El informe en minoría del Frente Amplio fundamentando su voto negativo a una Rendición de Cuentas que profundiza la desigualdad.
Al cierre de nuestra edición (por el jueves) continuaba la consideración de la Rendición de Cuentas en el pleno de la Cámara de Diputados, que luego pasa al Senado, por lo cual el balance final de su tratamiento será motivo de futuras notas.
Adelantamos hoy los principales conceptos políticos del Informe en Minoría del Frente Amplio, presentado por la diputada Ana Olivera, que fundamenta el voto en contra en general de la coalición de izquierda.
Uno de los conceptos principales es que es una Rendición de Cuentas que no responde a las necesidades de la gente y que consolida la desigualdad. Solo por citar algunos números de los recortes, se pueden señalar: 700 millones de dólares de recorte en salarios y pasividades; 140 millones de dólares de recorte en Educación Pública; 70 millones de dólares de recorte en Salud Pública; 50 millones de dólares de recorte en inversión en Vivienda; 40 millones de dólares de recorte en la Universidad de la República y 40 millones de dólares de recorte en el INAU.
Entre lo que ya se votó en Diputados, este miércoles, a pesar de las presiones públicas del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue rechazada la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El reclamo público del presidente Lacalle Pou, por la derogación de la ley, solo fue respaldado por el Partido Nacional y el Partido Independiente, votaron en contra el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. No obstante, si se aprobó la modificación del artículo 56 de la citada ley, que implica un nuevo golpe a ANTEL, habilitando a todas las empresas de televisión por cable del país a vender internet, solamente el Frente Amplio votó en contra.
El informe del FA
A continuación, transcribimos los conceptos centrales de la fundamentación política y económica del Informe del Frente Amplio.
“La Rendición de Cuentas presentada por el gobierno no da respuestas a las necesidades de la gente. Quienes no llegan a fin de mes, quienes están desocupados, quienes sufren la inseguridad alimentaria, la inseguridad a secas, quienes padecen las condiciones en las que se imparte la educación pública, no van a encontrar respuestas en esta Rendición de Cuentas. Tampoco van a encontrar respuestas, quienes se preocupan por el desarrollo científico y por una agenda que prepare a nuestro país para enfrentar las transformaciones del mundo del trabajo y las problemáticas ambientales. Esta es una Rendición de Cuentas que no resuelve los problemas del Uruguay de hoy y que prepara los recursos para gastarlos en el 2024.
La Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo a mitad del mandato de gobierno confirma que no se han cumplido, ni se van a cumplir, los compromisos electorales asumidos ante la ciudadanía. Estamos ante un gobierno que necesita del discurso político para justificar la ausencia de políticas públicas; que incumple promesas; que asigna recursos con discrecionalidad, y que carece de una agenda de desarrollo hacia el futuro. En el “país de las maravillas” que nos pinta el gobierno, se deterioran las capacidades del sector público para proteger a aquellos que tienen más vulnerados sus derechos. Se consolida un “ajuste social” a costa de las grandes mayorías, beneficiando aún más a los sectores más poderosos. De todo ello habla la realidad: la caída de salarios y pasividades, lo precario y transitorio de gran parte de los empleos creados, la mayor pobreza y desigualdad en comparación a la situación prepandémica, el aumento de “ollas populares”, las cuales aún persisten. Esta realidad, acuciante para muchas familias, contrasta con una economía que se ubica por encima de los niveles prepandemia, con exportaciones a niveles récord y con un aumento millonario de los depósitos en el exterior.
Más allá del discurso de la exposición de motivos, los propios datos presentados por el Poder Ejecutivo, expresan el incumplimiento de las metas. Por otra parte, las asignaciones previstas en la Rendición de Cuentas para el futuro son poco claras y, en algunos casos, inciertas. Por un lado, se instala el discurso de “responsabilidad fiscal”, mientras por otro, proliferan los fideicomisos (vivienda, asentamientos, patrulleras oceánicas, cárceles, intendencias), los contratos CREMAF, las iniciativas privadas, como es el caso del proyecto Neptuno. Son evidentes los diseños presupuestales para no registrar, de forma transparente, el gasto, y en cambio sí preparar el año 2024.
Un claro ejemplo de discurso engañoso es lo que ocurre en Ciencia, Tecnología e Innovación, un área esencial para el desarrollo del país y que tanto aportó durante la pandemia. En la Exposición de Motivos el gobierno plantea que le destina 26 millones de dólares. En realidad, solamente se asignan 4 millones y la promesa de poder destinar hasta 10 millones de dólares adicionales en proyectos de innovación, sometidos a la aprobación del MEF. Sin embargo, para llegar a los 26 millones, suman otros 12 millones para el desarrollo audiovisual, que nada tiene que ver con ciencia e investigación, los que, además, tampoco están explícitos, ni asegurados en este proyecto de ley.
