Por Rodrigo Gorga
El sábado pasado se realizó el Encuentro Programático del Seccional Óscar Tassino, que nuclea a trabajadores y trabajadoras comunistas del sector de las telecomunicaciones. La instancia estuvo centrada en la situación y las perspectivas del sector y, especialmente, en el papel que puede cumplir Antel en la etapa actual del proceso económico uruguayo. La discusión tuvo además un marco más amplio, con la participación de trabajadores de otras empresas públicas. El intercambio permitió poner sobre la mesa problemas comunes y la necesidad de pensar en conjunto las principales palancas productivas del Estado.
El punto de partida de la discusión fueron dos problemas estructurales de la economía uruguaya que se alimentan mutuamente: la dependencia, expresada en el lugar subordinado que ocupa el país en la división internacional del trabajo, y la desigualdad, vinculada a una fuerte concentración del poder económico.
Uruguay sigue insertándose en el mundo fundamentalmente como proveedor de materias primas: celulosa, carne, leche en polvo, madera, trigo, arroz, soja y ganado en pie explican cerca de dos tercios de las exportaciones de bienes. Esa estructura condiciona el ciclo económico: cuando suben los precios internacionales se expande la actividad, pero la entrada de divisas aprecia la moneda, abarata las importaciones y debilita a otros sectores productivos. Así, incluso en los períodos de auge, la especialización primaria tiende a reproducirse.
Por eso la transformación productiva necesita decisiones políticas capaces de modificar los incentivos que espontáneamente genera el mercado. En esa perspectiva aparece la Estrategia Nacional de Desarrollo como marco para ordenar políticas, fijar prioridades y orientar recursos.
La pregunta inmediata es con qué instrumentos cuenta Uruguay para llevar adelante una estrategia de ese tipo. Allí las empresas públicas ocupan un lugar central. Allí las empresas públicas ocupan un lugar central. No solo por su historia y por el amplio respaldo social que mantienen, sino porque constituyen algunas de las herramientas económicas más importantes que permanecen bajo control nacional. De ahí que el propio programa del Frente Amplio ubique a la Estrategia Nacional de Desarrollo «sobre la base de las actuales empresas públicas y otros instrumentos que puedan crearse».
Ese papel adquiere mayor relevancia cuando se observa cómo cambió la cúpula empresarial uruguaya en las últimas décadas. En cuarenta años, la participación del capital privado nacional en las ventas de las doscientas mayores empresas cayó de casi 50% a 25%, mientras la participación del capital extranjero pasó de 12% a 35%. El capital estatal, en cambio, se mantuvo próximo al 30%. En una economía con una presencia transnacional creciente, las empresas públicas constituyen, por tanto, un contrapeso de enorme importancia y una plataforma desde la cual impulsar políticas de desarrollo.
Ahora bien, disponer de esa herramienta no resuelve por sí solo el problema. Su orientación depende de decisiones políticas muy concretas. Una de ellas se refiere al destino de los excedentes. Cuánto se transfiere a Rentas Generales y cuánto permanece en las empresas para financiar inversiones, desarrollar nuevas capacidades o incorporar tecnología no es una cuestión puramente contable.
Durante el encuentro apareció con fuerza esa tensión. Una empresa pública sometida principalmente al objetivo de mejorar su resultado financiero tenderá a maximizar sus aportes fiscales. Si se la concibe además como herramienta de desarrollo, deberá realizar inversiones cuyo retorno puede ser más lento o expresarse en mejoras productivas y sociales que no aparecen inmediatamente en su balance.
La experiencia de las últimas décadas muestra las consecuencias de esas distintas orientaciones. Una parte importante de las transformaciones ocurridas entre 2005 y 2015 estuvo asociada a altos niveles de inversión de las empresas públicas. La transformación de la matriz energética y el despliegue de la fibra óptica son probablemente los ejemplos más claros. Después de 2015 la inversión perdió dinamismo y esa tendencia también alcanzó a Antel. Según los datos discutidos en el encuentro, la inversión continúa en niveles bajos y su recuperación aparece como uno de los desafíos del actual período de gobierno.
Plantear que las empresas públicas deben volver a cumplir un papel inversor también abre otra discusión. Si una proporción mayor de sus excedentes queda destinada a inversiones de largo plazo, el Estado debe encontrar otras fuentes para financiar sus políticas. El debate sobre las empresas públicas termina así conectado con la discusión tributaria y con propuestas dirigidas a aumentar el aporte de los sectores de mayores ingresos, entre ellas la de gravar al 1% más rico.
