Una vez más el Congreso de El Salvador resolvió aprobar “por vigésima ocasión el régimen de excepción” que desde marzo y a instancias del gobierno de Nayib Bukele se mantiene en el país desde marzo de 2022.
La medida, ratificada ayer, fue impulsada y defendida por el mandatario salvadoreño “para combatir el impacto de la violencia pandillera” y ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos y sociales del país quienes afirman que además de limitar garantías estimula el uso excesivo de la fuerza de parte de los funcionarios policiales.
El estado de excepción dispone, entre otras, la suspensión de las garantías constitucionales y la ratificación de la misma, fue lograda con el voto favorable de 67, de los 84 diputados que intengran un Congreso, dominado por el oficialismo.
Al dar cuenta de los “resultados” obtenidos desde su implantación, el ejecutivo salvadoreño informó de la detención de 73.800 personas, de las cuales 7.000 “han sido excarceladas y permanecen en libertad condicional”.
Según recuerda teleSUR, para el gobierno salvadoreño, “los apresados son pandilleros o colaboradores de estos”, consignó teleSUR.
En contraposición a dicha afirmación, “organizaciones de defensa de los derechos humanos y sociales” han denunciado “la ocurrencia de más de 5.000 personas inocentes, víctimas directas de exceso de fuerza policial, principalmente durante detenciones arbitrarias”.