En Educación, el recorte presupuestal se refleja en la caída de los salarios de docentes y funcionarios, en sus condiciones de trabajo y en el deterioro de la calidad educativa. La Udelar hoy recibe 4 mil nuevos estudiantes y el Poder Ejecutivo no sólo no le asignaba recursos, sino que además le recorta 14 millones de dólares al eliminarse el adicional del Fondo de Solidaridad. De mantenerse esta situación, o bien se cerrarán carreras o bien se dejará por el camino el aumento de la matrícula universitaria. No hay desarrollo posible quitándole recursos a la educación, o frenando el proceso de democratización y universalización de la enseñanza superior.
En materia de protección social abundan, las promesas incumplidas y los “anuncios de anuncios” y sin duda, la ausencia de planes integrales. Hay un deterioro en la calidad de atención en Salud de una población creciente en ASSE. “Ahorraron” en políticas de vivienda 50 millones de dólares, mientras se espera el despliegue de los fideicomisos en el año 2024. Es notorio que las políticas sociales no han estado a la altura de lo que la emergencia social requería, y de la construcción institucional acumulada. El MIDES estuvo ausente del territorio, reduciendo las visitas a los hogares y la llegada de los programas de proximidad, olvidándose de las personas que más lo requerían.
También hay otros “grandes olvidados” en esta Rendición de Cuentas. No hay políticas para el desarrollo productivo del país, no se prevén recursos para la producción familiar, y tampoco para un sector devastado como el Turismo.
(…) Este deterioro se fundamenta en una concepción del Estado y un proyecto de país que privilegia a los espacios de decisión y actuación privados con una lógica de rentabilidad y, simultáneamente, considera un obstáculo “lo público” y “lo colectivo”, y que se materializa en recortes y en un manejo discrecional de los recursos públicos. Es notorio el contraste con el proyecto de país impulsado por nuestra fuerza política, de profundización democrática y desarrollo productivo con justicia social y soberanía, y con el Estado como herramienta para la construcción de igualdad. (…)
Una economía al servicio del malla oro
Esta Rendición de Cuentas es la primera del período de gobierno que se discute con la economía en niveles superiores a la prepandemia y con tendencia creciente. En el 2020 el PIB caía y los salarios también. En cambio, en el 2021 el PIB creció sustancialmente, y, sin embargo, los salarios y pasividades continuaron cayendo. Esto provoca que gran parte de la población viva en peores condiciones que antes.
El gobierno de los “malla oro” facilita las condiciones para que unos pocos concentren los frutos del crecimiento. Por el contrario, la enorme mayoría de la población queda excluida. El “derrame” desafía las leyes de la física, siendo de abajo hacia arriba. Los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, perdieron poder de compra, se redujeron sus ingresos, y, como resultado, crece la pobreza, y la desigualdad. La lucha contra la desigualdad no es parte de los objetivos de este gobierno, ya que ignora la ineficiencia que genera la desigualdad. “Ahorrar” hoy nos saldrá más caro en el futuro. Mientras el gobierno en el discurso pregona que en el centro están las personas, en la realidad su proyecto genera el aumento de la desigualdad. En efecto, en el 2021 volvió a crecer la brecha entre ricos y pobres. El 10% de mayores ingresos percibe 11,5 veces más ingresos que el 10% más pobre. Asimismo, mientras el PIB crecerá 9% entre 2019 y 2024, la masa salarial crecerá como máximo 5%, lo cual también implica una transferencia de riqueza del trabajo hacia el capital. Esto significa que Uruguay va a producir 5.400 millones de dólares más y que el salario real, en el mejor de los casos va a ser equivalente al de inicio de este período.
La economía está creciendo, pero los frutos del crecimiento no llegan a la población. La gente ve que su realidad cotidiana no condice con el discurso triunfalista del gobierno y lo expresa en las encuestas de opinión pública.
Para peor, la economía uruguaya está mostrando un desempeño mediocre cuando se la compara con el resto de los países de la región. Tuvimos un crecimiento muy por debajo de Chile y de Colombia e incluso menos dinámico que el de Argentina pese al agravamiento de su situación macroeconómica. La supuesta «excepcionalidad» del desempeño de la economía uruguaya que pregona el equipo económico de gobierno, no es tal.
Si bien se ha logrado recuperar prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo perdidos en 2020, los nuevos empleos son de salarios más bajos y menor carga horaria. Así lo demuestran las 227.000 personas que se anotaron en el año 2021 a Jornales Solidarios y las recientes 160.000 que lo hicieron en mayo de este año; un programa que ofrece $12.500 por mes, nominales. El hecho de que muchísimas personas, pese a tener trabajo, se presenten a un empleo transitorio y con muy bajos salarios, es un claro síntoma de la precariedad de sus actuales empleos.