La discusión sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo ya empezó a adquirir una expresión institucional. El PIT-CNT colocó la END en su plataforma del 1.º de mayo de 2025, el Presupuesto Nacional encomendó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto convocar un diálogo sobre la materia y, en abril de 2026, ese proceso comenzó formalmente con la participación del gobierno, los trabajadores organizados, el sector privado y la academia.
El desafío es incidir ahora en su contenido. Para los trabajadores de las telecomunicaciones y de las restantes empresas públicas esto supone definir qué lugar deben ocupar las empresas públicas dentro de una estrategia más general de transformación productiva.
En el caso de las telecomunicaciones, uno de los debates del encuentro estuvo precisamente en cómo valorar su importancia. Prácticamente ninguna actividad productiva moderna puede funcionar, aumentar su productividad o incorporar nuevas tecnologías sin una infraestructura digital adecuada. Lo mismo ocurre con buena parte de los servicios públicos.
Las telecomunicaciones y la energía forman parte de la infraestructura básica sobre la que hoy se construye el resto de la economía.
Antel muestra hasta dónde puede llegar una empresa pública cuando existe una orientación de largo plazo. Compite en telefonía móvil con dos grandes empresas transnacionales y al mismo tiempo desarrolló una red de fibra óptica de alcance nacional y capacidades como el Data Center. El valor de esa experiencia no reside solamente en la infraestructura construida. Importa también el criterio que orientó su despliegue.
La expansión de la fibra no se limitó a las zonas donde una inversión privada podía obtener mayores retornos. La empresa llevó infraestructura a localidades en las que la rentabilidad inmediata difícilmente hubiera justificado la inversión. Esa decisión permitió combinar desarrollo tecnológico, cobertura territorial y universalización del servicio.
Es una experiencia especialmente relevante para pensar la próxima etapa. La transformación de la matriz energética modificó durante las últimas dos décadas una infraestructura decisiva para el funcionamiento del país. La infraestructura digital puede cumplir una función semejante en las décadas que vienen.
Eso supone ampliar la discusión sobre Antel. La cuestión no se reduce a conservar una empresa estatal fuerte dentro del mercado de telecomunicaciones. Se trata de definir para qué utilizar su capacidad tecnológica, financiera y humana. Puede cumplir un papel importante en áreas como los datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las comunicaciones satelitales, el desarrollo de proveedores nacionales y la incorporación de tecnología al conjunto de la producción.
Este punto apareció con fuerza en la discusión. Se planteó que, luego del despliegue de infraestructuras como la fibra óptica, el desafío pasa cada vez más por el conocimiento, los datos y las capacidades que se desarrollan sobre ellas. La inversión pública puede contribuir a reducir la dependencia tecnológica si se utiliza también para generar proveedores, contenidos y conocimiento dentro del país. En ese sentido, se destacó el potencial de las compras públicas, la coordinación entre las distintas empresas del Estado y una mayor participación de los trabajadores en su gestión.
En todos estos temas apareció un criterio común. Ampliar la democracia económica supone aumentar la capacidad de la sociedad para decidir sobre el excedente y orientar las principales inversiones. A partir de allí se organizaron cinco grandes áreas de trabajo: fortalecer la apropiación pública del excedente, orientar el capital privado hacia objetivos nacionales, desarrollar ciencia y tecnología propias, proteger las infraestructuras estratégicas y ampliar derechos sociales y democráticos. En este último eje un dato sirvió para medir la distancia por recorrer: hoy el 89% del quintil más rico accede a fibra óptica frente al 55% de los hogares más pobres. Cerrar esa brecha, se sostuvo, es parte del programa y no un añadido.
El programa cumple allí una función concreta. Permite decidir hacia dónde debe apuntar cada propuesta y relacionar las respuestas inmediatas con un proyecto más amplio de transformación. La defensa de las empresas públicas conserva toda su vigencia, pero hoy exige algo más que impedir su privatización o deterioro. Requiere discutir qué deben hacer, dónde deben invertir y qué capacidades nacionales pueden ayudar a construir.
Ese fue uno de los principales resultados políticos del encuentro. Frente a una estructura económica que tiende a reproducir su especialización y su dependencia, las empresas públicas ofrecen instrumentos que Uruguay ya posee. La disputa está en cómo utilizarlos. Para los trabajadores del sector, intervenir en esa definición significa pasar de la defensa de lo construido a la discusión sobre el papel que Antel y el conjunto de las empresas públicas pueden cumplir en la transformación productiva del país.
