Pablo Da Rocha (*)
En Uruguay, cuando hablamos de «indexación salarial», nos referimos a algo muy importante para todos los trabajadores: el ajuste de los sueldos según sube el costo de vida. Es decir, si los precios de los alimentos, transporte y vivienda aumentan un 5% en un año, los salarios también deberían subir al menos ese 5% para que no perdamos poder de compra. Este sistema funciona a través de los Consejos de Salarios, donde trabajadores, empresarios y gobierno negocian estos ajustes. Durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio, entre 2005 y 2015, este sistema permitió que el salario real de los trabajadores creciera de forma sostenida, mejorando su calidad de vida.
Recientemente, Gabriel Oddone, quien será el próximo ministro de Economía cuando asuma el nuevo gobierno del Frente Amplio en marzo de 2025, ha propuesto «desindexar» los salarios. Pero ¿qué significa esto realmente? Y más importante aún, ¿cómo afectaría nuestro día a día como trabajadores?
Desindexar significa romper el lazo automático entre la inflación (el aumento de precios) y los ajustes salariales. En lugar de que nuestros sueldos suban de acuerdo con la inflación pasada o proyectada, se ajustarían según otros factores como la «productividad» o acuerdos específicos entre empresas y trabajadores, con aumentos fijos que se alinearían con las metas de inflación del Banco Central (alrededor del 4,5%). Para entenderlo mejor, pensemos en un ejemplo concreto: si ahora tu salario se ajusta según la inflación del 5,2% (dato oficial de 2024), con la desindexación podrías recibir solo un 4% de aumento, perdiendo un 1,2% de tu poder adquisitivo en un solo año.
Oddone sostiene que esta medida ayudaría a mantener la inflación baja y haría más flexible la negociación colectiva. Su propuesta mantendría la indexación solo para los salarios más bajos, mientras que los salarios medios y altos seguirían este nuevo sistema. Esto significa que, si ganas más del salario mínimo, podrías estar expuesto a perder poder adquisitivo año tras año, algo que golpearía especialmente a los sectores medios de la clase trabajadora.
Algunos defensores de esta propuesta argumentan que reduciría la «inercia inflacionaria» (cuando los aumentos salariales automáticos contribuyen a mantener la inflación alta) y haría más competitivos a sectores exportadores. También dicen que modernizaría los Consejos de Salarios, permitiendo ajustes diferentes según la realidad de cada región o tamaño de empresa. Por ejemplo, una empresa del interior podría negociar aumentos menores que una de Montevideo, o una pequeña empresa podría ofrecer ajustes menores que una grande.
Sin embargo, los riesgos y desventajas para nosotros, los trabajadores, son mucho mayores. Lo más preocupante es que casi con seguridad perderíamos poder adquisitivo. Si nos dan un aumento fijo del 4% pero la inflación sube al 6% por algún motivo (como un aumento del dólar o de los combustibles), nuestro sueldo ya no alcanzará para lo mismo que antes. Pensemos en términos prácticos: si hoy puedes comprar 20 kilos de alimentos con tu sueldo, después de un año de desindexación quizás solo podrías comprar 19 kilos. Con el tiempo, esa pérdida se acumula y se siente cada vez más en nuestros hogares. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, lo ha dejado claro: «A los trabajadores les importa el poder de compra del salario, y este siempre estará vinculado a la inflación».
Además, esta propuesta no tiene en cuenta la incertidumbre del mundo actual. La inflación puede mantenerse baja mientras el dólar esté estable, pero factores como guerras o aumentos en los precios internacionales de alimentos o combustibles pueden cambiar rápidamente esta situación. Por ejemplo, si mañana el precio del petróleo sube a nivel mundial, eso encarecerá el transporte y la producción, aumentando los precios de casi todo lo que consumimos. Sin indexación, quedaríamos desprotegidos frente a estos cambios que el gobierno no puede controlar, y nuestros salarios se quedarían atrás mientras los precios siguen subiendo.
Otro problema grave es que aumentaría la desigualdad. Si solo los salarios más bajos mantienen la indexación mientras los demás se ajustan por otros criterios, la brecha entre trabajadores se haría más grande. Los trabajadores de sectores menos organizados o con menor poder de negociación serían los más afectados, ya que no podrían exigir aumentos que compensen la inflación. En países como Chile, donde se implementaron sistemas similares, esto perjudicó especialmente a los trabajadores menos calificados. La experiencia chilena muestra que, aunque se logró mantener la inflación baja, esto ocurrió a costa de una mayor desigualdad salarial, algo que va en contra de los principios históricos del Frente Amplio.
El mercado laboral uruguayo actual, que todavía se recupera de la pandemia, tiene un crecimiento económico moderado (proyectado en 2,5% anual) y una informalidad persistente de alrededor del 20%. Esto significa que uno de cada cinco trabajadores ya está desprotegido, sin acceso a los beneficios de la negociación colectiva. En este contexto, desindexar los salarios parece una apuesta muy arriesgada. Los Consejos de Salarios han sido nuestra principal protección contra la precariedad laboral, garantizando que nuestros ingresos se ajusten al costo de vida, y debilitarlos podría empeorar las condiciones laborales de muchos uruguayos.
La propuesta también habla mucho de la «productividad» como criterio para los aumentos salariales, pero ¿qué significa esto en la práctica? Para un obrero de la construcción, un docente o un trabajador de la salud, ¿cómo se mide su productividad? Muchos trabajos valiosos no se pueden medir fácilmente en términos de «producción», y vincular los salarios a este concepto ambiguo podría generar injusticias enormes. Además, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas uruguayas no tienen sistemas para medir la productividad de sus empleados, lo que haría que estos ajustes sean arbitrarios o dependan solo de la voluntad del empleador.
Aunque la propuesta de Oddone pueda tener buenas intenciones, ignora que la inflación baja actual podría cambiar por factores externos. Uruguay depende de muchos productos importados, y cualquier variación en el tipo de cambio afecta directamente los precios. Eliminar la indexación sin un plan sólido para proteger nuestro poder adquisitivo sería como quedarnos sin paraguas justo cuando empieza a llover.
También es importante recordar que durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), el equipo económico ya intentó avanzar en esta dirección, pero la resistencia sindical y la falta de consenso político frenaron una reforma profunda. Esto demuestra que los trabajadores organizados han reconocido históricamente los riesgos de la desindexación y han defendido un sistema que, aunque perfectible, ha garantizado mejoras reales en sus condiciones de vida.
En conclusión, la desindexación salarial puede presentarse como una solución técnica moderna, pero para los trabajadores uruguayos representa un riesgo innecesario. Sus supuestas ventajas (menor inflación y mayor flexibilidad) no compensan sus costos: pérdida de poder adquisitivo, aumento de la desigualdad y exposición a cambios económicos que no podemos controlar. Los trabajadores organizados no deberíamos ceder en un sistema que ha demostrado proteger nuestros derechos. El Frente Amplio, fiel a su programa, debería defender el salario real por encima de experimentos económicos que, lejos de fortalecernos, podrían debilitarnos en un momento crítico.
La próxima ronda de los Consejos de Salarios será decisiva: la voz de los trabajadores debe prevalecer para asegurar que no retrocedamos en conquistas laborales que han costado décadas de lucha colectiva.
(*) Economista.