El gobierno ha incumplido su compromiso frente a la ciudadanía de “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”, que estableció en el Compromiso por el País. A junio de 2022 el salario lleva acumulado una caída de 4,9% respecto al promedio de 2019. Cuando el PIB ha recuperado los niveles previos a la pandemia, no es posible atribuir la caída en el poder de compra de los salarios a la crisis sanitaria ni, ahora, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es reflejo y consecuencia directa de la política salarial impulsada tanto en el sector privado como en el público.
Las pautas definidas por el Poder Ejecutivo en 2020, aseguraban la pérdida de salario real con el fin de mantener la rentabilidad empresarial. Los convenios acordados con los trabajadores del Estado en el marco de esta rendición de cuentas ratifican el incumplimiento de la coalición de gobierno. No habrá recuperación de la pérdida salarial para una gran parte de los trabajadores públicos.
A la vez, en el sector privado, la mitad de las mesas convocadas no acordaron adelantar ajustes a julio de 2022 y el correctivo les llegará recién dentro de un año. Lo perdido en estos dos años de gobierno, perdido está.
Como consecuencia de la baja de los salarios, las jubilaciones cayeron un 3,8% real respecto a los valores promedio de 2019. Si bien está previsto que a partir de julio las pasividades tengan un ajuste de 3%, debe tenerse presente que no se trata de un aumento genuino, si no de un adelanto a cuenta del aumento de enero y, por lo tanto, no mejorará en forma permanente el valor de las pasividades.
En campaña electoral prometieron ahorrar 900 millones de dólares sin afectar salarios y pasividades. Sin embargo, las claves para explicar la mejora en el resultado fiscal, son justamente el recorte de 700 millones en salarios y jubilaciones, el aumento encubierto de impuestos por 100 millones de dólares y el “ahorro” en inversiones públicas.
Todo esto se refleja en el bolsillo de la gente. En el segundo trimestre del 2022, el promedio de ingreso de los hogares es 4,8% inferior al del mismo período de 2019. Los hogares del interior del país hoy tienen un nivel de ingreso similar al que tenían en 2012. En tan solo dos años de gobierno, la mayoría de estos hogares retrocedieron diez años en sus niveles de ingresos.
Otro de los grandes incumplimientos de este gobierno es la inflación. La Ministra de Economía pasó de pedir en 2020 que se evalúe su gestión en base al “resultado fiscal y a la inflación”, a sostener que era un resorte del Banco Central del Uruguay. Atrás quedaron las promesas de tener una “moneda de calidad” y una inflación de “primer mundo”. De los 29 meses que lleva la coalición en el gobierno, solamente en 2 la inflación se ubicó dentro del rango meta definido por la política monetaria. El gobierno prevé que la inflación ingrese dentro del rango meta objetivo recién a fines del 2024, esto es en un horizonte más largo que el plazo que se fija como objetivo la política monetaria (24 meses), dando otra muestra del fracaso de la política inflacionaria.
Con estos indicadores no es de extrañar los resultados en materia de pobreza: de las
100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza en 2020, 66.000 permanecen en esa condición. Al respecto, preocupa el manejo que realizó el gobierno y en particular el equipo económico en la presentación de datos durante estos dos años y medio. Un manejo discrecional y funcional a la construcción de una visión triunfalista y autocomplaciente en un tema en extremo sensible. Sin embargo, con los datos reales a la vista, en ningún momento hubo reconocimiento del error.
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo los más afectados, la pobreza alcanza al 18,7% de las personas menores de 12 años y al 19,4% de las personas entre 12 y 17 años. Esto evidencia que los recursos destinados a los hogares vulnerables con niños menores de 4 años han sido completamente insuficientes, y que no alcanza solo con aumentar los fondos en primera infancia, sino que para revertir las situaciones de vulnerabilidad se deben también destinar más recursos a los niños entre 5 y 12 años y a los adolescentes.
En síntesis, hoy vivimos en un país con más personas pobres que en 2019 y también en un país con mayor desigualdad. La pandemia no afectó a todos por igual. Los hogares de menores recursos sufrieron en mayor medida la crisis y aún hoy persisten en condiciones muy complejas. Simultáneamente un grupo mínimo y muy poderoso de la población se ve beneficiado por niveles de exportaciones récord, aumentando sus colocaciones millonarias en el exterior y, además, el gobierno los premia con reducciones impositivas. Vivimos en un Uruguay con menores oportunidades para las mayorías, menor integración social, menor inversión en educación, ciencia y tecnología, todo lo cual compromete la incorporación de conocimiento y, en definitiva, el desarrollo futuro de nuestro país”.
Enlace para ver el video de la intervención de la diputada Ana Olivera y el texto completo del Informe presentado por el Frente Amplio:
https://elpopular.uy/ana-olivera-sobre-rendicion-de-cuentas-este-derrame-desafia-leyes-de-la-fisica-va-de-abajo-hacia-arriba/
Foto de portada:
Ana Olivera en la Cámara de Diputados. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
