Por Rony Corbo
Los gobiernos de Iván Duque y de Donald Trump a través del Comando Sur anunciaron la llegada de nuevas tropas a tierras colombianas. Se trata de una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), adscrita al Comando Sur que aterriza “para asesorar y ayudar en operaciones antidrogas”.
Como informara EL POPULAR, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá fue directamente quien dio a conocer la llegada de los militares al país generándole incluso un problema interno al gobierno colombiano. En su comunicado la Embajada de Estados Unidos en Colombia señaló que el almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos, considera que “la misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”.
Esto se suma a los ejercicios realizados en enero en la base militar de Tolemaida, donde se realizó un entrenamiento conjunto de 150 militares de fuerzas especiales colombianos y de la famosa División 82 del Comando Sur de los EE.UU.
Recordemos además que el gobierno de Venezuela denunció el accionar colombiano y al gobierno de Duque en la fracasada incursión militar para derrocar a Maduro. El almirante Craig Faller anuncio nuevas acciones contra Venezuela y señala textualmente: “aliados claves como Colombia han dado un paso adelante. Los colombianos están desarrollando la operación Orión V al tiempo con nuestras operaciones”
Más de un siglo de intervención yanqui
La presencia norteamericana en Colombia tiene más de un siglo. En 1903, ante la negativa de Colombia de hacer un canal interoceánico, EEUU promovió la separación de Panamá de Colombia y se adueñó de la soberanía del pueblo panameño.
Años después, el ex presidente Teodoro Roosevelt diría: “Yo tomé la Zona del Canal mientras el Congreso colombiano debatía.”
En 1948 se dan los sucesos de “El Bogotazo” donde Jorge Elíecer Gaitán, el líder liberal-que hablaba del socialismo colombiano, fue ejecutado por orden de la CIA creándose posteriormente las FARC.
Tras 30 años de luchas, en los años 80 el gobierno de Belisario Betancurt y las FARC pactaron un acuerdo que traicionado por la oligarquía colombiana por orden de los Estados Unidos terminó con la vida de más de tres mil miembros de la Unión Patriótica.
Tuvieron que pasar más de tres décadas para que nuevos acuerdos se firmaran en La Habana, en setiembre de 2016, luego de cuatro años de negociaciones.
Desde el inicio de las negociaciones el proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos debió enfrentar a la extrema derecha colombiana, bajo la dirección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez .
Para Estados Unidos y su proyecto geopolítico de colonización de América Latina resulta inadmisible un proceso de paz en Colombia y mucho menos después del triunfo en 1998 de Hugo Chávez en Venezuela y la instalación de la Revolución bolivariana.
El accionar de un narco estado paramilitar
Un informe de la ONU destaca que desde 2016 a la actualidad, solo el 11% de los casos relacionados con el asesinato de líderes sociales han sido resueltos en Colombia.
Según el informe de Naciones Unidas sobre la implementación y seguimiento de los acuerdos de paz, surge como prioritario el referente a las “Garantías de Seguridad y Lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, Sindicales y Políticos, incluyendo a las organizaciones criminales que son sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos, y la construcción de la Paz”, que ya han cobrado más de 1.000 víctimas pertenecientes a estos sectores sociales.
A la fecha, según cifras de la Misión de Verificación, se registran 200 asesinatos de excombatientes y 13 desapariciones de ex miembros de las FARC-EP, desde la implementación de los acuerdos.
En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a finales de marzo de 2020.
Está claro que el Gobierno de Iván Duque y su Partido el Centro Democrático fundado por Álvaro Uribe, pretenden no cumplir lo pactado en la Habana, promoviendo actualmente entre otras medidas la expulsión de los miembros de la FARC del Congreso ; la oposición a las 16 curules para la paz; y la pérdida de beneficios de la justicia transicional para los excombatientes.
De la mano de Trump, Duque nos lleva a la guerra
Con este título el Partido Comunista Colombiano, reunido en su Comité Central a finales de mayo, denunció la presencia militar de los EEUU, la intromisión en los asuntos internos de Colombia y los centenares de muertos y desaparecidos por los grupos paramilitares.
En su declaración el PCC afirmó que: “El gobierno de Iván Duque y el Comando Sur han tomado como costumbre hacer permanente la presencia militar de una potencia extranjera en suelo colombiano y en asuntos internos que la fuerza pública colombiana tiene que resolver.
No se trata de una ayuda humanitaria ni desinteresada. A la administración Trump poco le importan los centenares de líderes sociales y excombatientes asesinados a manos del paramilitarismo de Estado. Pero si le impone a Colombia un nuevo capítulo de la fracasada guerra a las drogas como una excusa para incrementar su presencia inconstitucional en territorio patrio.
Está intromisión está diseñada para violar el Acuerdo Final de Paz y los compromisos con más de cien mil familias campesinas para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos.
El ministro de defensa Holmes Trujillo en compañía de Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur inspeccionaron en abril ejercicios conjuntos de los ejércitos de Estados Unidos y Colombia en la Alta Guajira, no mucho antes del fallido desembarco de contratistas mercenarios en playas venezolanas.
En enero y febrero de 2020 hubo simulacros en Tolemaida, el Catatumbo y en marzo ejercicios navales binacionales frente a las costas de Cartagena y el departamento del Atlántico.
El gobierno no puede seguir negando el carácter irregular e inusual de este tipo de eventos, cuando las autoridades gringas reafirman que la intervención militar en Venezuela no está descartada.
La administración estadounidense embarca a un gobierno sumiso en una amenaza de guerra contra Venezuela. Denunciamos en voz alta, que estas intenciones proyectan un acto criminal contra el pueblo hermano. Son una traición a los principios bolivarianos y representan una amenaza para la paz de América Latina, del Caribe y la paz de Colombia.
El Partido Comunista Colombiano rechaza sin vacilaciones este nuevo paso del desgobierno nacional, que hace gala de prevaricato y abuso de poder, en medio de un estado de excepción sanitario.
Le exige acatar la legalidad que alega encarnar al tiempo que incumple la implementación del Acuerdo de Paz.
Hace un llamado al Senado de la República y al Consejo de Estado para que asuman su obligación ante el desconocimiento vergonzoso de la Constitución y las leyes de Colombia.
El pueblo colombiano reclamará en las calles, en movilizaciones unitarias, soluciones sociales para el hambre, los despidos, el desempleo, la salud y también el respeto por la vida, por la paz y el punto final al desgobierno que traiciona la soberanía patria”.
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