UJC
En numerosas ocasiones desde esta sección hemos sostenido que el proceso de ajuste y deterioro de la vida de nuestra gente no solo se ha expresado en términos económicos. O mejor dicho, que no sólo se ha expresado en las dimensiones más evidentes de los aspectos económicos que hacen a la vida de los trabajadores y trabajadoras; esto es por ejemplo, los 4 años de deterioro en el poder adquisitivo de los salarios, el aumento de la pobreza, el ascenso de la inseguridad alimentaria o la multiplicación de la población en situación de calle.
El proceso de ajuste que el gobierno nacional viene realizando desde el primero de marzo de 2020, encabezado por el Partido Nacional pero con la total anuencia y colaboración de sus “socios”, he desplegado una agenda política y de gestión tendiente a desmantelar la fortaleza institucional de aquellas reparticiones del Estado orientadas a garantizar los servicios y derechos de nuestra población; a seguido una hoja de ruta destinada a desmantelar las capacidades de lo público, liberando nichos de mercado para el sector privado (amigos de aquí y de otras latitudes, siempre dispuestos a dejar una buena colaboración ante la intermediación de los múltiples “facilitadores” al servicio del gobierno con oficinas en Torre Ejecutiva). Mientras que, para garantizar todo ello, como contracara necesaria, ha desarrollado una serie de decisiones orientadas a concentrar el poder de decisión y su discrecionalidad en el gobierno de turno.
Estos tres elementos distintivos del programa de gobierno en pleno desarrollo, han quedado condensados y especialmente manifestadas en varias áreas específicas; áreas en donde el deterioro institucional, la concentración del poder volviéndolo cuasi discrecional y la liberación de nichos a sido la tónica, para que donde antes había un derecho hoy hubiera un servicio a monetizar por privados. Una de estas áreas, de las más evidentes, ha sido la educación.
Debajo de un eslogan bien pensado, difundido con bombos y platillos: la tan mentada “reforma educativa”, se ha marchado con paso firme y constante con rumbo claro a una educación pública mediocre, al servicio de las necesidades de un mercado de trabajo precario, dependiente, donde primen los servicios de baja calificación y la primarización económica. Es que a esta altura el plan resulta a todas luces muy claro, aquella educación a la que asisten diariamente los hijos e hijas de los trabajadores debe podarse, despojar a quienes están “destinados” a ser empleados precarizados de toda capacidad crítica, dejando todo lo demás como un servició al que accederán aquellos que puedan costearlo. De está manera, no solo la educación sostendría en su diseño curricular las necesidades de un modelo económico profundamente desigual, sino que cualquier alternativa sería prerrogativa de privados que puedan brindarlo y sectores sociales minoritarios que puedan pagarlo.
La falsa reforma educativa de este gobierno no es otra cosa que un gran recorte al servicio del modelo de la desigualdad; un dramático rebajamiento de contenidos y un profundo ajuste económico vía supresión de horas docentes y grupos. Todo lo cual se ha visto acompañado de una práctica sistemática de persecución política e institucional a docentes y estudiantes; una censura de todos aquellos que “insubordinados” han intentado poner el tema en la agenda y generar movilización para evitar el desmantelamiento de la educación pública como bien público social y derecho humano.
Ahora, si bien es cierto que la hoja se ha seguido sin vacilación, también es cierto que a nivel técnico y social ha cosechado únicamente derrotas. Cada uno de los documentos que pretendieron difundir y legitimar técnicamente a este proyecto entre los docentes ha recibido de forma sistemática el rechazo de las Asambleas Técnico Docentes (ATD). En cada liceo donde la comunidad educativa ha logrado sortear o romper la censura, docentes, estudiantes y padres han manifestado su desacuerdo con el camino emprendido. Mientras que en cada elección de delegados docentes y estudiantiles a los organismos de la educación, a través de elecciones dispuestas institucional y legalmente, las listas afines al gobierno y su reforma se han visto derrotadas por aquellas promovidas desde las organizaciones sindicales y gremiales. A esta altura, es una verdad irrefutable que la sociedad, pero particularmente la enorme mayoría de los integrantes de la comunidad educativa, rechaza el modelo de la desigualdad de este gobierno aplicado a la educación.
Hace pocos días la “reforma educativa” cosechó una nueva derrota, en el marco de la elección de delegados al Consejo de Formación en Educación. En el orden docente el lema apoyado y promovido tanto por el sindicato de trabajadores de formación en educación como por la Asamblea Técnico Docente correspondiente, “Por la Universidad de la Educación pública en clave de derechos humanos” – Lista 1, más que duplicó el lema oficialista, que sumando las cuatro listas que nucleaba apenas superó los 600 votos.
En el caso del orden estudiantil el balance es similar. El lema apoyado por el Centro de Estudiantes del IPA en conjunto con otros centros y asociaciones del interior, “Por una formación en educación autónoma y cogobernada” – Lista 1006, resultó ganadora por amplio márgen, imponiéndose por más de 2000 votos de diferencia al lema oficialista “Estudiantes Unidos por la Formación Docente”. El panorama de derrota del gobierno en el orden estudiantil se completa si consideramos al lema que resultó tercero. Si bien este último no logró la confluencia con el primero, también marcaba una posición disidente con el proyecto educativo de las actuales autoridades y enmarcó sus propuestas en la perspectiva del Movimiento Estudiantil bajo el lema “Por un movimiento estudiantil unido en defensa de la educación pública”, cosechando casi las mismas voluntades que separaron al lema oficialista del lema ganador.
En el marco de este nuevo revés obtenido por las autoridades de la educación, que se suma a cada derrota registrada desde que asumieron, se produjo una noticia que no logró ser tapa de ningún periódico ni trending topic en las redes; pero que puesta en contexto, es una reafirmación paradigmática del rumbo que se le imprimió a nuestra educación en los últimos años. El principal protagonista del recorte educativo, Robert Silva, anunció su voluntad de competir como el 5º o 6º candidato (ya no se sabe cuántos tendrán) que en la interna del Partido Colorado disputarán la apropiación de ese cotizado y aproximado 4% del electorado. Puede parecer una información poco relevante, y tal vez lo sea, en el contexto del profundo deterioro en las condiciones de vida de las y los uruguayos y los escándalos de corrupción diarios. Sin embargo, el derrotero de quién encabezó tan dañino y aislado programa de recorte a nuestra educación pública, es sin duda un testimonio del valor dado por este gobierno a una de las políticas centrales en la promoción de una democracia de calidad, con sujetos críticos y capaces de promover el desarrollo de un país productivo y con justicia social. El gobierno pretende de aquellos que salgamos de la educación pública lo mismo a lo que aspira quién fue designado para encabezarla todos estos años: que transitemos la vida de derrota en derrota, hasta la victoria final. Por suerte, no le permitimos que hicieran y deshicieran a su antojo en nuestra educación pública sin que ello tuviera costos, ni dejaremos nuestra vida en sus manos; serán ellos los que al final del día tendrán únicamente derrotas.
Foto de portada
Robert Silva durante el acto de lanzamiento de su campaña en el boliche Montevideo Music Box Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
