptivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)”.

Aunque la actual Ley de Acceso a la Información Pública se considera un importante avance en transparencia de la información, se han verificado reclamos “por parte de organizaciones de la sociedad civil, que apuntan a una serie de inconvenientes para obtener respuestas favorables de los organismos estatales a pedidos de acceso a la información”.

Con relación a esta situación, CAINFO informó que, entre el 1 de abril de 2020 y el pasado 31 de marzo, “29 pedidos de acceso a la información fueron rechazados, no contestados o respondidos de manera incompleta o parcial”, dato este que confirma según CAINFO “un deterioro en el cumplimiento de este derecho”.

Las modificaciones que propone la bancada de diputados, pretende asegurar y garantizar de forma efectiva “el cumplimiento de los principios vinculados a la información pública, reforzando la importancia jurídica del acceso a ella” y ampliando el espectro de “sujetos obligados a entregar información pública”, así como la reducción de los plazos para la entrega de información hasta 30 días, una modificación que mejora considerablemente los tiempos de acceso a las informaciones que se soliciten.

El proyecto de ley propone, además, asegurar la obligación de los organismos receptores de los pedidos de información, quienes deberán “demostrar que se agotaron todos los recursos en la búsqueda de la información solicitada”, una modificación que inhibe cierto accionar de los organismos ante la supuesta declaración de la inexistencia de la información existente, al declarar que se ubican en otras dependencias.