Desde su detención en marzo del pasado año, por el caso denominado Golpe de Estado I, Jeanine Áñez, quien es juzgada además por el caso Golpe de Estado II, se enfrenta a un pedido de prisión por 15 años solicitado por la Fiscalía de Bolivia.
El juicio por esta causa (Golpe de Estado II), tuvo este lunes su continuidad a pesar de los innumerables subterfugios esgrimidos por la defensa de la ex presidenta de facto.
Acusada de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, el pedido de la Fiscalía se funda en que Áñez usurpó de forma ilegal “la presidencia del país vulnerando el reglamento del Senado”.
La audiencia fue retomada, consigna el diario Página 12, por un juzgado anticorrupción de La Paz, al que asiste la ex presidenta de facto, mediante videoconferencia desde el penal de mujeres de Miraflores, donde está recluida desde marzo de 2021.
Una vez más, la defensa de la usurpadora intentó retardar la audiencia argumentando que debía esperarse la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre “el recurso presentado por la expresidenta de facto en el que solicitaba que se manifestara sobre la inconstitucionalidad de los delitos que se le atribuyen en esta causa: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”.
Sin embargo, este pedido de la defensa no tuvo respuesta positiva y el juicio se reinstaló.
Durante el curso del juicio se detalló, por parte del fiscal Omar Mejillones, “todas las acciones de Áñez entre el 11 y 12 de noviembre de 2019”, y solicitó, al finalizar su exposición “que se aplique la pena privativa de 15 años de prisión en el penal de Obrajes porque se ha probado la existencia del concurso real de delitos de dos tipos penales, además del pago de costas al Estado”.
En contrapartida a esta solicitud, Áñez considera “que no debe ser sometida a estos juicios sino a un juicio de responsabilidades o de privilegio como expresidenta”.
En su relato, Mejillones argumentó que la ex presidenta de facto “conocía todo el procedimiento legislativo para convocar a sesión, como leer la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, primero, y luego leer las renuncias de los dos primeros mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. Al no haber instalado la sesión, no podía proclamarse como presidenta de esa instancia legislativa y, por tanto, no podía convocar a una sesión de Asamblea”, sentenció el fiscal.
El curso de la audiencia fue finalmente suspendido, detalla el medio de prensa, debido a un “repentino malestar de Áñez”, quien abandonó el juicio que sigue desde el penal de Miraflores en el que cumple condena.
