La Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) presentó un documento en el que se detallan una serie de medidas de salvaguardia “para atenuar el impacto sobre la clase trabajadora y el desarrollo de la industria nacional”.
Junto al documento y de acuerdo a la diaria, se presentó un informe que aborda los perjuicios que podría generar en diversos sectores de la industria nacional el recientemente aprobado Acuerdo Mercosur- Unión Europea.
Para la CSI dicho acuerdo “solo será viable para el conjunto de la actividad industrial-productiva si se mejoran las salvaguardias que garanticen la soberanía, la seguridad alimentaria y el empleo digno, entre otros aspectos”.
Las cinco garantías identificadas por la organización se proponen asegurar la protección del trabajo, la industria y el valor agregado.
Estas garantías, detalladas en el documento elaborado, implican “una salvaguardia con un “gatillo laboral, que se dé prioridad al empleo, que exista un mecanismo de activación obligatoria si un sector registra una caída de 3% en cotizantes al Banco de Previsión Social o un aumento de 10% en el seguro de paro en un semestre, como así también la exigencia de una aplicación de aranceles de defensa en un máximo de 21 días”.
En ese mismo sentido, se propone “que exista un blindaje de compras públicas y contenido local, y que como exigencia se blinde “la Reserva de Mercado”, establecida en la Ley 18.362, para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para cooperativas nacionales, así como exigir a las empresas europeas ganadoras de obras públicas un mínimo de 75% de mano de obra nacional, y la contratación de empresas uruguayas, especialmente pymes y microempresas”.
Otro de los puntos propuestos se refiere al llamado “blindaje al valor agregado”.
“La CSI”, consignó el medio de prensa, “exige la inclusión de salvaguardias específicas para productos y ramas industriales con alto porcentaje de mano de obra en su elaboración (por ejemplo: autopartes, frigoríficos, industria alimenticia)”.
Para ello se propone “que los Núcleos Industriales asuman un dinamismo superior”, ya que los mismos “pueden diseñar salvaguardias más precisas”.
Para conseguirlo, se añade en el documento,” es fundamental aumentar los recursos destinados al MIEM (Ministerio de Industria, Energía y Minería); de lo contrario, es muy difícil lograr resultados en los tiempos que la realidad nos impone”.
Otro de los ejes identificados refiere a la creación del Fondo de Reconversión Industrial que permitiría “ayudar a planificar la capacitación necesaria para una industria de nuevo tipo, análisis y propuestas de política industrial, formar parte de un colchón social para los impactos que implica el cambio de matriz industrial-productiva”.
Dicho Fondo, se especifica, “debería ser gestionado de forma tripartita (…) para que todos asumamos las responsabilidades de la planificación”.
