Por Federico Barreto
Aprobada la Ley de Urgente Consideración y ya casi cerrado el Presupuesto quinquenal, el presidente Luis Lacalle Pou prioriza uno de sus compromisos electorales: la desregulación de los medios de comunicación audiovisuales.
No hay sorpresas ni casualidades. Desde sus inicios los diarios, radios y televisoras construyeron íntimos vínculos con la política, los partidos y los gobiernos. Su rol ha sido trascendental para la democracia, tanto para su conquista y defensa, como para su socavamiento y pérdida. Mientras, las nuevas tendencias de convergencia tecnológica llegan para quedarse. La disputa entre los reclamos populares de democratización y las presiones capitalistas del empresariado infocomunicacional determinará con creciente trascendencia las próximas décadas de nuestra vida en sociedad.
Desde los inicios de la radiodifusión en Uruguay, tres grupos económicos (o familias) han dominado el mercado mediático nacional. En la actualidad este oligopolio, que capta el 95% de la audiencia de TV abierta, está constituido por los grupos Cardoso – Pombo Scheck (canal 12); Fontaina – De Feo (canal 10); y Romay – Salvo / Romay Eccher (canal 4). Juntos gestionan la Red Uruguaya de Televisión, que controla la programación y recaudación publicitaria de decenas de empresas en el interior del país. Pero además, con la irrupción de la televisión de pago por cable en los noventa, los “tres grandes” crearon la empresa Equital para operar como único proveedor en Montevideo y con control sobre varias empresas de TV para abonados en el interior del país. Pese a incumplir abiertamente la legislación vigente, en 2011 este conglomerado “cartelizado” controlaba 22 señales abiertas y 76 de pago en todo el país.
Estos grupos no se limitan a la propiedad de medios audiovisuales sino que también poseen acciones en prensa escrita (como El País y Búsqueda), en emprendimientos agropecuarios y hasta en el rubro de supermercadismo a través del Grupo Disco Uruguay (Disco, Devoto y Géant).
Políticas de comunicación del Frente Amplio
A impulso de las organizaciones sociales, la Ley de Radiodifusión Comunitaria de 2007 regularizó la situación de muchas pequeñas radios locales hasta entonces perseguidas como ilegales. En 2008 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y se reguló con mayor claridad el proceso de asignación de nuevas frecuencias comerciales, similares a las establecidas para el sector comunitario con participación de una comisión técnica asesora y audiencias públicas. Además, en 2009 el Parlamento modificó la Ley de Prensa y se eliminó el delito de calumnias e injurias.
En 2010 se dio inició al proceso de regulación del sistema mediático nacional con la creación de un Comité Técnico Consultivo, que contó con representación de actores empresariales, sociales y académicos y arribó a más acuerdos de los esperados. Tras este proceso, en 2014 el Parlamento aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 19.307 (LSCA o Ley de Medios).
Los gobiernos del Frente Amplio fueron los primeros en proponer una visión y diseño programático integral del sistema mediático nacional, con no pocas contradicciones, contramarchas y contrasentidos en su proceso de diseño e implementación.
LA REACCIÓN NEOLIBERAL EN URUGUAY
Desde el comienzo del proceso de democratización del sistema mediático uruguayo, los partidos de oposición al Frente Amplio asumieron el rol de paladines defensores de los intereses de las grandes empresas de comunicación.
En 2014 el entonces diputado y candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou caracterizó la LSCA como “una ley que desvía o que orienta hacia un tipo de medio estatizado”. Ya en la campaña de 2019, el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, acusaba al Frente Amplio de “antidemocrático” y de tratar de “censurar a los medios”. Según sus palabras, el entonces oficialismo llevaba adelante una campaña “cruenta y feroz” contra los medios de comunicación “para tratar que tuerzan la realidad y no den malas noticias”. Con ello se anunciaba que el Partido Nacional derogaría la Ley de Medios “en pos de la libertad, la democracia, la República, la prensa libre e independiente”. Tampoco faltaron las repetidas referencias a Argentina, Venezuela y Ecuador.
Y cumplieron. Desde los primeros meses de gobierno de la “Coalición Multicolor” la agenda de desregulación del sistema mediático nacional, en favor del oligopolio comunicacional, cobró máxima prioridad.
