Con la participación de la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma (CTA-A) y otras organizaciones sindicales y sociales y bajo la consigna “Un pueblo firme contra el DNU”, se sigue desarrollando una “campaña contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, firmado en diciembre por el presidente Javier Milei”.
La iniciativa, detalló Prensa Latina (PL), se propone reunir firmas contra el decreto con “el objetivo de lograr su anulación por la Cámara de Diputados y la Corte Suprema”.
El movimiento que impulsa la iniciativa está integrado, además, por la Unidad Popular, la Asociación Trabajadores del Estado, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga por los Derechos Humanos, así como “la Federación Judicial Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Hijos, la Asociación Americana de Juristas, el Partido Comunista, el Movimiento Popular Liberación y Encuentro Patriótico, entre otros”.
El mencionado decreto, detalla la agencia de prensa, precisa para ser derogado “la desaprobación de ambas Cámaras del Congreso”, por lo que si una de ellas “no lo trata o solo una se muestra en desacuerdo”, el mismo “continúa activo”.
El decreto de necesidad y urgencia, dispone, entre otros aspectos, “el desarme de leyes como la de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial” y en el mismo se “aprueba la reforma del régimen laboral”, apuntándose a la privatización de empresas públicas, la modificación del Código Civil y Comercial, así como el cambio en “el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales”.
El decreto, detalla PL, “es el instrumento jurídico principal utilizado por el Gobierno” que permite la ampliación de las facultades legislativas delegadas en el Presidente por la Ley Bases, permitiendo que Milei pueda intervenir en algunas áreas “sin discutir absolutamente nada con el parlamento”, lo que implica que se ponga “en emergencia (…) todo lo concerniente a la administración del Estado por cuatro años”.
