Contundentes descargos de docentes y dirigentes de FENAPES a conclusiones de Comisión Investigadora

En un documento de 12 páginas dirigentes y exdirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES) presentaron una serie de descargos en respuesta a las acusaciones recibidas luego del trabajo realizado por la comisión investigadora del parlamento con relación a “presuntas irregularidades” en las licencias sindicales entre 2015 y 2019.

En sus descargos, los docentes Graciela Almeida, Virginia García Montecoral, José Olivera, Ana Pescetto, Marcel Slamovitz y Alejandra Vespa, denunciaron que la comisión investigadora “se entrometió en la vida interna de un sindicato”, violando de esa forma “a la Constitución de la Republica y tratados y convenios internacionales”.

“La tarea ilícita Llevada a cabo por la referida comisión”, se añade en el texto presentado, “implica la flagrante violación al derecho de las organizaciones sindicales de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción y la violación de las autoridades públicas de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

Para los docentes “investigados”, el trabajo realizado por dicha comisión incumplió “con la obligación constitucional y legal de respetar el debido proceso y mucho menos el derecho de defensa”.

“Pretender cumplir con dicho mandato, atribuyendo responsabilidad por la presunta comisión de conductas con relevancia penal, sin precisar que ilícito penal se le atribuye a cada una de las personas que se enumeran en la parte resolutiva de la resolución, de ninguna manera garantiza el derecho de defensa contenido en el macro principio del debido proceso de fuente constitucional”, enfatiza el documento de los trabajadores de la educación pública.

Al referirse a las calificaciones vertidas por algunos miembros de la Comisión sobre presuntos delitos susceptibles de posible sanción penal, el texto recuerda que “un acto jurídico que nace nulo por manifiesta ilegalidad no puede irradiar efectos jurídicos válidos, por lo que corresponde a derecho que el pleno de la Cámara de Representantes no apruebe las resultancias de esta comisión, por ser las mismas, fruto de una ostensible y grosera ilegalidad”.

Para los docentes ver “cómo legisladores sin pudor alguno avasallan derechos fundamentales de raigambre constitucional (derecho al debido proceso, al derecho de defensa, a la libertad sindical, etc.) cuando al momento de asumir en sus cargos juran defender la Constitución, es una clara manifestación del irrespeto que se le tiene a las instituciones como así también al pueblo que dicen representar”.

Compartí este artículo
Temas