Este jueves la coalición de derecha hizo una votación exprés del proyecto de reforma jubilatoria en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Aprobaron sin discusión las múltiples modificaciones acordadas fuera del Parlamento. Lo hicieron sin que el gobierno haya aceptado presentarse en la Comisión para fundamentar los cambios, explicar sus alcances e impactos. Sin escuchar al Frente Amplio, que no tuvo tiempo siquiera de estudiarlos. Y también sin aceptar que fueran convocadas nuevamente para dar su opinión las más de 40 organizaciones sociales y expertos que participaron de la Comisión, que ni siquiera tomaron conocimiento de estos cambios.
A las 19.20 del miércoles 19 de abril el Poder Ejecutivo ingresó un mensaje de 14 carillas con modificaciones a 5 artículos del proyecto de ley original, que incluyen cambios en la edad de jubilación, el tiempo de trabajo y aportes. No tienen ninguna fundamentación, ni estudio de impacto. Nada. Esto se suma a las más de 100 modificaciones planteadas a lo que se discutió y aprobó en el Senado. Es más, los diputados de la coalición de derecha siguieron haciendo modificaciones mientras discutían entre ellos en la Comisión. Un verdadero escándalo. La improvisación más absoluta. Y todo ello en un tema crucial, las jubilaciones y pensiones de las y los uruguayos.
Este último mensaje ingresó a Diputados mientras la Cámara sesionaba analizando el proyecto de ley denominado de tenencia compartida, los debates se extendieron hasta las 5 y 30 de la mañana del jueves. Ese mismo jueves, pocas horas después, la coalición de derecha en el gobierno impuso la votación en Comisión, sin discusión, sin fundamentación, sin presencia del Poder Ejecutivo, sin tiempo de estudio siquiera.
Las y los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión Especial votaron en contra en general del proyecto de reforma jubilatoria y luego se retiraron de la misma cuando se iban a considerar los artículos porque señalaron, con toda razón, que no tenían la más mínima posibilidad de pronunciarse sobre los mismos, ya que desconocían su contenido, en algunos casos la redacción no era ni siquiera definitiva, y, además, porque la coalición de derecha negó toda posibilidad de estudio, de consulta y de discusión.
La coalición de derecha votó además considerar el proyecto de ley en sesiones especiales de la Cámara de Diputados el lunes y el martes. Cabe señalar que como tiene múltiples modificaciones a lo que se aprobó en el Senado tendrá, en caso de ser aprobado, que volver a esta Cámara.
Adicionalmente a todo esto, como si fuera poco, votaron en Comisión y pretenden hacerlo en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sin responder a las más de 20 preguntas y otros tantos pedidos de información realizados por el FA en estos dos meses. Para ser más precisos hay preguntas que el FA realizó ya en la discusión del Senado y nunca fueron respondidas. A último momento, y como para guardar las apariencias, enviaron algunas respuestas, las cuales llegaron sin tiempo de procesamiento antes de la votación y, además, en su mayoría, son absolutamente insuficientes, es más, en algunos casos, sobre todo en los pedidos de estudios de impacto económico de algunas medidas, la respuesta fue que no hay respuesta porque no cuentan con los números y no han hecho las proyecciones.
Como señalábamos en el editorial anterior estamos ante un verdadero papelón. Y nos quedamos cortos. Como bien dijeron las y los diputados del FA, estamos ante un “atropello” a la principal fuerza política del país, a las organizaciones sociales más importantes del país, a las y los expertos, que asistieron a la Comisión y plantearon sus dudas, cuestionamientos y aportes. Hay que ir aún más lejos, es un atropello al Parlamento. La negociación se dio fuera del Parlamento, en reuniones de toma y daca políticas entre los socios de la coalición de derecha que respalda al gobierno. Esta metodología golpea a la democracia y a las instituciones democráticas.
Como siempre, pero en este caso con gran claridad, la forma hace al contenido. En un tema tan delicado y de tanta trascendencia lo que han hecho primar el gobierno y la coalición de derecha son las negociaciones palaciegas a puertas cerradas, ninguneando al Parlamento y a la sociedad.
Un proyecto que fue presentado por el presidente Lacalle Pou como una elaboración técnica, con amplios consensos y fundamentos sólidos, está terminando, de una manera vergonzosa, en un Frankenstein, que nadie sabe que dice a ciencia cierta, ni si mañana seguirá diciendo lo mismo, sin respaldo de estudios de impacto, sin fundamentación técnica y sin consenso político, ni social. Una barbaridad.
Reiteramos una vez más las definiciones centrales que no cambian. Es una reforma regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, carga los costos solamente sobre los trabajadores, fue hecha de espaldas a la sociedad, beneficia al lucro y la especulación de las AFAP y su principal consecuencia es que la mayoría de las y los trabajadores tendremos que trabajar más años, aportar más, para cobrar menos jubilación.
Eso no cambia con este aluvión de cambios improvisados que no tienen ningún fundamento, solamente se basan en el temor de sectores de la coalición de derecha, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, al creciente rechazo de la ciudadanía a esta reforma hecha entre gallos y medias noches, que quieren votar a fórceps.
Hay que mantener la denuncia, el diálogo con nuestro pueblo y el reclamo de que no se apruebe este disparate opaco y sin respaldo técnico alguno y se abra una discusión en serio, seria, valga la redundancia, sobre un tema crucial para el presente y el futuro de las y los uruguayos.
