La aplicación de la restauración conservadora, con su ajuste neoliberal, tiene múltiples dimensiones. El objetivo es beneficiar a los “malla oro”, transferir recursos desde las y los trabajadores hacia el capital, una suerte de “derrame a la inversa”, concentrar el poder y la riqueza, frenar y hacer retroceder el proceso de acumulación de fuerzas del pueblo.
Expresión de esto es la política salarial de rebaja, que también impacta a jubilaciones y pensiones. El PBI de Uruguay está recuperando los niveles pre pandemia, los sectores agroexportadores y financieros ya están ganando más, mucho más, que en 2019; en los últimos 12 meses las exportaciones llegaron al récord histórico de 13 mil millones de dólares; hay 10 mil millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior; es decir la famosa torta crece, pero se reparte cada vez peor. Caen los salarios y jubilaciones, hay sectores de la población enfrentando el hambre, cae el consumo. Uruguay es más desigual, cada vez más.
Esa restauración conservadora también se expresa en el ataque permanente a las empresas públicas. Uruguay tiene una economía altamente primarizada, con una gran concentración de la propiedad de la tierra y en rubros económicos claves como los agropecuarios. Hay una extranjerización cada vez más acentuada en los productos agropecuarios, tanto en su producción, como principalmente en su distribución y exportación. Los principales frigoríficos son extranjeros, las comercializadoras de granos y productos agrícolas también. Esa concentración y extranjerización de los principales rubros de la economía tiene como casi único contrapeso a las empresas públicas. Nos referimos a la captación de recursos y de renta. A mantener la capacidad de desarrollar políticas públicas que permitan un modelo nacional y soberano de desarrollo productivo. También a la posibilidad de construir igualdad.
Es por eso que el presidente de la República y su círculo más cercano impulsan una ola de privatizaciones de nuevo tipo, negando que lo son, pero en los hechos abriendo o directamente entregando a privados rubros económicos centrales que hoy están en manos del Estado.
Una muestra de ello fue la escandalosa entrega por 60 años de la operación de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie en condiciones leoninas para nuestro país.
En este momento se ve con claridad prístina este modelo de privatizaciones en ANTEL. La decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de entregar por resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Minas, licencias que autorizan a vender datos de internet a cinco canales cables, tres de Montevideo, TCC, Nuevo Siglo y Montecable, propiedad de los canales 10, 4 y 12 respectivamente, uno de Colonia y uno de Canelones, es una muestra clara. Se les entrega a los privados una porción del rubro más rentable en el presente y de mayor proyección futura de las telecomunicaciones: la venta de datos. Se hace sin ninguna razón, sin ningún fundamento. Se arguye la falacia de que las licencias se entregan en “cumplimiento” de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia al artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, aún vigente, que además quieren derogar. El artículo prohíbe que las empresas que tienen licencia para brindar servicios de televisión abierta o por cable tengan uno de telefonía o internet y viceversa. Ese artículo, además de preservar a ANTEL, intenta evitar lo que es una práctica común en América Latina y en el mundo, que las grandes empresas trasnacionales de las telecomunicaciones concentren la propiedad de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales, esenciales para el desarrollo productivo del país y para la democracia. La Suprema Corte lo que dijo es que no se puede negar esas licencias por el artículo 56 de la Ley tal cual está redactado. Nunca dijo que había que dárselas a los canales. Por ejemplo, se podía cambiar la redacción del citado artículo y ya. Pero no, se decidió darles a los canales de Montevideo las licencias para que le compitan a ANTEL, para que aumenten su negocio y su poder, y además se lo hizo a dedo, si ningún concurso, sin ningún llamado a interesados, nada. Esto es un escándalo. Pero si le sumamos que, a la vez, por resolución del directorio de ANTEL, se resolvió pagarles a los mismos tres canales, 1.200.000 dólares por año a cada uno por tres años, es decir 10 millones de dólares, para que pongan su señal en Vera TV, entonces el escándalo pasa a ser de proporciones.
Y todo eso se hace en un país que, gracias a ANTEL, tiene una de las redes de fibra óptica de mayor penetración del mundo, cuatro veces más que EEUU, por ejemplo. Lo que implica un gran aporte a recortar las brechas de acceso digital, eso es construcción concreta de igualdad, de democracia.
