Aeronave secuestrada: repudia EMTRASUR y ALBA-TCP resolución de juez argentino

Tras conocerse la decisión de un juez argentino de acceder al pedido de un magistrado estadounidense respecto a la aeronave de la empresa EMTRASUR, la entidad de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), perteneciente al Estado de Venezuela, expresó en su cuenta oficial de X (exTwitter )su rechazo y condena.

Para la empresa venezolana la decisión del Juez Federico Villena, constituye una violación del debido proceso y facilita las intenciones de Estados Unidos de apoderarse, de manera arbitraria de la aeronave.

“El Gobierno argentino”, señala el comunicado de EMTRASUR, “no solo violó los derechos humanos, también al debido proceso en el cumplimiento de las regulaciones internacionales, por tratarse de un Estado miembro de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)”.

Además de reiterar su denuncia con relación a la retención ilegal por cinco meses de la tripulación en Argentina y el secuestro de la aeronave “sin prueba alguna, sumado a las pérdidas materiales causadas por daños y perjuicios al patrimonio público venezolano”, EMTRASUR subraya que a lo largo del proceso quedó demostrado que la aeronave, su tripulación y la carga cumplían con todos los permisos legales que para tale casos se exigen.

El comunicado advierte que tanto la empresa, como las autoridades venezolanos “se reservan el ejercicio de futuras acciones judiciales por daños al patrimonio de la Empresa, violación de los derechos humanos, y del Convenio sobre Aviación Civil Internacional”.

EMTRASUR exhorta a las autoridades aeronáuticas internacionales para que cumplan con las normas vigentes y solicitan no se autoricen sobrevuelos o escalas técnicas a la aeronave secuestrada.

Por su parte la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también hizo público un comunicado donde se repudia la resolución de la justicia argentina, calificando la orden del juez como un intento de robo.

«La retención ilegal y la orden de decomiso -consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional- demuestran que no se guardan ni las formas del servilismo ante el imperialismo estadounidense», señala el comunicado.

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