Como «una notable demostración de valentía y determinación, especialmente teniendo en cuenta que ningún otro país de Oriente Medio o Asia ha dado tal paso», califica el periodista y analista Elijah Magnier la iniciativa de Sudáfrica de llevar las acciones de Israel sobre Gaza a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El gobierno de Pretoria presentó ante la máxima autoridad judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una acusación de genocidio contra la población palestina de Gaza. Se basa en la Convención sobre Genocidio, ratificada por los Estados miembros de la ONU en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, para obligar al ente sionista a cesar sus operaciones militares de inmediato.
SUDÁFRICA: «LA REPUTACIÓN MISMA DEL DERECHO INTERNACIONAL… ESTÁ EN JUEGO»
La decisión de Sudáfrica ha recibido un amplio apoyo internacional: 22 países miembros de la Liga Árabe y 65 naciones de la Organización de Cooperación Islámica la respaldan. También Bélgica —a través de su viceprimer ministro—, Colombia, Arabia Saudita, Pakistán, Brasil, Marruecos, Nicaragua, Türkiye, Jordania, Malasia, Bolivia, Maldivas, Namibia y Venezuela.
El objetivo inmediato de Sudáfrica es obtener un fallo preliminar para un alto el fuego inmediato, mucho antes de una decisión final que podría tardar años. Magnier considera que este enfoque «no tiene precedentes en el Derecho Internacional». Ha habido acciones similares como cuando Gambia presentó un caso contra Myanmar por el genocidio de 740 mil rohingyas en 2017 y la CIJ respondió con relativa rapidez, al tardar solo un mes y medio en emitir un fallo inicial.
Otro análisis de Joe Lauria publicado en Consortium News afirma que, el pasado 11 de enero, Sudáfrica no estaba discutiendo los méritos del caso respecto a si Israel está cometiendo o no genocidio, lo que se decidirá mucho más tarde, sino más bien si hay pruebas suficientes desde el principio para que la CIJ emita una «medida provisional» que ordene poner fin inmediatamente a su operación militar.
En febrero de 2022, Ucrania presentó un caso contra Rusia y, a las pocas semanas, la CIJ emitió una decisión preliminar. En aquella ocasión 32 países apoyaron al gobierno de Kiev «como muestra de solidaridad y para evitar acusaciones de inacción o negligencia».
El procedimiento para fallar este caso «Gaza 2023» en la CIJ requiere que al menos ocho de los 15 jueces en el tribunal se pongan de acuerdo sobre las sentencias preliminares y finales.
ISRAEL DE NUEVO EN EL BANQUILLO
Los argumentos presentados por los abogados que representan a Sudáfrica plantean que Israel está violando cuatro secciones del artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que Israel ratificó, a saber:
«Genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (a) Matar a miembros del grupo; b) causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo; c) infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física total o parcial; d) imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo».
Para dichos abogados es crucial demostrar la intención para llegar a una conclusión de genocidio, para lo cual expusieron con gran detalle la «retórica genocida» de los funcionarios sionistas y cómo ha influido en los soldados y aviadores israelíes que atacan Gaza. Hay numerosas declaraciones sistematizadas y detalladas.
Aunque Israel ha apelado a la legítima defensa, el abogado Vaughn Lowe, designado por Sudáfrica para la acusación, alegó que:
«La decisión legal del tribunal de 2004 es válida, y se debe plantear un punto similar aquí: lo que Israel está haciendo en Gaza, lo que está haciendo en territorio bajo su propio control. Sus acciones están reforzando su ocupación. La ley de legítima defensa según el artículo 51 de la Carta de la ONU no tiene aplicación».
Israel vuelve al banquillo como acusado luego de que, en 2004, la CIJ fuera solicitada por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución ES-10/14, para que emitiera una opinión consultiva sobre la legalidad del muro que estaba construyendo en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este. La opinión del ente legal fue a favor del órgano multilateral y derivó en una investigación sobre las acciones de 2008 y 2009 después de la guerra de 22 días sobre Gaza.
El llamado «Informe Goldstone» detalla gran cantidad de violaciones cometidas por Tel Aviv durante sus operaciones militares, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Destacó los ataques deliberados contra civiles y las graves violaciones del Cuarto Convenio de Ginebra, así como el uso desproporcionado de la fuerza.
En el caso «Gaza 2023», si la CIJ emitiera un fallo de acuerdo con la solicitud de Sudáfrica, e Israel continuara con su patrón de incumplimiento, podría consolidar aun más su reputación como una «entidad paria», tal como afirma Lauria, que actúa desafiando el derecho y las normas internacionales. Esto tendría importantes implicaciones legales y afectaría tanto su posición internacional como sus relaciones con otras naciones y organismos globales. Otras implicaciones de largo alcance recaerían particularmente sobre sus patrocinantes que suministran armas y financiamiento, como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia y Gran Bretaña.
Dos grupos de portaaviones estadounidenses han sido emplazados en la región para disuadir a cualquier nación que se atreva a intervenir para detener la matanza de Israel, como Estados Unidos lo hizo contra Yemen el jueves 11 de enero.
