Pablo Da Rocha (*)
A medida que el Frente Amplio se prepara para asumir el gobierno en marzo de 2025, enfrenta un panorama económico complejo que requiere una estrategia integral. Aunque Uruguay ha logrado avances significativos en indicadores económicos tradicionales, como el ingreso per cápita y la reducción de la pobreza, persisten desafíos estructurales profundos que condicionarán su gestión. Esta dualidad, conocida como «la paradoja del desarrollo uruguayo», ha sido destacada por el economista Fernando Esponda subrayando la necesidad de mirar más allá de los datos tradicionales para comprender el desarrollo del país.
Uruguay lidera la región en varios aspectos económicos. Según datos del Banco Mundial, es el país con mayor ingreso per cápita de Sudamérica, habiendo triplicado su riqueza desde comienzos del siglo XXI. Además, ocupa un destacado tercer lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el progreso en salud, educación y nivel de vida. A esto se suma una notable reducción de la pobreza, con niveles que lo colocan como uno de los países menos pobres de la región. Estas cifras, resaltadas por varios analistas de distintas orientaciones, reflejan los avances de un país que ha sabido crecer y destacar en el ámbito regional.
Sin embargo, estos logros contrastan con desafíos estructurales que demandan atención urgente. Entre ellos, destaca la desigualdad persistente, que, aunque se ha reducido respecto al pasado, sigue siendo un problema en sectores marginados. Este problema se refleja en áreas como la salud mental, la situación de las personas privadas de libertad y las personas en situación de calle.
Uno de los indicadores más preocupantes es la tasa de suicidios, que en Uruguay duplica el promedio regional, con más de 20 casos por cada 100.000 habitantes. Este problema, como señaló el economista Germán Deagosto, no solo afecta directamente a las familias y comunidades, sino que también plantea un reto para el sistema de salud pública, que deberá destinar recursos significativos a la atención de la salud mental. Además, la situación carcelaria es crítica: Uruguay presenta la tasa de encarcelamiento más alta de Sudamérica, lo que evidencia no solo problemas de seguridad y justicia, sino también una necesidad de reformas profundas en la rehabilitación y reinserción social.
Otro desafío que enfrentará el próximo gobierno es la creciente problemática de las personas en situación de calle. Montevideo registra 200 personas en esta condición por cada 100.000 habitantes, una cifra alarmante incluso en comparación con otros países de la región. Este fenómeno requiere políticas públicas que combinen soluciones habitacionales con apoyo integral en salud, empleo y educación.
La paradoja del desarrollo uruguayo plantea una contradicción evidente: mientras los indicadores tradicionales pintan la imagen de un país próspero y líder regional, los indicadores sociales revelan una realidad que afecta el bienestar de una parte importante de la población. Esta dualidad, tal como lo describen Esponda y Deagosto, no solo es un diagnóstico, sino también un llamado a repensar las prioridades y enfoques del gobierno. El próximo mandato del Frente Amplio deberá adoptar una perspectiva más integradora, con una perspectiva basada en la justicia social, dejando atrás viejas tradiciones economicistas, como las llevadas adelante por el gobierno anterior.
En este contexto, es relevante analizar los resultados de las elecciones nacionales de 2024 para comprender cómo los factores macroeconómicos y sociales influyeron en la votación por departamento y barrio. Según los datos de la Corte Electoral, el Frente Amplio obtuvo la victoria en cinco departamentos: Montevideo, Canelones, San José, Paysandú y Salto. En Montevideo, la fórmula del Frente Amplio se impuso en 53 de 62 barrios, incluyendo zonas donde tradicionalmente la brecha con otros partidos era mayor, como Carrasco, Punta Gorda y Punta Carretas.
Estos resultados reflejan una correlación entre las áreas con mayores desafíos sociales y económicos y el apoyo al Frente Amplio. Zonas urbanas con índices más altos de pobreza, desigualdad y problemas de seguridad tendieron a respaldar al partido que propone políticas enfocadas en la inclusión social y la justicia económica. Por otro lado, departamentos donde los indicadores económicos tradicionales son más favorables mostraron una mayor inclinación hacia partidos de corte conservador.
El Frente Amplio tendrá la tarea de equilibrar el mantenimiento del crecimiento económico con políticas de inclusión y justicia social. Esto implicará fortalecer la inversión en áreas clave como salud mental, educación, vivienda y reintegración social. También será necesario diseñar estrategias para combatir las inequidades que persisten, enfocándose en sectores vulnerables y en dimensiones que no suelen ser capturadas por los indicadores económicos tradicionales.
La economía, no puede entenderse de manera aislada. Está intrínsecamente ligada a la sociedad y a la política, y su impacto debe evaluarse en términos de su capacidad para mejorar la calidad de vida de la población. El desafío para el Frente Amplio será implementar políticas que no solo respondan a los problemas inmediatos, sino que también sienten las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en las próximas décadas.
En suma, el gobierno que asumirá en 2025 enfrentará un escenario complejo pero lleno de oportunidades. La paradoja del desarrollo uruguayo no es solo un diagnóstico de los problemas actuales, sino una invitación a construir un país más justo, donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar para todos los ciudadanos. Con una mirada de largo plazo y un enfoque integral, el Frente Amplio tendrá la posibilidad de transformar estas tensiones en una oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.
Con la reciente victoria electoral del domingo pasado, tenemos el desafío de liderar un país lleno de contrastes y oportunidades. Tenemos un programa de gobierno, fundamentado en justicia social y equidad, que promete articular políticas que transformen las tensiones estructurales en progreso inclusivo. Desde el fortalecimiento de la salud mental hasta la creación de empleos dignos y la mejora de las condiciones de vida para todos, reafirmamos el compromiso con el bienestar de los uruguayos.
Esta oportunidad histórica para construir un Uruguay más justo e inclusivo está guiada por una visión de crecimiento económico que no deja a nadie atrás. Con una estrategia que prioriza a los sectores vulnerables y una inserción internacional soberana, el Frente Amplio se debe posicionar como una fuerza que combina experiencia, responsabilidad y esperanza. El futuro está en la posibilidad de consolidar un modelo de desarrollo que inspire a América Latina y ofrezca soluciones reales a las demandas sociales del presente y del futuro.
(*) Economista.
