Contundente respuesta de Cosse por juicio político

“Equivocado, irresponsable, parte de una estrategia de ataque político contra mi persona y la gestión que me toca encabezar”.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó este jueves un escrito de descargo reclamando el archivo del juicio político solicitado por 13 ediles de derecha ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.
En el fundamentado y documentado escrito de 20 carillas, Cosse afirma que “este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor que solo se explica como parte de una estrategia de ataque político contra mi persona y la gestión que me toca encabezar por decisión de la ciudadanía”.
Explica que todo comenzó con un llamado a sala en octubre de 2022 basado en la “supuesta falta de respuesta de pedidos de informes”, instancia en la que la representaron, en estricto respeto a la establecido en la Constitución, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsecchi y el prosecretario general, Daniel González Santos.
En esa instancia y “sin haber escuchado la exposición del Ejecutivo Departamental, el miembro convocante planteó una moción verbal promoviendo un juicio político contra mi persona” y señala que luego, quienes promovieron la moción, con excepción de dos ediles el Partido Colorado (Tartaglia y Facciola) se retiraron de sala, sin escuchar la información que decían reclamar.
Desmontando los dos señalamientos de los ediles de la derecha Cosse explica que “a la fecha del llamado a sala se habían contestado todos los pedidos de informes recibidos”. Detalla que en 2021 los ediles plantearon 234 pedidos de informes y en 2022, 278. “Hemos respondido el 100% de los pedidos de informes realizados por los ediles y edilas”, enfatiza y agrega “es claro que no existe ni existió “una sistemática falta de respuesta” a los pedidos de informes”.
Luego analiza que la finalidad del Llamado a Sala está prevista en el artículo 285 de la Constitución y es que “los intendentes o intendentas brinden, personalmente, los informes que no fueron respondidos”. Reitera que “en este caso, la totalidad de informes, fueron respondidos, por lo que a la fecha de la convocatoria había caído el supuesto normativo que exigía la comparecencia personal de la intendenta”. Aclara que el artículo 285 de la Constitución establece que “el intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva”.
En el escrito se informa que en los días previos al llamado a Sala se realizó una consulta al “Director de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Dr. Álvaro Ricchino, docente grado IV de Derecho Administrativo, quien informó que no había obligación de concurrir de parte de la Intendenta” y que esta se podía hacer representar.
Para fundamentar que se está ante una maniobra política que nada tiene que ver con la Constitución, reitera que los denunciantes “no escucharon al Ejecutivo Departamental, no tuvieron ningún interés en recibir la información y luego de promover la presente acción, se retiraron de sala”.
“No existió ninguna falta por parte de la Intendencia ni de quien suscribe y mucho menos una “violación grave a la Constitución” como acusan los promotores del juicio político”, indica el escrito.
El escrito señala las opiniones públicas de destacados constitucionalistas, Martín Risso, Correa Freitas y Korzeniak, ambos grado V de Derecho Constitucional, en el sentido de que para que prospere un Juicio Político “debe configurarse o un delito grave o una violación a la Constitución”.
“En este caso ni se configuró un delito ni una violación de la Constitución, sino que se actuó conforme a Derecho, por lo que esta denuncia mediante la cual se está intentando promover un juicio político, por supuestamente no contestar pedidos de informes que fueron contestados, es absolutamente improcedente y a la vez irresponsable”.
“Los ediles promotores de este juicio político fundamentan su accionar expresando que la Intendencia elude los mecanismos de contralor y tratan de instalar un relato de falta de transparencia de esta gestión que no tiene ningún sustento en la realidad”, señala.
El escrito destaca que la Intendencia de Montevideo en el último Índice Nacional de Transparencia Activa y Acceso a la Información, elaborado por organismos que son regidos por el Poder Ejecutivo, se posicionó dentro de los diez primeros organismos a nivel nacional, en el octavo lugar y es la Intendencia mejor punteada.
“La Intendencia de Montevideo publica el 100% de las resoluciones que adopta en las páginas web de la institución y además está sujeta al control de varios organismos públicos como el TCR, el MEF, la DGI, el BPS y el TSA, entre otros”, agrega.
Adicionalmente agrega que, respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, en 2020 la Intendencia de Montevideo recibió 1.841 solicitudes, 1.810 fueron respondidas, un 98.31%, solo fueron denegadas 3 por confidencialidad, una por reserva y 7 por inexistencia de la información. En 2021 fueron 2.159 solicitudes, fueron respondidas 2.136, un 98.93%, 3 fueron denegadas por confidencialidad y 4 por inexistencia de información.
“Es un absurdo acusar a la Intendencia de falta de transparencia y de contralor. Todo lo contrario, la Intendencia de Montevideo es un ejemplo de transparencia que ninguna afirmación, por más reiterada que sea, va a cambiar”, sostiene el escrito.
“Asumo que cuando los ediles y edilas promotores de este juicio político realizaron los pedidos de informe o solicitaron el Llamado a Sala lo hicieron porque necesitaban respuestas. Entonces, ´¿por qué no participaron de la discusión con el Ejecutivo? ¿Por qué a pesar de saber que se habían contestado todos los pedidos de informes igual promovieron este juicio político cuyo fin es destituyente?”, se pregunta el escrito.
“Estamos asistiendo a un proceso en el que importa más tener algunos minutos en los medios de comunicación o lo que se expresa en las redes sociales que lo que acontece en los órganos institucionales. La promoción de un juicio político por este tema es absolutamente irresponsable porque no tiene sustento jurídico. El uso de una herramienta legítima y prevista para cuidar las instituciones en este contexto irresponsable y dirigido por una intención de descrédito político y personal es muy grave ¿Quién está violando la Constitución entonces?”, agrega.
En la parte final el escrito asevera que “no dejaremos de trabajar en lo que es verdaderamente importante: las necesidades de las montevideanas y montevideanos”.
“No sólo no dejaremos de denunciar los problemas que tiene la gente, sino que, por sobre todas las cosas, no dejaremos de trabajar para y por Montevideo”, dice Cosse.
En el escrito se recuerda que “la Intendencia de Montevideo despliega el plan ABC, apoya a las ollas populares, ha generado más días de atención en las policlínicas, generamos un fondo para entregar más medicamentos en nuestras policlínicas, hemos desarrollado una estrategia en el tránsito con inteligencia artificial, seguimos desplegando la estrategia “Montevideo más Verde”, trabajamos por la convivencia con acciones deportivas y culturales en todos los barrios, generamos una política de bienestar animal y de tenencia responsable, apoyamos a la cultura con acciones concretas, desplegamos una estrategia por la igualdad de género, trabajamos con el programa “Comuna Mujer” contra la violencia basada en género, entre muchas otras acciones”.
Cosse termina señalando en el escrito que “trabajamos y seguiremos trabajando con todas y todos. No nos vamos a distraer. Seguiremos trabajando con la convicción que el Parlamento Nacional archivará esta denuncia por improcedente en fondo y forma. La solicitud de este juicio político es un proceso sin sentido y es un pésimo ejemplo de cómo deben usarse los mecanismos constitucionales y republicanos de garantía y contralor de la ciudadanía”.

Compartimos el documento completo

Foto de portada:

Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en el Palacio Legislativo ayer. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.

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