ISRAEL VUELVE A VICTIMIZARSE
Precisamente, las reacciones desde ese bando han sido elocuentes. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, describió el caso como «innecesario e inútil», y alegó que distraería la atención de cuestiones más urgentes. Esto no ha evitado que, a esta fecha, la reputación de Israel como «Estado democrático» haya sido objeto de intenso escrutinio debido a sus acciones, que son ampliamente percibidas como «una entidad criminal y ruda, ávida de venganza y exterminio de los palestinos», destaca Lauria.
Israel ha acusado a Sudáfrica de actuar como el «brazo legal» de los militantes de Hamás, mientras los abogados designados desde Pretoria presentaban el caso de genocidio. Su portavoz de gobierno, Eylon Levy, comparó la demanda con una teoría de conspiración antisemita de siglos de antigüedad que acusaba falsamente a los judíos de matar bebés con fines rituales.
Sin embargo, hay evidencias como las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se refirió dos veces a un genocidio del Antiguo Testamento, dando a entender que se necesitaba lo mismo para Gaza. Entretanto, Lowe desestimó el argumento frecuentemente repetido de Israel de que sólo está apuntando a Hamás y no al pueblo palestino.
Un abogado de Israel, el consejero del Rey, Malcolm Shaw, argumentó que las declaraciones de Netanyahu y de los miembros del gabinete sobre su intención de cometer genocidio eran meras «afirmaciones aleatorias».
Shaw llegó a desestimar una prueba, como las declaraciones del ministro de Patrimonio israelí, Amichai Eliyahu, porque este no forma parte del Comité de Seguridad Nacional de Tel Aviv. Cabe recordar que Eliyahu dijo que Israel debe encontrar formas para los habitantes de Gaza que sean más dolorosas que la muerte.
Altos funcionarios políticos y militares alentaron al reservista del ejército israelí, Ezra Yachin, de 95 años y veterano de la masacre de Deir Yassin contra los palestinos en 1948, a hablar con los soldados antes de la invasión terrestre en Gaza. En su charla, se hizo eco del mismo sentimiento mientras lo conducían en un vehículo oficial del ejército israelí vestido con uniforme militar israelí.
«Cito a los triunfantes y acabo con ellos y no dejo a nadie atrás. Borra el recuerdo de ellos. Bórralos a ellos, a sus familias, a sus madres y a sus hijos. Estos animales ya no pueden vivir. Si tienes un vecino árabe, no esperes. Ve a su casa y dispárale. Queremos invadir. No como antes. Queremos entrar y destruir lo que tenemos frente a nosotros y destruir casas'».
Otros alegatos de Shaw se refieren a que no se trata de un genocidio sino de «tratar con Hamás» en respuesta a su ataque del 7 de octubre, que él mismo calificó de «genocida». Se refirió a las «advertencias» de Israel a los civiles de un ataque inminente mediante el «uso extensivo y sin precedentes» de llamadas telefónicas y distribución de folletos diez minutos antes, para que abandonen sus edificios antes de que sean bombardeados. Aunque los residentes del norte de Gaza se han trasladado al sur, han sido bombardeados en el camino y repetidamente en el sur una vez que llegan allí.
Habló sobre la «facilitación» de la ayuda humanitaria por parte de Israel como evidencias que «demuestran exactamente lo contrario de cualquier posible intento genocida». La ONU se ha quejado repetidamente de la restricción de la cantidad de ayuda que se permite ingresar a Gaza en comparación con 500 camiones por día antes de que comenzara su operación militar el 7 de octubre.
Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, se refirió a «la violenta toma del poder por parte de Hamás en 2007» cuando este grupo fue elegido en 2006 y luego luchó contra Fatah para defender su elección.
Ni Shaw ni Becker abordaron el meollo de la cuestión sobre la cual se había pronunciado la CIJ, es decir, que Israel no tenía derecho a la autodefensa en un territorio que ocupa.
Israel ha desacatado numerosas decisiones internacionales a favor de la causa palestina desde su creación en 1948, un punto que fue subrayado en la presentación de Sudáfrica. Este patrón de incumplimiento incluye la resolución del Consejo de Seguridad de 2004 que pide medidas específicas, incluido el cese de la construcción, el desmantelamiento de partes del muro ya construido y una compensación por las dificultades causadas. Casi todo ignorado.
Las implicaciones geopolíticas de este caso son multifactoriales: Sudáfrica es miembro de los Brics que acaba de incorporar a otras naciones claves como Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.
En otros tiempos, Israel apoyó a la CIJ para promover la unidad del mundo después del Holocausto, pero ahora enfrenta acusaciones similares, y su ejército es señalado de cometer genocidio contra la población palestina. La acusación de antisemitismo hecha por Israel a los jueces o abogados sudafricanos tras su castigo colectivo y sus crímenes presentados puede no encontrar una audiencia receptiva y es probable que esta vez caiga en oídos sordos.
Sus patrocinantes tendrán que desviar la atención hacia otros señuelos, como en efecto ocurre en Yemen.
Fuente Misión Verdad