En el marco del “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, que se conmemora cada 28 de abril, desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT se está promoviendo que la agenda del movimiento sindical destaque y considere la importancia de la acción gremial en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Carolina Arcuri, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP), integrante de la Dirección Nacional de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y responsable de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, dijo que el Estado -en su rol de empleador del sector público- “es el mayor incumplidor de la normativa que protege la salud y la seguridad de los funcionarios”.
En diálogo con el portal del PIT-CNT, Arcuri señaló que, a pesar de la pandemia, durante este período se lograron importantes avances. “De Congreso a Congreso, mejoramos la coordinación con el Secretario Ejecutivo desde que asumió el vicepresidente del PIT-CNT como responsable político de la Secretaría de Salud. Eso nos permitió trabajar de forma más articulada con el Secretariado y con la Mesa Representativa”.
Asimismo, destacó la activa participación sindical en los trabajos de la Secretaría, mencionando como ejemplo la elaboración y aprobación de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo en el ámbito del CONASSAT, materializada en el Decreto 246/2024. “Este logro nos obliga a seguir trabajando, ahora en la construcción del programa que le dará contenido a esa política nacional”.
También se profundizó la formación en temas de salud y seguridad para los sindicatos, con cursos brindados por UNIT, el Departamento de Salud Ocupacional de la OIT, su oficina para trabajadores, y el Instituto Cuesta Duarte. “Se logró una oferta permanente y diversa, tanto desde la Secretaría como desde las comisiones de acoso y medio ambiente, lo que permitió realizar actividades concretas en la sede del PIT-CNT, incluso en conjunto con el Departamento de Desarrollo Productivo».
Arcuri subrayó que uno de los desafíos urgentes es abordar la salud mental. “Debemos vincularnos con la academia para poner en debate estos temas y trabajar en propuestas que faciliten su tratamiento. Una medida clave sería incluir los trastornos mentales en el decreto de enfermedades profesionales, así como reglamentar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso, ratificado por Uruguay en 2019, pero aún sin aplicación efectiva”.
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La dirigente hizo hincapié en la necesidad de fortalecer ámbitos de participación y consulta como las comisiones bipartitas a nivel de empresa, las tripartitas sectoriales y los servicios de prevención de salud y seguridad en todos los lugares de trabajo. “También es imprescindible reforzar institucionalmente a la Inspección General del Trabajo, que es la «policía del trabajo»”.
Insistió en que este organismo debe contar con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol, tanto en el sector público como privado. Además, propuso utilizar los mecanismos de seguimiento de normas internacionales de la OIT, como “el envío de memorias sobre los convenios relativos a salud y seguridad”.
En cuanto al sector público, Arcuri reiteró que “el patrón Estado es el principal incumplidor”. Esta afirmación está respaldada por un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que señala que casi ningún Ministerio cuenta con servicios de prevención y salud integrados por profesionales competentes, y que en muy pocos organismos existen comisiones bipartitas de salud y seguridad que deberían estar presentes en cada lugar de trabajo.
Violencia, acoso y salud mental
Sobre la violencia y el acoso laboral, Arcuri recordó que los informes anuales de la Inspección General del Trabajo (2021-2023) registran un incremento sostenido de denuncias por violaciones a derechos fundamentales, incluyendo acoso moral y sexual. “También el Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas ha advertido sobre un aumento de consultas por estas situaciones”.
“Uruguay ratificó el Convenio 190, pero no lo reglamentó, por lo que su implementación práctica está paralizada”, advirtió. “Además, el gobierno anterior intentó aprobar una ley restrictiva y contraria a ese convenio, que por suerte no prosperó. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar con el nuevo gobierno en su reglamentación, a través de la negociación colectiva”.
El movimiento sindical logró frenar el proyecto de ley del gobierno anterior, enviando una denuncia a la Comisión de Normas de la OIT por la falta de negociación colectiva. “Nuestro país fue el primero en ratificar el Convenio 190, y eso nos da una responsabilidad histórica”.
Para ello, consideró clave “fortalecer” el rol de la Inspección General del Trabajo, que actualmente «no cuenta con suficientes inspectores», según han informado las nuevas autoridades de la cartera de Trabajo. “Es necesario dotarla de recursos humanos y materiales adecuados; además, debemos capacitar a los sindicatos en la identificación de factores de riesgo psicosocial, que muchas veces son el caldo de cultivo para la violencia y el acoso laboral”, acotó.
“La preocupación sobre estos temas es muy alta. Algunos sindicatos han elaborado sus propios protocolos, pero es indispensable contar con una reglamentación común para todos los trabajadores, que sirva de guía clara y permita avanzar en sensibilización, formación y prevención. Como también es fundamental que el movimiento sindical jerarquice en su agenda la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es imprescindible que los sindicatos tomen el tema; no podemos limitarnos a reivindicar salarios dignos, empleo de calidad, sino además, salud y seguridad en el trabajo para concientizar sobre esta problemática». En este sentido, alertó que “cada 10 días fallece un trabajador por accidentes de trabajo y la mayoría de estos accidentes son evitables”.
Fuente: Portal de noticias PIT-CNT
