Por Rolando Arbesún
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Uruguay (AMARC) ha denunciado, mediante un comunicado público que, artículos de la rendición de cuentas del Ejecutivo, apuntan al desmantelamiento de más del 40% de las radios comunitarias existentes en el país.
“Los artículos 147 a 150 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas”, afirman, “borran de un plumazo más del 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias”, un hecho que califican de “grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya”.
El pasado 30 de julio, una delegación de la Asociación fue recibida por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados.
En dicha oportunidad, agrega el documento de AMARC, se “fundamentó porqué se debían eliminar los 4 artículos de la Rendición de Cuentas”.
En un documento entregado a los miembros de dicha Comisión, además de un estudio comparativo de los artículos propuestos en la Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, los representantes de AMARC señalaron “que parecería que estos artículos que eliminan el 40% de las radios comunitarias del país se propusieron sin conocer la realidad del sector y el rol que cumple en la sociedad”.
En su análisis denuncian, “que el conjunto de los artículos referidos, significan una agresión hacia las radios comunitarias”, siendo los mismos, “violatorios de la libertad de expresión y derechos a la comunicación e información de la sociedad”, por lo que, “en consecuencia vulneran gravemente el sistema democrático de nuestro país”.
La delegación de AMARC Uruguay fue enfática en proponer a la comisión del Parlamento, la urgencia de que dichos artículos (147 al 150) fueran eliminados de la Rendición de Cuentas.
De igual forma criticaron el modo en que, estos artículos, fueron contemplados e incluidos en la propuesta del Ejecutivo, al respecto dijeron “nos sorprendió que un tema tan sensible para la democracia del país, como modificar una ley de radiodifusión, se trate en un proyecto de ley de Rendición de Cuentas, y no en un proyecto de ley específico que permita tener una amplia discusión del tema con todos los actores involucrados, por lo que además del articulado, rechazamos el mecanismo empleado”.
Durante su comparecencia en el Parlamento, AMARC también denunció “otros elementos que afectan al sector”, en directa referencia al proyecto de ley en estudio en el Parlamento para modificar la Ley de Medios vigente.
“Este proyecto”, denunciaron, “elimina la CHASCA, único espacio con participación social, que, entre otros cometidos, tiene el de emitir opinión en las adjudicaciones de frecuencias, lo que ofrece más capacidades de evaluación, garantías y transparencia en procesos tan importantes como las adjudicaciones de frecuencias o contralor de los medios de comunicación”.
Criticaron además que el mencionado proyecto de cambios a la Ley de medios, “promueve la concentración de los medios de comunicación, generando un desequilibrio en el sistema de medios, lo que afecta no solo a los medios comunitarios, sino la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información”.
Tal y como explicaron en el Parlamento, la delegación de AMARC recordó “que las radios del sector comunitario representan más del 30% de las radios del país, y han sido históricamente discriminadas en el acceso a la publicidad oficial, recibiendo el 0% de la misma, siendo este un mecanismo de censura indirecta hacia el sector que lleva años”.
En el comunicado publicado por AMARC se enfatiza que “los artículos de la Rendición de Cuentas quitan la potestad al MEC para la administración de estas frecuencias”, que es el organismo que, hasta la fecha, tiene entre sus cometidos «la promoción del desarrollo cultural del país, de la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos».
En la propuesta del Ejecutivo se “establece que las radios que emiten actualmente en la modalidad de frecuencias compartidas, lo hagan por dos años y dispone el cierre de las mismas luego de transcurrido ese tiempo”, algo que es denunciado como un cercenamiento del “derecho de la población del interior del país, donde se encuentra el 90% de las radios con frecuencias compartidas”.
Y agregan que, ellos, borran “de un plumazo a radios que tienen 20 años transmitiendo, y que por la realidad de sus comunidades no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia, y que, en la práctica, cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen”.
La AMARC denuncia que esta “agresión por parte del gobierno hacia el sector de radiodifusión comunitaria no es un hecho aislado” y en este sentido recuerdan que el pasado “23 de noviembre de 2020 el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, realizó una serie de declaraciones al periódico El Telégrafo de Paysandú atacando a las Radios Comunitarias, y mostrando un desconocimiento absoluto de la legislación vigente y del sector comunitario”.
Hecho este que fuera denunciado por AMARC ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la cual emitió una resolución favorable al planteo de AMARC que dio lugar a que el Director Nacional de Telecomunicaciones pidiera disculpas, aduciendo que había sido “mal interpretado por el periodista de El Telégrafo”.
“Más allá de las disculpas”, señala el comunicado de la Asociación, preocupan “las políticas llevadas adelante por el gobierno” que, “efectivamente indican un claro desprecio por el sector comunitario de comunicaciones, basado en un desconocimiento del mismo”.
Este desprecio que se denuncia, es ejemplificado con otro accionar de Acosta y Lara, quien en un artículo publicado en el semanario Búsqueda el pasado 5 de agosto dijo «desde hace tiempo Dinatel está en conocimiento de que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular», y que la idea «… para que las radios se pongan al día, es darle un último changûi».
“Estas expresiones”, denuncia la AMARC, “intentan amedrentar al sector, por lo que son rechazadas absolutamente por AMARC Uruguay por infundadas y porque no se requiere ningún changüí, sino procesos claros y transparentes en la administración de todas las frecuencias”.
“La Dinatel”, agregan, “en lugar de hablar en forma genérica en contra de un sector de la comunicación, generando un grave daño al mismo, debería abocarse a seguir los procedimientos, y si tiene conocimiento de radios que están incumpliendo la normativa, en primera instancia comunicarle a las mismas, para que puedan hacer sus descargos”.
En su defensa del derecho a la comunicación y en respuesta a las manifestaciones de Acosta y Lara, AMARC enfatiza “que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión no pueden ser manejados con otorgamientos de changüís o premios de los gobiernos de turno, como mencionó Acosta y Lara, sino con políticas claras y transparentes, que garanticen el debido proceso en la concesión de un bien finito como son las frecuencias radio eléctricas, donde los estados son solo administradores de las mismas y no sus dueños”.
Surgida en 1983, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es el referente organizacional, político y comunicacional de un movimiento ciudadano internacional que se conforma en torno a las radios comunitarias, ciudadanas y populares.
En la actualidad cuenta con más de 3000 asociados en todo el mundo, y está reconocida como Organismo no Gubernamental Internacional (ONG), de carácter laico y sin fines de lucro.
Como integrantes de AMARC cientos de periodistas, comunicadores, radios comunitarias y centros de formación y producción de la más variada gama de pensamientos, nacionalidades, razas, etnias y culturas, hacen posible una comunicación plural con fines sociales.
El capítulo uruguayo de AMARC se creó en el año 1994, y actualmente nuclea a 18 radios comunitarias y varios centros de producción y asociados individuales de distintos lugares del país, entre los que se destacan los departamentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha, Salto y San José.
