El gobierno de Javier Milei pretende alcanzar la próxima semana la aprobación de su propuesta de Reforma Laboral.
Esta pretensión del Ejecutivo libertario será enfrentada en tribunales por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) que ya anticipó que irá a los tribunales para frenarla argumentando que la misma es inconstitucional ya que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad de los derechos sociales, informó el diario Página 12.
“La vamos a judicializar”, anticipó el dirigente sindical Jorge Sola, quien aseguró que “las y los abogados especialistas coinciden en el planteo”, al tiempo que afirman que la misma “no pasa el tamiz constitucional”.
Para las organizaciones sindicales argentinas, de sancionarse el proyecto como ley “no solo generará la judicialización a través de las centrales obreras sino también de los gremios”.
Junto a ello, preanuncian, habrá un aumento de la conflictividad, así como tensiones “a la hora de establecer qué tribunales fallarán sobre la constitucionalidad dado que el proyecto propone pasar la justicia nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires”.
“Va a terminar en la Corte Suprema”, anticipó la abogada y docente universitaria Natalia Salvo.
En ese mismo sentido, refiere el medio, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, aseveró que “toda la ley es inconstitucional”, en primer término “porque contradice el principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales (…) establecido en el pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional en nuestro país”.
Allí, agrega en sus declaraciones a página 12, se “indica que los Estados solo pueden legislar en materia de derechos sociales de manera progresiva. O lo que es lo mismo: el principio de irregresividad, que indica que no se puede retroceder. No está obligado a proteger más de lo que protege a los trabajadores, pero una vez que hay un marco de protección ya no puede retroceder. Solo con ese criterio no debiera superar un test de constitucional”.
“Todos las y los especialistas consultados”, señala el diario han coincidido “en que la reforma libertaria puede ser cuestionada de manera integral porque no hay artículo que no perfore derechos, altere políticas y normas de protección laboral y social”.
