Por Victoria Alfaro
Son varios los proyectos inmobiliarios de carácter millonario que buscan construir barrios privados en la costa de Canelones. Estas iniciativas son antagónicas al valor de la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía fragmentando a la sociedad uruguaya entre quienes pueden acceder y los que quedarán afuera.
EL POPULAR entrevistó al edil de la 1001-FA de Canelones, Arturo Garracini, quien vive en la Costa de Oro sobre este fenómeno “que se viene dando en Canelones desde hace algunos años. Comenzó en los años 90 con algunos barrios privados, incipientes en Ciudad de la Costa y después vino acompañado de un desarrollo inmobiliario enorme, hay que recordar que fue una de las ciudades que más creció en Latinoamérica y ahora en la Costa de Oro también se da este fenómeno. Este un proceso que al estar pegado a la capital del país comenzó con mucha fuerza en Ciudad de la Costa y ahora tiende a desarrollarse hacia la Costa de Oro”, explicó.
Agresividad y gentrificación
“Hay varios de estos proyectos privados que tienen la misma forma de operar o muy similar y son de los mismos desarrolladores: Leandro Añón, el dueño de la Tahona es uno, pero aparecen otros, Gómez Platero, Kopel / Sánchez, entre otros. Ellos especulan directamente con el valor del suelo y de la vivienda, un proceso totalmente antagónico a lo que nosotros pensamos en esto de conceptualizar la vivienda como un derecho y no como una mercancía”, apunto.
“Estos desarrollos son muy agresivos porque generan una enorme cantidad de problemáticas que vienen asociadas, por ejemplo, al partir los territorios al medio con procesos como la gentrificación que hace desplazar a los habitantes de sus hogares porque el valor del suelo empieza a subir de forma desmedida y los termina corriendo”, advirtió.
“Acá en Ciudad de la Costa lo vimos de forma muy acelerada y sigue sucediendo. En la Costa de Oro hay tres proyectos que son los que hoy están en discusión en la agenda política de la Costa de Oro, donde hay organizaciones sociales y vecinos movilizados, uno es sobre Laguna del Cisne, que es uno de los proyectos más pesados y tiene algunas consideraciones ambientales muy potentes. Allí los vecinos reclaman que el agua es un derecho fundamental para la vida y sin embargo en esa zona se pretende instalar chacras marítimas”, explicó .
“Con el agregado que hubo persecución por parte del sector privado hacia los vecinos y vecinas. Cuando hay una acción legítima de reacción de los vecinos y las vecinas organizadas, así como de las organizaciones civiles, también hay un avance de estos desarrolladores, no sólo con la presión económica, sino también de carácter judicial. Lo llevaron incluso a la justicia, denunciando directamente a los vecinos y vecinas”, denunció el edil canario.
“Otro de los proyectos nombrados es El Cangrejal en el arroyo Las Vegas y después está Guazuvirá, que también es un desarrollo de un fraccionamiento de un gran predio”, añadió Garracini.
“Se intenta instalar una lógica de barrio semi privado. Ese fenómeno de desarrollos privados, lo venimos discutiendo bastante a nivel de partido, a nivel de la Bancada 1001, lo hemos discutido en la Junta. Y estamos dando la discusión porque entendemos que esto parte los territorios. Los fragmentos, lejos de generar un tejido social potente y fuerte, termina generando diferencias enormes y desplazando a la población”, advirtió.
“Acá en Ciudad de la Costa, capaz que el más escandaloso, si se quiere, es el proyecto Viñoly uno que se instaló en la Rambla del Pinar. Este fue aprobado por la Junta en el periodo pasado, un proyecto que incluso no es tan agresivo con la normativa vigente. Hay que decir que estos proyectos de los que hablábamos son agresivos con la normativa vigente o van por el mecanismo de la excepción que lo tiene que votar la Junta. Es casi un denominador común, porque quieren aprovechar la mayor cantidad del suelo, para explotarlo y poder generar mayor ganancia”, advirtió Garracini.
“El caso del Viñoly no fue tanto en altura, pero sí genera un impacto por el valor y el uso exclusivo. Los valores de esos inmuebles son muy exclusivos, estamos hablando de que un penthouse anda en alrededor de los tres millones de dólares cada uno. Entonces ahí nos planteamos la pregunta ¿para quién terminamos construyendo ciudad?”, se preguntó.
“La misma lógica que corre con los barrios privados que se terminan transformando en guetos que separan a la población. El que puede acceder, accede y el que no queda excluido. Y por eso estamos dando la discusión. El ejemplo más grande y que es reciente es el proyecto para Médanos de Solymar, donde hicimos la discusión y terminamos votando por disciplina partidaria, porque desde el momento que arrancamos a discutirlo entendíamos que no podíamos acompañar ese proyecto”, apuntó.
Impacto y sostenibilidad ambiental
“Nuestra posición crítica sobre esta iniciativa nunca estuvo basada en una oposición al desarrollo ni a la construcción de viviendas. Por el contrario, surge de la preocupación por los impactos que determinados modelos de inversión inmobiliaria generan sobre nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestro territorio”, dice la argumentación de la Bancada 1001 en la Junta Departamental de Canelones a la que accedió EL POPULAR. “Creemos necesario reivindicar el valor de la planificación territorial como una herramienta democrática. La Ley Nº 18.308 constituyó un avance fundamental al reconocer que el territorio no es una mercancía, sino un bien colectivo cuya transformación debe estar guiada por el interés general, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana”.
Más adelante agregan: “por eso creemos que el debate de fondo es qué modelo de desarrollo urbano promovemos para la costa canaria y cómo compatibilizamos la inversión privada con el interés colectivo, garantizando que el crecimiento contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida del conjunto de la población”.
Este proyecto en particular incluye la construcción de 21 torres, algunas de 13 pisos y otras de 5 pisos con 1162 viviendas. Un proyecto que viene desde el año 2024, al final de la legislatura pasada. “Recibimos primero a los inversores, después a la ANV y la bancada del Frente Amplio comenzó un proceso de estudio profundo de esto. En ese estudio es que el partido y la espacio 1001 toma la definición de no acompañar. Seguimos el proceso de discusión pero entendíamos que este proyecto no lo acompañamos por los impactos de este tipo de desarrollo y porque consideramos que la excepción termina desfigurando lo que son los planes de ordenamiento territorial que nosotros consideramos fundamentales en la construcción del tejido social”, explicó el edil.
“Votamos por disciplina partidaria, pero argumentamos y dejamos en actas las consideraciones de por qué no acompañamos este proyecto. Hicimos mucho hincapié en toda la discusión para meter al territorio y a la academia en la discusión. Es central en esto de ampliar la discusión y que no quedara solamente en el Ejecutivo, el sector privado y el Legislativo. Estos procesos de conducción de territorio tienen que ser lo más amplios posible y así lo dejamos asentado el día de la votación. Poner a la vivienda como un derecho y sacarla como una mercancía que es como estos operadores terminan funcionando”, añadió.
“Ahí encontramos dos aspectos centrales: la reciente ley que se aprobó en el Senado sobre las viviendas vacías. Y la segunda es el proyecto de ley que se aprobó en el Senado que está en discusión todavía del derecho a la ciudad. Ese concepto de derecho a la ciudad nosotros lo mantuvimos y lo mantenemos durante toda la discusión de estos temas. Nos parece central generar las condiciones para un territorio diverso y participativo, que realmente tenga poder de decisión en la construcción del mismo”, afirmó.