De una ley de medios a medias a una a medida
Tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y la ya casi cerrada Ley de Presupuesto quinquenal, el gobierno priorizó la inmediata sanción de la nueva Ley de Medios.
La Coalición por una Comunicación Democrática alertó sobre el “riesgo de retroceso en derechos, concentración, transparencia, participación ciudadana y producción nacional”. Advierten sobre la amenaza de este proyecto en términos de pluralismo. Al eliminarse la figura que prohíbe la acumulación a través de los grupos económicos, casi se triplican las posibilidades de concentración comercial tanto en radio y televisión abierta, como también en TV paga. Así las cosas, una sola familia o grupo económico podrá ahora dominar casi todos los medios de comunicación del país.
El proyecto también abre las puertas a la extranjerización en la propiedad de las empresas de comunicación. La norma habilita la compra de empresas uruguayas de TV para abonados por una empresa extranjera sin otra limitante que su capacidad económica. Todo ello significa un retroceso que permite incluso mayor concentración que la permitida en dictadura.
Además, a través del polémico artículo 48, única referencia al sector de las telecomunicaciones e internet, se beneficia a las empresas del oligopolio de TV al obligar a ANTEL a abrir sus redes para que las empresas puedan comercializar sus servicios a través de la infraestructura pública fruto de la inversión del ente estatal.
En materia de derechos de las audiencia se derogan artículos sobre protección de la infancia y la adolescencia, así como aquellos que sancionan los discrusos de odio y discriminación. También se retrocede en las normativas que velan por la accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Más aún, se elimina el derecho a la objeción de conciencia para periodistas, una significativa conquista de la Asociación de la Prensa Uruguaya tras años de lucha.
El capítulo de institucionalidad, participación y transparencia también sufre importantes sustracciones. Desaparece el Consejo de Comunicación Audiovisual y la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Se da incluso la paradoja de que el actual presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, propuso al inicio de su gestión la creación de una “comisión de notables”, pese a que la norma vigente ya prevé una Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Pocas semanas después el Poder Ejecutivo propone la derogación de dicha norma.
Algunos de estos aspectos planteados en el proyecto original no alcanzaron los acuerdos necesarios dentro de los partidos de la coalición de gobierno. Legisladores colorados anunciaron que algunos artículos originales de la LSCA referidos a derechos de la infancia y la objeción de conciencia para periodistas podrían ser restituidos. Tampoco hay conformidad con el número de licencias acumulables y las posibilidades de extranjerización. Desde ambos socios de la coalición se admitió que están negociando un camino intermedio entre la propuesta del Ejecutivo y la normativa actual. Además, desde la propia presidencia de ANTEL se propuso flexibilizar la propuesta oficialista sobre los servicios del ente estipulados en el artículo 48, aspecto que ya despertó dudas sobre su posible inconstitucionalidad según expertos.
Además, en las últimas horas el semanario Búsqueda informó que el Grupo Clarín-Telecom está interesado en aumentar sus negocios en Uruguay y explora comprar Movistar. Estos trascendidos, junto a los anuncios de debilitamiento y privatización de la infraestructura de ANTEL, reavivan los temores por una reconfiguración y pérdida de soberanía nacional en el sector de las telecomunicaciones.
Cuentas claras conservan la amistad
En enero de 2018 la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU), cámara integrada por los dueños de los canales de TV y radios privadas, sumó su apoyo a la organización Un Solo Uruguay, cabeza del conflicto rural con la administración del Frente Amplio. A partir de ese punto de quiebre la línea editorial de la casi totalidad de los medios comerciales radicalizó su oposición contra el gobierno de izquierda.
No parece casualidad que el actual gobierno quiera terminar de congraciarse con los principales empresarios mediáticos del país a través de la eliminación de toda norma jurídica que amenace sus intereses comerciales.
“Yo soy partidario de las leyes de la libertad y cuando una ley no genera libertad es mejor no tenerla«, declaró hace varios años el actual presidente Luis Lacalle Pou al referirse a la regulación del sistema de medios. Pero, como señalan desde hace décadas todos los organismos internacionales y expertos en comunicación, la irrestricta libertad de empresa suele ensanchar los barrotes a la pluralidad cultural y los derechos de audiencias, trabajadores y las minorías más vulnerables.