Pues bien, al gobierno de la coalición de derecha, especialmente al Herrerismo, no se le ocurre mejor idea que regalarle una parte fundamental de ese esfuerzo que hizo toda la sociedad, y que desarrolló ANTEL, a los canales privados y ya veremos que también a las trasnacionales.
Con ANCAP hay una política decidida de desmantelamiento y hasta de vaciamiento. La Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, en su movilización del martes planteó el desafío de “defender ANCAP en todas sus dimensiones” y centró sus denuncias y reclamos en cinco ejes: : el precio del combustible, la privatización de la industria del portland, la privatización del gas natural, el retroceso en el uso de nuevas energías y los peligros en la concesión de envasado y distribución de Supergas. La coalición de derecha en el gobierno, el Herrerismo en particular y el presidente Luis Lacalle Pou muy especialmente, hicieron un centro de su campaña electoral en la crítica al supuesto “desastre” de ANCAP y en el compromiso de que iban a bajar el precio de los combustibles. El precio aumentó más que nunca en la historia, medido con cualquier parámetro: los precios internacionales (ahora en alza, pero durante muchos momentos de estos años a la baja), los cálculos de la propia ANCAP, la inflación y ni que hablar si se los compara con los salarios y las jubilaciones. Este precio además impacta directamente en todos los precios y en la economía en general. Un desastre y una de las promesas electorales más clara y escandalosamente incumplidas. En su discurso neoliberal cerrado y sectario se llegan a presentar como pérdidas o déficit subsidios para beneficiar a los sectores de la población en situación más vulnerable, como el del precio de la garrafa de Supergas o incluso el dirigido a asegurar la gratuidad del boleto estudiantil. Nada importa. El caso del portland es muy ilustrativo, se manipulan cifras, se presentan como deficitarias inversiones que potencian el negocio de ANCAP, que es tan malo, pero tan malo, que hay varias empresas privadas interesadas en quedarse con él.
El Proyecto Neptuno, denunciado por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y por el Frente Amplio, implica una mega obra privada, de muy elevado costo e importantes impactos ambientales negativos; pero además es, en los hechos, una privatización de la gestión de un recurso natural central: el agua. Ya tuvimos la experiencia de la privatización del agua en Maldonado, con desastrosos resultados, tuvo que volver a OSE. Pero es que no importa, es visto simplemente como un negocio más, para un conjunto de empresas y está inspirado en el fanatismo neoliberal de que lo privado es mejor, como axioma.
En el caso del Instituto Nacional de Colonización, es decir del manejo de la tierra, la situación es terrible. En la LUC se le quitó casi el 10% de su cartera de tierras y en el Presupuesto se le recortaron dramáticamente los recursos. En un informe del “Observatorio de la Cuestión Agraria (OCAU) de la Universidad de la República (UdelaR), que se titula “La Ley de Urgente Consideración y el Instituto Nacional de Colonización: Sus efectos territoriales”, se señalaba que por el impacto del artículo 357 de la LUC, “quedarán libres de enajenación, o sea se podrán vender por fuera de la autorización del INC, unas 58.574 hectáreas, lo que significa un 9,5 % del total de gestión de tierras del INC”. En el informe, mediante geolocalización y cruce con otra información se analizaron las tierras afectadas. Una primera conclusión: son tierras caras, el 90% están por encima del valor promedio nacional de la hectárea, 3.295 dólares, un 41% son de las más caras entre 5.000 y 10.000 dólares la hectárea. El INC no tiene plata para adquirirlas, no se dispusieron recursos ni en el Presupuesto, ni en la Rendición de Cuentas, y por, su costo, difícilmente puedan acceder a ellas pequeños productores, serán adquiridas por grandes propietarios o por grandes empresas.
Este breve repaso no tiene otro objetivo que destacar la justeza de los reclamos y la movilización sindical de estos días.
También de señalar la importancia de todas las movilizaciones realizadas y las que vienen, que tendrán un momento de síntesis en el paro del 7 de julio, con la más que atinada consigna de: “Con el pueblo, por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo”.
