El efecto “devastador” enlos derechos humanos de parsoonas y sociedades que tienen los sistemas de vigilancia digital, han sido denunciados por una relatora de Naciones Unidas.
En su denuncia, la experta Fionnuala Ni Aoláin señala que, bajo el amparo de la llamada “lucha contra el terrorismo”, algunos países y empresas privadas han incrementado el uso de estas tecnologías “sin regulación alguna”, produciendo así «devastador coste para los derechos humanos”.
Las apreciaciones de la experta independiente fueron realizadas la pasada jornada a través de un informe que fuera presentado durante la última sesión del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
En el mismo, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, alertó sobre lo que calificó como “un alarmante aumento del uso de «tecnologías intrusivas y de alto riesgo».
Entre las tecnologías mencionadas se incluyen “los drones, la biometría, la inteligencia artificial (IA) y los programas espía”, cuyo despliegue y uso se han visto aumentados “en nombre de la lucha contra el terrorismo”, sin que tengan en consideración las regulaciones normativas de un Estado de derecho, lo que afecta “la gobernanza y los derechos humanos”..
«Las justificaciones excepcionales para el uso de tecnologías de vigilancia en la lucha antiterrorista contra los derechos humanos a menudo se convierten en un uso regular mundano», afirmó Ní Aoláin, de acuerdo al portal de noticias del organismo internacional.
En ese sentido enfatizó la importancia de que se produzca “una pausa en el uso de tecnologías intrusivas de alto riesgo hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas».
La experta que fuera nombrada por el Consejo de Derechos Humanos señaló que debería “ponerse fin a la transferencia no regulada de tecnologías de alto riesgo a Estados que cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos», e instó “a las autoridades a legislar más eficazmente el marco de acción de las empresas que participan en la transferencia de tecnologías de vigilancia al extranjero”.
«En ausencia de regulación, el coste para los derechos humanos sólo puede aumentar sin que haya un final a la vista», subrayó Ní Aoláin.
